Casa por cárcel: el mundo al revés

En Barranquilla las autoridades y la ciudadanía aún sufren con la insólita decisión de el juez primero municipal de penas de esa ciudad. El año pasado la Policía capturó en flagrancia a seis hombres de la banda de el conocido como Gordo Fabián cuando acababan de asaltar una vivienda en donde golpearon, amordazaron y torturaron a sus ocupantes. Pero lo que era un golpe exitoso contra la delincuencia quedó borrado de un tajo. Aunque estaban sindicados de secuestro, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas de fuego –y la mayoría incluso hacía parte de los diez delincuentes más buscados de la Arenosa– el juez consideró que “no eran un peligro para la sociedad” y les dio el beneficio de casa por cárcel. En cuestión de días salieron y hoy siguen siendo buscados porque regresaron a sus actividades. 

El 19 de febrero de este año las autoridades hicieron una revisión de rutina a la vivienda de Fabio Cedeño, alias Arturo, jefe de la banda Los Rastrojos en la capital del Atlántico, un peligroso delincuente capturado a mediados del año pasado. Argumentando que padecía “graves problemas coronarios”, un juez le concedió la casa por cárcel. Sin embargo, esos inconvenientes de corazón no le impidieron salir corriendo de su residencia y hoy solo se sabe que regresó con sus compinches. No es el único caso.

Edison Quiceno, conocido con el alias de W, estaba en los afiches de recompensas por ser uno de los delincuentes más peligrosos del país y el jefe de la banda Los Rastrojos que azotó a Santa Marta. Capturado por la Policía en octubre de 2011, fue enviado a la cárcel a pagar seis años de prisión por concierto para delinquir, uno de los delitos por los que era buscado, entre los cuales hay varios asesinatos. Los samarios creyeron que era el fin de la carrera criminal de uno de los bandidos que más los atormentó, pero se equivocaron. Escasos ocho meses después, en junio de 2012, el juez segundo de ejecución de penas de la capital del Magdalena le otorgó el beneficio de casa por cárcel con el argumento que era padre cabeza de familia. En noviembre, cuando las autoridades fueron a buscarlo, ya no estaba. Se había fugado para reintegrarse a la banda con la cual ha continuado delinquiendo, gracias a la inaudita decisión del juez que solo atinó a decir que no estudió bien el peligroso perfil del criminal cuando optó por enviarlo a su vivienda. 

La lista de los delincuentes que han logrado burlar a la Justicia y conseguir que los jueces los envíen a sus casas es larga, llena de argumentos inverosímiles y con casos que han terminado en escándalos nacionales. Tal fue el caso de Enilce López, la empresaria del chance conocida como La Gata, y condenada a nueve años de prisión, que logró que un juez de su ciudad le dejara vivir en su mansión de Barranquilla por sufrir de “estrés, depresión, anemia y anorexia”.

No menos grave fue lo que ocurrió hace dos años con el jefe de la Oficina de Envigado, Diego Serna, alias Kenner. Gracias a un dictamen de Medicinal Legal que afirmaba que sufría de “hipertensión arterial y enfermedad diarreica crónica persistente”, un juez lo envió a su apartamento de El Poblado en Medellín. Dos días después se quitó el brazalete electrónico de su tobillo y sencillamente se fue. Fue tal la indignación nacional, –hasta el presidente y el ministro de Defensa se pronunciaron–, que pocos días después la Policía logró recapturarlo. 

Con argumentos similares otro integrante de esa estructura criminal, Alirio de Jesús Rendón, alias el Cebollero, consiguió que un juez lo dejara en una exclusiva clínica de la capital paisa y posteriormente lo enviara a su lujoso apartamento. De nuevo, la presión mediática sobre la absurda determinación consiguió que el Tribunal de Medellín ordenara investigar a los médicos y al juez que certificaron las enfermedades del Cebollero y lo envió de nuevo a la cárcel. Ese tipo de beneficios penitenciarios no se han limitado a los casos de los grandes jefes de bandas. Edilberto Castro, exgobernador del Meta, condenado en 2007 a 40 años de cárcel por asesinato consiguió un certificado avalado por una juez según el cual sufría de una enfermedad coronaria. Con ello permaneció casi dos años en su casa en el norte de Bogotá, e incluso se daba el lujo de salir de cuando en cuando. Gracias a los medios de comunicación el caso salió a la luz pública y Castro ingresó a La Picota. 

