Caso AIS: ¿Se completa el ajedrez?

Desde que la desaparecida revista Cambio destapó el escándalo de Agro Ingreso Seguro (AIS) en octubre del 2009, la pregunta surgió, ¿terminaría el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, metido penalmente en este lío? Y la respuesta llegó este lunes, más de un año después de conocerse el escándalo y cuando ya varios exfuncionarios del Ministerio de Agricultura están tras las rejas.
 
El exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias será acusado por la Fiscalía General de la Nación dentro del proceso que se le adelanta por las irregularidades de AIS. El anuncio fue hecho por la propia fiscal Viviane Morales, quien precisó que la solicitud de audiencia de formulación de cargos ya fue radicada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.
 
Los delitos que el ente acusador imputará a Arias son dos: contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, pero además solicitará que el exfuncionario sea cobijado con medida de aseguramiento.
 
La noticia no cayó por sorpresa, sobre todo porque cuatro exfuncionarios del Ministerio de Agricultura ya habían sido llamados a rendir cuentas ante la justicia y la misma fiscal Viviane Morales había asegurado que en este proceso “no hay chivos expiatorios” y había reiterado que “si se avanza en los elementos probatorios, se darán nuevos resultados”.
 
Pocos días después de tomar posesión como nueva fiscal general, Viviane Morales anunció su primera gran decisión frente a este tema: llamó a 22 personas para imputarles cargos por el caso de AIS.
 
Los afectados con el anuncio, en su mayoría, eran miembros de las familias Vives Lacouture y Dávila, pero además, los exfuncionarios del ministerio de Agricultura Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio y Financiamiento, y los exjefes jurídicos Oskar August Schroeder Muller y Tulia Eugenia Méndez, así como el exviceministro de Agricultura Juan Camilo Salazar. A ellas, después de pasar un mes en el centro de reclusión para mujeres El Buen Pastor les fue concedido el beneficio de casa por cárcel, por ser madres cabeza de familia. Entretanto, Schroeder Muller y Salazar permanecen en las casas fiscales de La Picota. Ellos son acusados por la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación de terceros y celebración indebida de contratos. Y en el caso del exviceministro Salazar por los mismos delitos más el de interés indebido en la celebración de contratos.
 
Después llegó la medida de aseguramiento contra el exsecretario general del Ministerio de Agricultura Juan David Ortega, a quien le imputaron los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales.
 
Las noticias de nuevas imputaciones por este caso generaban reacciones. “Falta que se hable de los exministros (Andrés Felipe Arias y Andrés Fernández) y que se explique cuántos son los beneficiarios con los que, según la Fiscalía, se cometió el peculado que la Fiscalía pidió imputar a los exfuncionarios del Minagricultura que hoy están en la cárcel, y que habría sido, según el fiscal del caso, por 302.000 millones”, señaló hace apenas unos días a Semana.com la defensa de uno de los exempleados del Ministerio de Agricultura.
 
Y mientras la defensa de algunos de los exfuncionarios del ministerio de Agricultura ya imputados se pronunciaban ante lo que consideraban una “injusticia”, un juez de Bogotá profirió orden de captura contra Margarita y José Francisco Vives Lacouture, los únicos dos de los diez miembros de esta familia que decidieron no responder por las supuestas irregularidades en las que habrían incurrido en este proceso.
 
Los demás integrantes de la familia se comprometieron a devolver el dinero de los subsidios recibidos del programa y está pendiente la audiencia en la que se les imputará cargos y se pedirá que sean cobijados con medida de aseguramiento.
 
La otra familia, los Dávila y la exreina Valerie Domínguez tuvieron hace apenas unos días la audiencia de imputación de cargos. Después de haber sido aplazada en varias ocasiones, Juan Manuel Dávila Jimeno, Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto, María Clara Fernández de Soto y la exreina y actriz Valerie Domínguez comparecieron ante la juez 37 con función de garantías.
 
En la diligencia, la Fiscalía les imputó cargos como presuntos responsables de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento privado, delitos que ninguno aceptó.
 
La juez avaló la petición de la Fiscalía y profirió medida de aseguramiento de carácter restrictivo contra los Dávila, lo que significa que los ya imputados no irán a la cárcel, pero sí deberán asistir ante cualquier llamado o requerimiento por parte de la justicia. Además deberán acudir cada 30 días al centro judicial de Paloquemao, no podrán salir del país, ni vender o enajenar bienes mientras se desarrolla el proceso judicial.
 
Cabe recordar que los miembros de la familia Dávila, así como la exreina devolvieron el dinero que se les había otorgado a través del polémico programa.
 
La Fiscalía también imputará cargos el próximo 28 de junio a cinco excontratistas del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA.
 
Ellos son: Julián Gómez, director del programa e hijo del magistrado de la Corte Suprema, Alfredo Gómez Quintero; Daniel Montoya y Jairo Cano Gallego, coordinadores del programa; y los técnicos del instituto Carlos Manuel Polo y Enrique Angarita.
 
Los implicados deberán responder por su supuesta responsabilidad en el delito de peculado a favor de terceros, y se les pedirá medida de aseguramiento.
 
Ahora, con la noticia de la solicitud de audiencia de imputación de cargos contra el exviceministro Andrés Felipe Arias, para algunos sigue pendiente la respuesta a una pregunta: ¿qué va a pasar con el también exministro de Agricultura Andrés Fernández?