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| 6/28/2008 12:00:00 AM

Cartagena en la ruina

El intento de tumbar a la alcaldesa Judith Pinedo no es casual: quieren evitar que destape una olla podrida de grandes proporciones en la Ciudad Heroica.

Uno de los ‘palos’ más significativos en la última elección de alcaldes fue sin duda Judith Pinedo, más conocida como la ‘Mariamulata’. Su triunfo en Cartagena fue como el de David contra Goliat, una mujer desprovista de todo aparato político y con la frágil bandera de defensa de lo público doblegaba al gigante Partido Único del Concejo que ha puesto siete de los nueve alcaldes elegidos por voto popular en la Ciudad Heroica.

Además llegaba a reemplazar a Nicolás Curi Vergara, el único burgomaestre que había repetido tres veces como alcalde en una capital de departamento y que a pesar de haber sido separado en el cargo en su segunda administración al acumular 87 casos de corrupción, había logrado ser elegido para un tercer período.

Cuando Judith le ganó por más de 50.000 votos a Juan Carlos Gossaín, candidato señalado por Curi para sucederlo, no sólo se estremeció Cartagena, sino el país político que lo tomó como la noticia más esperanzadora del año.

Por eso, cuando la semana pasada el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró nula la elección de Judith Pinedo, las alarmas de la opinión pública se dispararon. Según los magistrados, su esposo, Arturo Zea Solano, se había desempeñado hasta poco antes de las elecciones como Defensor del Pueblo departamental y eso la inhabilitaba a ella como candidata.

De inmediato muchos se preguntaron ¿cómo un Defensor –que no tiene capacidad para nombrar, remover o trasladar personal, que no maneja presupuesto autónomo, ni caja menor, ni tiene facultad de contratación– podía haber influido para hacer que 117.000 cartageneros votaran por la candidata Pinedo? Aun más ¿qué impacto podía tener su cargo, frente a los 15 concejales, tres senadores, cuatro representantes y todo el aparato público distrital que apoyaba sin recato al candidato de Nicolás Curi?

Para ‘Mariamulata’ no existe duda alguna de que todo esto no es más que una retaliación de quienes han saqueado la Alcaldía de Cartagena. No quieren perdonarle que haya roto la hegemonía del clientelismo, y que haya atrevido a destapar las ollas podridas que ha encontrado en la Alcaldía.

“Mi compromiso es acabar con la corrupción y la politiquería. En esta administración no habrá arreglos por debajo de la mesa”, le dijo al Concejo Distrital. La reacción no se hizo esperar. Sus enemigos se encargaron de pasarle la cuenta de cobro. En el Concejo no paran los debates de control político. Y en los corrillos de la Plaza de Bolívar sus contradictores políticos ya daban por hecho que la alcaldesa se iba a caer. “Desde la primera reunión en enero, cuando Juan Carlos Gossaín les aseguró a los concejales que lo apoyaron en la campaña pasada que tenía la certeza de que en junio retomarían el poder, sabíamos que no se quedarían quietos”, recuerda Pinedo. Y así fue. Gossaín fue el que puso la demanda en el Tribunal Administrativo de Bolívar.

La alcaldesa ha comenzado a develar una inmensa trama de corrupción de proporciones incalculables. Después de seis meses al frente de los recursos de la ciudad, encontró una especie de ‘caja negra’ en la Secretaría de Hacienda: tiene cuentas por pagar, que no se conocían, por más de 130.000 millones de pesos que dejan a la ciudad en una situación de quiebra.

En la Secretaría General, a final de año, se celebraron contratos con vigencias de menos de cinco días o por hechos cumplidos. Entre los que más llamaron la atención de las autoridades están: uno de tres días por valor de 23 millones de pesos que se dio faltando 20 días para concluir la administración, cuyo objeto era “elaborar un estudio histórico sistemático del pretérito de Cartagena con el fin de unificar el discurso utilizado por cocheros, guías turísticos, taxistas y maleteros”, cuando el Archivo Histórico ofrece las cartillas gratuitas; otro por valor de 40 millones de pesos con el propósito de “elaborar una estrategia para hablar un mismo idioma mostrando a Cartagena desde una óptica unificada ante la Asamblea Mundial de Turismo”, celebrada a mediados de noviembre. Sin embargo, la fecha de inicio del contrato es el 5 de diciembre, dos semanas después de haber terminado en Cartagena la Asamblea.

El más sorprendente es el contrato de cultura ciudadana que por 1.300 millones de pesos se le dio a una empresa de Magangué, sin experiencia, que contrató tres mimos para enseñarles a los cartageneros a comportarse en los ambientes públicos, cruce de calles y a observar las señales de tránsito.

Y también el equipo de Pinedo encontró una nómina de los “periodistas consentidos”, listados de compra de pasajes aéreos a nombre de personas que no eran funcionarios y la contratación de vehículos de políticos para el servicio del Distrito.

Como si todo esto fuera poco, en la oficina de Valorización comenzaron a salir a flote faltantes multimillonarios de los dos últimos años. El recaudo por las obras que están pagando los cartageneros debía haber sido por 14.000 millones de pesos, sin embargo, apenas figuran 3.044 millones.

Y para completar, hay 1.320 procesos en contra del Distrito por 116.000 millones de pesos y ‘Mariamulata’ se vio obligada a intervenir la Secretaría de Salud, que tiene un déficit de más de 80.000 millones de pesos.

Mientras la Fiscalía investiga todas estas irregularidades, Cartagena no es sostenible financieramente, su saldo está en rojo y podría entrar en Ley 550 o Ley de quiebras. El Concejo lo sabe y a partir de las denuncias de la alcaldesa, varios miembros se han salido de sus casillas. El concejal Adolfo Raad Hernández maldijo el día que la eligieron. Y el pasado jueves 19 de junio se dio un debate público entre la jefe de la Oficina Jurídica de la alcaldía, Erika Martínez, y el concejal William García, que muestra el nivel de tensión que hay entre el Ejecutivo y el Legislativo de la ciudad. Cuando la funcionaria estaba a punto de intervenir, para explicar las demandas y los contratos que están investigando las autoridades, el concejal citante le dijo: “No sé cómo llamarla, si señorita o señora”, al parecer, según ella, con el ánimo de ofenderla por el tono y la forma como lo dijo. La funcionaria le contestó: “Le recomiendo que escuche el vallenato de Isabel Martínez, que dice: ‘Un hombre que está más sucio que un rancho solo, se viene a limpiar sus uñas con mi honradez...’”.

Por estos días, cuando a Judith Pinedo le está tocando enfrentarse a una compleja alianza de empresarios y contratistas, y financistas de campañas, que terminaron controlando el presupuesto, la contratación y el nombramiento de funcionarios, recuerda que hace 11 años, cuando era concejal de Cartagena, lideró un grupo de colegas de diferentes partidos para asumir el control político de la administración local.

La Contraloría acababa de poner al descubierto la olla podrida –para ese entonces– más grande en la administración de la Ciudad Heroica. Se trataba de manejos irregulares y faltantes de unos 10.000 millones de pesos.

Esa vez el alcalde también era Nicolás Curi. Y por esa época cualquier cartagenero que acudía al Parque Bolívar se enteraba con pelos y señales del reciente desfalco o del arreglo en tal o cual contrato municipal, con solo hablar con los emboladores. Y así como la entonces concejal, con mucho menos poder, se atrevió a cuestionar el manejo de los dineros públicos, ahora, como alcaldesa con la mayor votación de la historia reciente de las votaciones populares en Cartagena, dice que va a luchar hasta el final.

El Consejo de Estado tiene la última palabra sobre su elección.
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