Otros delincuentes de cuello blanco han corrido con mejor suerte. Tal es el caso de Winston Torres, conocido como el abogado del diablo. En 2012 fue condenado a cuatro años por ser el responsable de apropiarse de casi 3.000 millones de pesos del sector de la educación en el Chocó, por medio de falsas demandas en lo que fue considerado como una de las mayores defraudaciones en ese golpeado departamento. Torres, que aceptó cargos por ese caso, consiguió que un certificado del laboratorio Celsalud, propiedad de una mujer con la que tiene un hijo. Envió ese documento a Medicina Legal en donde se decía que padecía de “elevados niveles de hemoglobina y albúmina”. Eso fue suficiente para conseguir un aval del instituto forense que ratificó el dictamen ante un juez que consideró que a causa de esa “grave enfermedad” Torres debía pagar su condena en su lujosa casa en Quibdó. 

No conforme con eso, Torres consiguió que la Justicia le autorizara ir a chequeos médicos a Medellín –en donde fue visto de compras en el centro comercial El Tesoro–, ciudad en la cual tiene costosas propiedades entre ellas una millonaria discoteca en la carrera 70 con la circular Segunda. En octubre del año pasado el Juzgado Segundo Penal de Quibdó lo condenó a cinco años de prisión por estafa agravada. Según la providencia defraudó, a través de procesos ejecutivos, al municipio de Bojayá y a 37 docentes de ese municipio por 1.200 millones de pesos. A pesar de todo, y de tener otra decenas de procesos en la Fiscalía, un juez le permitió cambiar su sitio de reclusión de Quibdó a su lujoso apartamento en la capital paisa. Es tan absurdo su caso que incluso se da el lujo de poner fotos en redes sociales posando en su casa por cárcel (ver foto).

Ese beneficio así como la vigilancia electrónica por medio de brazaletes, son medidas que deben avalar los jueces como una herramienta para contribuir a descongestionar los penales abarrotados, que tienen al país en una crisis carcelaria. En las 139 prisiones del país –que tienen 56.000 cupos– hay más de 80.000 presos. 

De acuerdo con las cifras, unas 23.000 personas tienen en la actualidad el beneficio de la casa por cárcel. Sin embargo, solo hay escasos 300 guardianes del Inpec encargados de verificar que los detenidos efectivamente se encuentren en sus viviendas. Lo que quiere decir que a cada guardia le corresponden 76 personas a las que debe visitar, lo cual es sencillamente imposible. “En el Inpec hay un déficit enorme de personal. Faltan casi 10.000 guardianes para tratar de controlar no solo el tema de las casas por cárcel sino lo que ocurre dentro de los penales”, explica un alto directivo. “Esa falta de gente es la razón de los abusos que se cometen al momento de otorgar los beneficios porque nosotros solo cumplimos con las órdenes de los jueces, que son quienes envían a los detenidos a la casa. 

Ahí es donde está el lío. Para muchos es muy fácil pagar por un concepto médico que diga que está enfermísimo. Eso lo presentan ante un juez que por corrupción, desconocimiento o simple pereza les da la casa por cárcel. Lo más irónico es que gente que de verdad no representa un peligro, como los que están por ejemplo detenidos por inasistencia alimentaria o por delitos no tan graves, se quedan tras las rejas. Es el mundo al revés”, concluye. Lo más inquietante es que la situación, que no es nueva, no parece tener salida. Por el contrario, el gobierno ha solicitado a la rama Judicial considerar aplicar más el otorgamiento de beneficios como la casa por cárcel para lidiar con el grave problema de hacinamiento. Y eso, en un sistema que parece flexible según quién sea el procesado –y con problemas de corrupción– no deja de encender las alarmas sobre el aumento de los privilegios injustos al momento de definir quiénes pagan sus delitos en las casas.