Un cartel del sida, ¡Lo que faltaba!

El 23 de diciembre pasado, a las siete de mañana, se presentó un particular robo en Montería: varios hombres ingresaron al archivo externo de la Caja de Compensación Familiar de Córdoba (Comfacor) y se llevaron 60 bultos colmados de facturas de recobros que esa EPS accionó contra el sistema público de salud. Las cámaras de seguridad del edificio registraron cómo los ladrones –sin mayor afán– fueron llenando un camión con sacos de papeles. La Procuraduría, al allanar las oficinas de la firma, descubrió que faltaban miles de facturas, material de auditoría forense y libros contables. Tras dos semanas de pesquisas descubrió lo único que faltaba en la repugnante galería de corrupción departamental: el llamado cartel del sida.

Aunque las indagaciones apenas comienzan, todo apunta a que el cartel del sida será bastante peor que sus gemelos (el de la hemofilia, el del síndrome de Down, el de los estudiantes fantasma, el de las gafas y hasta el cartel de chapas o cajas de dientes). De hecho, los investigadores del Ministerio Público ya han logrado establecer que en Córdoba el desangre de los recursos públicos simulando tratamientos para supuestos enfermos de VIH se remonta a muchas gobernaciones atrás.

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Las autoridades están revisando facturas atípicas relacionadas con sida que datan de 2004 cuando tomó las riendas del departamento Libardo López Cabrales, hermano del senador liberal Juan Manuel López Cabrales, condenado por parapolítica. Durante ese periodo, Manuel Troncoso Álvarez –cuñado del extraditado jefe paramilitar Salvatore Mancuso– fue secretario de Salud. Se trató de un polémico nombramiento y los enemigos políticos de López insistían en que era la cuota de participación de los paras. Pero a pesar de las críticas, el secretario se mantuvo contra viento y marea. Troncoso ha estado en la cárcel varias veces y en su prontuario aparecen líos por contratación irregular y hasta denuncias por asesinato. “Creemos que ese vínculo original con Mancuso garantizó que por tantos años nadie se atreviera a denunciar ni a tocar el cartel del sida”, le dijo un investigador a SEMANA.

Para la Procuraduría, desde entonces el cartel se fue articulando con las gobernaciones sucesivas. Y en el centro del entramado de corrupción está Comfacor, la única caja de compensación familiar de Córdoba, que aglutina un presupuesto anual cercano a los 400.000 millones de pesos y tiene 563.000 afiliados. El 80 por ciento de su negocio se concentra en el tema de salud. Desde marzo de 2017 la Superintendencia de Subsidio Familiar la tiene intervenida.

Comfacor registra que hoy atiende a 1.400 pacientes de sida, pero dos años atrás tenía solo 622. El aumento del 125 por ciento sorprendió a su propio director administrativo, Néstor Murcia Bello, quien lo consideró “desmesurado”. También se descubrió que la caja dice brindar servicios a los pacientes de VIH (con un costo promedio mensual de 630.000 pesos) por medio de cinco instituciones prestadoras de servicio: Oportunidad y Vida, Medifuturo, IPS de la Costa, Mediser y Oncovihda. Pero inquieta que las dos últimas aparezcan con contrato vigente, aunque no presten el servicio. Está por determinarse el monto cierto del desfalco, pero algunos proyectan que si el robo por falsos pacientes hemofílicos costó 50.000 millones de pesos, el cartel del sida fácilmente puede pasar de 200.000 millones.

Tras la reciente suspensión del gobernador Edwin Besaile (por líos relacionados con recobros por hemofilia), varios testigos han acudido a la Procuraduría para brindar información sobre el tinglado de la red de IPS al servicio de Comfacor. Mencionan insistentemente tres nombres: Máximo Mercado Vergara, Widmar Pinto y Francisco José ‘el Mocho’ Lyons, tío del corrupto exgobernador Alejandro Lyons. El Ministerio Público está revisando minuciosamente los papeles en los que aparecen estos contratistas, a fin de establecer si, como lo dicen los informantes, a través de estos se mantiene la influencia de Troncoso en la salud departamental.

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Otra preocupación mayúscula tiene que ver con el alcance de Comfacor. Aunque se trata de la EPS de Córdoba, opera además en otros seis departamentos en el norte del país: Atlántico, Bolívar, La Guajira, Magdalena, Sucre y Cesar. La semana entrante los investigadores que han adelantado las inspecciones en Montería se desplegarán a las otras sedes departamentales. Seguirán una serie de pistas que apuntan a que buena parte del desfalco fue a parar a campañas políticas.

Por ahora, los hallazgos en Córdoba indican que el cartel del sida operó con apoyo en todos los eslabones del sistema de salud. Las IPS, soportadas en falsos pacientes de VIH, hicieron millonarios recobros a la EPS, y esta a la Gobernación y al sistema nacional. Que cursaran sin objeciones permanentes cascadas de pagos indica que las auditorías en cada nivel fueron, por decir lo menos, poco rigurosas. El robo de los 60 bultos de información apunta a lo mismo.

El grueso de los papeles sustraídos guardaría relación con una auditoría hecha por la firma Acda a Comfacor sobre vigencias de los últimos cinco años. Ese estudio documentó hallazgos delicados sobre pagos de facturas por pacientes de VIH fallecidos, pacientes inexistentes, cobros por servicios no prestados y hasta casos en los que a los enfermos les proveían una dosis y facturaban muchas más. El robo también afectó a pacientes realmente diagnosticados con VIH que están en el régimen subsidiado. Varios de estos y sus familiares han relatado que las IPS, para enmascarar la precaria atención, les daban mercados, plata para el bus o medicamentos rendidos, en espera de que el sida se encargara de silenciarlos para siempre.

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El robo de los sacos de información “demuestra la clara intención de querer eliminar las pruebas”, aseguró desde Montería el viceprocurador Juan Carlos Cortés. Sobre el asunto, Néstor Murcia, quien lleva cuatro meses administrando Comfacor, explicó que los responsables del hurto “confesaron” y que lograron recuperar en una empresa recicladora de papel la totalidad de los 60 bultos antes de que los destruyeran.

Sin embargo, la Procuraduría no ha verificado aún el contenido de los sacos hallados. Por el contrario, a los investigadores les inquieta la tranquilidad con que se produjo el robo y tienen gran expectativa por escuchar las respuestas de los directivos de la caja de compensación respecto a qué hicieron una vez la firma Acda entregó las conclusiones de la auditoría. “La acción de la Procuraduría es sin cuartel contra todos los carteles que se han tomado la salud en Colombia. Lo descubierto esta semana es aberrante y no descansaremos hasta que los responsables sean sancionados”, advierte el procurador Fernando Carrillo.