Así cayó el 'Cartel de la seguridad privada'

Una red de empresas de vigilancia y seguridad privada que durante años se ha dedicado a engañar al Estado para asegurarse millonarias licitaciones fue puesta al descubierto este miércoles por la Fiscalía.

La grave denuncia vino de boca del superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien reveló haber recibido amenazas por estar investigando a estas empresas que, según los organismo de control, hacen parte de lo que los investigadores han denominado el ‘cartel de la seguridad privada’.
     
Ocho serían las empresas involucradas. Ellas son: Guardianes Compañía líder de seguridad LTDA., Cooperativa de vigilantes Starcoop CTA.,  Cobasec LTDA., Centinel de seguridad LTDA., Expertos seguridad LTDA., Compañía interamericana de seguridad y vigilancia privada Insevig LTDA., Cooperativa de trabajo asociado Sejarpi CTA. y Security Management Group.

La Superintendencia de Industria las venía investigando desde el 2011 y encontró evidencias preliminares de que estas empresas, aparentemente competidoras en el mercado de la vigilancia privada, habrían realizado acuerdos para asegurar que una de ellas, de las pertenecientes al grupo concertado, resultara beneficiada en los procesos licitatorios en los que participaban.

Así afectaban a los oferentes que no hacían parte del acuerdo colusorio y también al Estado, que por tal motivo veía incrementado los precios de los servicios contratados y generaba así un desequilibrio en el gasto público.

Estas ocho compañías se presentaron a cien procesos licitatorios, de los cuales ganaron 25, por una suma que supera 63.000 millones de pesos. Varias entidades públicas se declararon sus víctimas, entre ellas el ICBF, la propia Fiscalía, la Contraloría, el Ministerio de Hacienda, el SENA, 13 gobernaciones y 37 alcaldías.

Por esta razón, la Fiscalía General de la Nación les imputará el delito de Acuerdos restrictivos de la competencia a 16 personas naturales pertenecientes a esta organización delictiva, dedicada a engañar al Estado en los procesos licitatorios. Dicho delito les podría significar una pena privativa de la libertad de entre seis y doce años. La solicitud de audiencia de imputación de cargos será radicada en los próximos días.

La Fiscalía también anunció que abrirá una investigación para establecer los responsables de las amenazas al superintendente Robledo. Además, Semana.com conoció que la Fiscalía General de la Nación iniciará procesos de extinción de dominio a los bienes de las personas involucradas.