El cartel de la hemofilia, el siguiente enredo de los Besaile

Lo que hay detrás del saqueo al departamento de Córdoba está muy cerca de superar las mejores películas de ficción. Allí, donde se originaron los casos que tienen hoy en jaque a la justicia colombiana, siguen emergiendo hechos de corrupción superpuestos a otros que rayan con lo increíble.  

En este capítulo los protagonistas son el fiscal anticorrupción Daniel Fernando Díaz Torres y el secretario de salud de Córdoba José Jaime Pareja Alemán. Ambos fueron capturados después de que la Fiscalía lograra reconstruir el pago de millonarios sobornos para frenar una de las investigaciones con la que el abogado Gustavo Moreno, hoy pedido en extradición, sacó pecho ante el país: el cartel de la hemofilia.  

Como ya se ha dicho, Moreno jugaba en dos bandos: como fiscal acusador y como el mesías de los corruptos. En este caso no fue la excepción. Según la Fiscalía habría cobrado $1.500 millones por no judicializar al actual gobernador del departamento Edwin Besaile y a su secretario de salud José Jaime Pareja.  

La exigencia la habría hecho a través de Leonardo Pinilla, abogado que llevaba la defensa de dos de los ‘cerebros’ del desfalco. Pero el abogado, también solicitado en extradición, habría encontrado el pago muy elevado por lo que puso en marcha la que resultó ser una mejor estrategia. Decidió interceptar a un fiscal de menor rango.

Es así como Leonardo Pinilla se habría acercado a negociar con el fiscal Daniel Díaz Torres, quien  presuntamente aceptó el pago de $300 millones de pesos y la ubicación de su compañera en un buen puesto a cambio de ayudarlo. Para otorgarle el cargo a su pareja, al parecer acudieron al senador Bernardo "Ñoño" Elías, con el fin de que quedara contratada en Fonade con un salario de 5 millones de pesos.  

La Fiscalía explica que el primer desembolso se habría hecho directamente por Pinilla el 24 de mayo del 2017 por un valor de $ 100 millones. Para el segundo, de $ 200 millones, Pinilla envió al fiscal y a su novia a un viaje a Cancún.  

Aunque la mujer habría manifestado a Pinilla que se sentía incómoda con esa relación sentimental, accedió a viajar seis días a comienzos de junio a las paradisíacas playas de la Riviera Maya en donde finalmente se habría llevado a cabo el resto del pago.  

El papel del fiscal —dice el ente investigador— era no compulsar copias en contra de Edwin Besaile, hermano del prófugo senador Musa Besaile, al igual que desviar y evitar más imputaciones en contra de Guillermo Pérez Ardila, cliente de Pinilla y representante legal de IPS San José de la Sabana y Unidos por su Bienestar. A través de estas prestadoras de salud se pagaron millonarios recursos para falsos pacientes de hemofilia, una enfermedad de alto costo.  

Solo en el caso de la IPS San José de la Sabana el fraude habría alcanzado los $ 37.000 millones de pesos en hechos que ya fueron judicializados. Sin embargo, se pretendía que lo ocurrido a través de la IPS Unidos por su Bienestar quedara ‘engavetado’ para la justicia.  

Para lograr estos fines, el fiscal Díaz adelantó imputaciones que hoy son cuestionadas por las autoridades y manipuló la investigación permitiendo que en interrogatorios y diligencias juradas se tergiversara la verdad. El ente acusador asegura que la intención era sepultar este capítulo judicial que comprometió los recursos de la salud para los habitantes de este departamento.  

La Fiscalía, no obstante, asegura que no actuaron solos. En este entramado de corrupción también son investigados Neida Alexandra Plazas Arenas, con quien Daniel Díaz tenía una relación sentimental; el abogado Luis Leonardo Pinilla Gómez; el senador Musa Besaile (a quien le compulsan copias); el senador Bernardo Elías (a quien se le compulsan copias) y Guillermo Pérez Ardila.    

Una vez estalló el escándalo por supuestos pagos de Edwin Besaile al fiscal Díaz, el gobernador afirmó a través de su cuenta de Twitter que no se conoce con el mencionado fiscal, tampoco a Gustavo Moreno, ni al abogado Leonardo Pinilla. Señala que no ha tenido contacto con ellos y que en el escándalo por el cartel de la hemofilia, el departamento se constituyó en víctima, mediante denuncias en las que él mismo pidió captura de los implicados.

Díaz llegó en octubre de 2016 a reemplazar en el cargo a Marta Sepulveda Torres, una fiscal especializada que seguía de cerca los movimientos ilegales en el manejo de los recursos de la salud de Córdoba. De acuerdo con sus proyecciones, el desfalco para ese momento se estimaba en $50.000 millones de pesos y comprende lo ocurrido en la administración de Alejandro Lyons Muskus, estando Alfredo Aruachan Narváez como secretario de salud.  

Ahora, lo que se persiguen son hechos de corrupción que ocurrieron después de estos hechos de corrupción. Sin embargo, el gran hallazgo apunta a cerrarle el paso a un cacique político que lleva años en la lupa de las autoridades y que hoy es el hombre más buscado del país.