Cartel de la contratación de Bogotá: ¿miedo a la verdad?

El cartel de la corrupción de Bogotá ya ha cobrado la cabeza de dos fiscales. Y no precisamente por incompetentes: ambos, Germán Pabón, a quien le pidieron la renuncia el 8 de julio de 2011, y Ricardo González, a quien le aplicaron la misma dosis la semana pasada, eran fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, el más alto cargo en la Fiscalía después de la cúpula. Ambos tenían gran reconocimiento en su gremio; el primero, Pabón, fue magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema; el otro, González, llegó a ser vicefiscal.

En las dos ocasiones, la Fiscalía General no ha esgrimido un argumento contundente para explicar el cambio. En el caso de Pabón, la entonces fiscal Viviane Morales dijo que quería repartir las cargas de una investigación que resultaba muy pesada para un solo fiscal. Ese argumento, a la postre, se diluyó porque un solo fiscal, Ricardo González, quedó a cargo de toda la investigación. En cuanto a la salida de González no se dio explicación distinta a la de que por tratarse de un funcionario de libre nombramiento y remoción, podía ser retirado en cualquier momento.

Pero con el paso del tiempo se ha comenzado a destapar la verdad. En el caso de Pabón, él mismo reveló varios meses después lo que podía ser la razón oculta de su salida. Contó que Carlos Alonso Lucio, el esposo de la fiscal Viviane Morales, lo llamó cuando él investigaba el cartel de la contratación y le dijo: "No te encarnices con Samuel, que ese no es el objetivo central". Lucio se refería al alcalde Samuel Moreno, quien estaba viéndose seriamente involucrado con las confesiones que estaban haciendo los primos Nule a la Fiscalía.

De hecho, a Pabón lo retiraron de la Fiscalía en julio de 2011, casi tres meses después de que él le pasó a la fiscal Viviane Morales el proyecto de imputación contra el alcalde Samuel Moreno. Dicha imputación finalmente se hizo en septiembre, debido en buena parte, a la presión de la opinión pública que ya sabía de la existencia del proyecto contra el alcalde. Hasta hoy, sin embargo, más de un año después, no ha podido avanzar el juicio porque la defensa ha insistido en que tiene que leer los 57.000 folios de evidencia. Lo cual parece ser solo una excusa, pues se trata de contratos en los cuales no están propiamente las pruebas.

Y otra vez en el caso del fiscal Ricardo González hay síntomas parecidos. Desde hace tres meses González entregó a sus superiores la imputación contra el abogado Álvaro Dávila y, en vez de hacerla efectiva, le pidieron esta semana la renuncia. En el búnker han explicado que no se ha hecho la imputación contra Dávila porque está negociando un acuerdo de colaboración con la justicia. Ese, en efecto, es un argumento válido. Dávila decidió colaborar con la justicia cuando se conoció que otro de los protagonistas del escándalo, el contratista Emilio Tapia, prendió su ventilador que promete no dejar títere con cabeza en el carrusel de la contratación.

Como lo publicó SEMANA, Tapia, el hombre de confianza del alcalde Samuel Moreno y de su hermano el senador Iván Moreno, está dispuesto a destapar todos los engranajes del carrusel. Y ya ha hecho revelaciones contundentes sobre la participación de los hermanos Moreno, de varios concejales y demás miembros del carrusel. Mientras tanto, según fuentes de la propia Fiscalía, Dávila solo ha ofrecido información acerca de los primos Nule, sobre los cuales pesa una condena de 15 años.

Adicionalmente, Tapia, a diferencia de Dávila, viene dando información a la Fiscalía de manera informal desde julio del año pasado. Y a partir de junio de este año, pidió formalizar la colaboración para conseguir beneficios.

La semana pasada se conoció la noticia de que Álvaro Dávila estaba negociando. "Dávila antes no había colaborado, pero cuando ya ve que la cosa está caliente. Que uno coge la llave y por la puerta, las ventanas y por todas partes aparece su nombre involucrado, entonces es cuando Dávila llega y dice que quiere colaborar", le dijo una fuente del búnker a SEMANA.

¿Por cuál colaboración se inclinará la Fiscalía? ¿Por la de Tapia o la de Dávila? Voceros oficiales dicen que se negociará con quien ofrezca la mejor información. Sin embargo, no es muy claro por qué si Emilio Tapia ha prometido entregar todas las pruebas, y ya ha facilitado información calificada por la propia Fiscalía como "muy valiosa", no se ha logrado llegar a un acuerdo con él.

El acuerdo con Tapia debía concretarse -o descartarse—desde la semana anterior, según altas fuentes de la Fiscalía. Sin embargo, la reunión para negociar solo se pudo dar el viernes pasado. No estuvo el vicefiscal Jorge Perdomo, cuyo despacho asumió el caso; ni el fiscal Ricardo González. "Lo atendió el gerente del caso, que es un asesor del vicefiscal", dijo un vocero de la institución. SEMANA se comunicó con la defensa de Tapia y el abogado, visiblemente decepcionado, se limitó a decir: "No hubo ningún acuerdo porque cada vez que Emilio Tapia se sienta con ellos le ponen unas condiciones más gravosas para él". A Tapia, según allegados a él, le ofrecieron inicialmente principio de oportunidad por su colaboración, es decir, no investigarlo. Luego, la oferta se redujo a un principio de oportunidad parcial. Y ahora, la oferta incluye varios años de condena con posible suspensión de la pena.

Altas fuentes de la Fiscalía le comentaron a esta revista que no es fácil el acuerdo, entre otras cosas, porque no tiene mucha presentación que una persona como Tapia, que participó de lleno en el carrusel, de un día para otro se beneficie del principio de oportunidad y quede libre.

El dilema, sin duda, no es fácil. La pregunta de fondo está en encontrar el punto medio entre la verdad y la justica. Es decir, cómo desenmascarar a los autores intelectuales y demás protagonistas del mayor desfalco de la historia de la capital sin que el costo sea la impunidad por la vía de las legítimas negociaciones con la justicia para rebajar penas. Así funciona el sistema penal que se copió de Estados Unidos. El que delata tiene beneficios. Por algo hoy los narcotraficantes colombianos hacen fila para ser extraditados y tratan de llegar primeros a la Justicia de ese país para ganar rebajas de penas y, algunas veces, incluso no tener que pisar la cárcel.

Lo que no se sabe es si Emilio Tapia está haciendo una petición que resulte inaceptable para la Fiscalía. Sin embargo, ya existe un antecedente que resultó bastante generoso, el del contratista Julio Gómez, quien no tuvo ninguna colaboración efectiva, sino que simplemente por admitir un delito, que ya de hecho le había probado la Fiscalía, le dieron cinco años de cárcel. Y aún hoy está en libertad.

Lo peor que podría pasar para la ciudad y para la Justicia es que la Fiscalía no haga todo lo posible por conocer la verdad en este escándalo que frenó en seco el veloz avance que traía Bogotá, en materia de movilidad y de servicios. El fiscal Eduardo Montealegre tiene en sus manos la oportunidad de destapar la verdad.