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| 4/23/2015 9:40:00 PM

Fiscalía vuelve y juega contra Pretelt

La Corte Constitucional deberá definir si ‘tumba’ dos artículos del Código de Extinción de Dominio en los que, según el ente acusador, el polémico togado tendría intereses particulares.

Desde cuando se destapó el escándalo del magistrado Jorge Pretelt, expresidente de la Corte Constitucional, han sobrevenido otros que no permiten que este tribunal levante cabeza.

De hecho, este miércoles Semana.com reveló una nueva denuncia de Pretelt contra su colega Luis Ernesto Vargas, porque este último habría tenido extraños encuentros en su despacho con personas interesadas en un fallo de dicha corporación.

Entetanto, la Fiscalía vuelve y juega contra Pretelt. Se trata de un fallo en el que, según el ente acusador, hubo un presunto conflicto de intereses por parte del togado, que votó en el caso de una tutela cuando -supuestamente- ha debido de declarase impedido.

La cosa se remonta al pasado 13 de abril, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional analizó la ponencia de la magistrada Martha Sáchica acerca de una demanda de inconstitucionalidad de los artículos 26 y 170 de la Ley de Extinción de Dominio, que le da “vía libre al fiscal general o un delegado suyo en el uso de cualquier técnica investigativa (interceptaciones, allanamientos, búsqueda selectiva en bases de datos entre otros) sin necesidad de solicitarlo ante un juez”.

Dicha ponencia polarizó la sala. De un lado, los magistrados Luis Ernesto Vargas, Sáchica, Mauricio González Cuervo y Gloria Ortiz votaron a favor de la ponencia, bajo el argumento de que esos artículos le entregaban ‘dientes’ a la Fiscalía para ir en búsqueda de bienes adquiridos con dineros ilícitos, así como para evitar el traspaso fugaz de bienes a través de testaferros.

De otro lado, los magistrados Jorge Pretelt, Luis Guillermo Guerrero, María Victoria Calle y Jorge Iván Palacio manifestaron que esas prerrogativas, al no ser valoradas por un juez de garantías, violaban el debido proceso de los investigados. En la discusión no participó el magistrado Gabriel Mendoza, pues estaba de permiso.

Como hubo empate, como suele ocurrir en ciertas discusiones, fue designado el conjuez Miguel Uribe Blanco, postulado por Pretelt, para que desenredara el asunto.

Cautela en la Fiscalía

Mientras se da la nueva discusión, la Fiscalía no quiere correr riesgos. Considera que en caso de que fueran ‘tumbados’ los dos artículos de La ley de Extinción de Dominio sería una catástrofe, puesto que se quedaría sin herramientas para perseguir los bienes objeto de extinción y esto afectaría todos los procesos en curso.
Semana.com conoció que el martes pasado el ente acusador presentó un recurso de 16 páginas interpuesto por el director jurídico de la Fiscalía, Rafael Lafont, en el que solicita la nulidad de todo el estudio del caso por estar viciado.

Para la Fiscalía, Jorge Pretelt tenía un interés directo al conocer el asunto puesto que la Fiscalía tiene abierto un expediente contra su esposa donde lo mencionan por la procedencia de unos bienes, posible objeto de extinción, porque allí se habría ejecutado un despojo de tierras.

“Quien tiene interés directo, particular y concreto es el magistrado Jorge Pretelt Chaljub, pues la Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando la procedencia de algunos bienes cuyo titular es el magistrado en mención y/o su esposa a los cuales se les ha aplicado la normatividad (Ley de Extinción de Dominio) objeto de estudio por la Corte y podría volver a aplicársele”, reza el recurso.

Según el documento, “tal desconocimiento del debido proceso está dado por cuanto la garantía de imparcialidad en las decisiones de la Corte Constitucional se ve gravemente afectada en la presente ocasión por el interés particular que tiene el magistrado Jorge Pretelt en el fallo que adopte la Sala Plena”, concluye la Fiscalía.

Lo cierto es que el proceso por ahora está frenado hasta tanto la Sala Plena del alto tribunal defina si acepta o no el recurso presentado.

De ser así, el debate tendría que empezar de cero, sin la presencia de Jorge Pretelt y con un nuevo análisis. Lo cierto es que en la Fiscalía andan con los ‘pelos de punta’ por esta decisión, ya que es una herramienta esencial para los procesos de extinción de dominio.

Semana.com quiso conocer la opinión del magistrado, pero su abogado, Abelardo de la Espriella, manifestó que no se referirá al asunto.
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