Caso AIS: inhabilitan por 12 años a exfuncionario del Minagricultura

Luego de cuatro meses de proceso, la Procuraduría General de la Nación determinó destituir e inhabilitar por 12 años para ejercer cargos públicos a Oskar August Schroeder Muller, exjefe de la oficina jurídica del Ministerio de Agricultura, dentro del escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS).
 
La Procuraduría señaló que el exfuncionario no cumplió con los principios de contratación y revisión en la entrega de los subsidios de AIS, que terminaron en manos de familias prestantes de Magdalena. Advirtió también que no hubo licitación pública para acceder a dichos subsidios y que no justificó la razón para hacer un convenio con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
 
Por el mismo caso, Oskar August Schroeder Muller fue acusado penalmente por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación de terceros y celebración indebida de contratos. Él recuperó su libertad por vencimiento de términos, en agosto del año anterior.
 
Al exfuncionario se le investiga por la celebración indebida de contratos que no llenaban los requisitos y por peculado por apropiación a favor de terceros por su presunta gestión en la firma de contratos con el  por cerca de 200.000 millones de pesos.
 
En julio del año pasado, el Ministerio Público, por estos mismos hechos, suspendió e inhabilitó por 16 años al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para ocupar cargos públicos al ser encontrado responsable de cuatro cargos, “tres por falta gravísima”, dentro del proceso disciplinario por AIS.
 
A Tulia Méndez, también exjefe jurídica del Ministerio de Agricultura, la Procuraduría decidió absolverla disciplinariamente del cargo formulado.

A Méndez, la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales. Ella goza de detención domiciliaria desde el pasado mes de mayo, cuando su defensa logró demostrar que era madre cabeza de familia.
 
El ministerio Público suspendió por diez meses a las exasesoras Marcela Guevara Ospina y María Eugenia Cadena Holguín, quienes teniendo la obligación de asesorar y asistir a los jefes de Oficina Jurídica, dejaron de advertir que hacían falta los mencionados estudios previos en los convenios.

Otros de los exfuncionarios sancionados por el Ministerio Púbico en este mismo caso son :
 
Gisela del Carmen Torres Arenas, en su condición de interventora delegada, adscrita a la Dirección de Planeación y Seguimiento Presupuestal, fue suspendida por 2 meses.
 
Alba Sánchez Ríos, directora de Planeación y Seguimiento Presupuestal, fue sancionada con suspensión de dos meses al hallarla responsable como interventora delegante en los convenios 03 de 2007, 055 de 2008 y 037 de 2009.
 
Edelmira Rivera Quintero, profesional especializado. Sanción y suspensión de un mes.
 
Juan David Castaño Alzate, exdirector de Desarrollo Rural para el 2009, fue suspendido por dos meses .

Mario Andrés Soto Ángel, exdirector de Comercio y Financiamiento para el 2009, fue sancionado con destitución e inhabilidad de 11 años.
 
Javier Enrique Romero Mercado, exdirector de Desarrollo Rural, fue sancionado con destitución e inhabilidad de 11 años.
 
Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura, fue destituida e inhabilitada por 11 años.
 
Rodolfo Campo Soto, destituido e inhabilitado por 13 años en su condición de director del INCODER.
 
Aunque varios exfuncionarios del Ministerio de Agricultura están tras las rejas, la decisión del Ministerio Público es una de las más importantes tomadas en torno a este escándalo, desde cuando la revista Cambio reveló, en septiembre del 2009, que personas adineradas de la costa caribe habían recibido subsidios millonarios que, según el objetivo del programa, estaban diseñados para el estímulo a la producción agrícola.