Martes, 23 de septiembre de 2014

| 2013/05/11 13:00

Caso Arias: “Solo falta que me maten”

Tras la negación de libertad a Arias, muchos se preguntan por qué mantenerlo en la cárcel o si, al final, lo condenarán.

Catalina Serrano, la esposa del exministro Andrés Felipe Arias, lo consuela tras recibir la noticia de que fue negada su petición de libertad por tercera vez. Arias lleva casi dos años tras las rejas, y podría permanecer allí dos más.

Pocas veces una confir- mación de una detención preventiva se había convertido en una noticia nacional, como sucedió con la de Andrés Felipe Arias la semana pasada. Los periódicos, los noticieros de televisión y la radio reflejaron escenas desgarradoras de él y su esposa, Catalina Serrano, abrazados en lágrimas e incluso del exministro afirmando ante los micrófonos “Solo falta que me maten, mátenme.” 


La mayor parte de la opinión pública y varios penalistas estaban con Arias. No parecía muy lógico mantenerlo encarcelado antes de una condena, sobre todo si se tiene en cuenta que han transcurrido casi dos años desde su detención y pueden faltar otros dos para que se conozca un fallo. 


El argumento para retenerlo es que él, si está en libertad, puede obstruir la Justicia manipulando los testigos. Como todos los testigos en su contra ya habían declarado en la Corte Suprema, se pensó que ese argumento ya no era válido y que su liberación sería casi automática. Eso no sucedió. El magistrado Ramiro Riaño consideró que como aún faltaban los testigos de la defensa, es decir los de Arias, si recuperaba la libertad podría influir en ellos. 


Lo anterior tiene algo de absurdo porque si los testigos son escogidos por él, se da por descontado que van a declarar a su favor. Por otra parte, la teoría de que se puede obstruir la Justicia desde afuera pero no desde una celda es igualmente frágil. 


Las personas en detención preventiva pueden hablar por teléfono, comunicarse por internet, mandar cartas o recibir visitas, con lo cual se puede influir igual que cara a cara. En todo caso, eso fue lo que decidió el juez y hasta que no se presente a otra audiencia, Andrés Felipe Arias no dormirá en su casa.


Pero su problema es más grave que la detención preventiva. El juicio en su contra apenas está comenzando y, como fue objeto de un escándalo mediático, el tema está muy politizado y la lupa del país entero está encima. Arias está acusado por celebración indebida de contratos, peculado a favor de terceros e interés ilícito en la celebración de contratos. Si se le llega a condenar su pena podría ser hasta de 15 años de cárcel. 


El caso es complicado y tiene elementos tanto a favor como en contra. La celebración indebida de contratos se originaría en que él contrató directamente la administración de Agro Ingreso Seguro con el IICA (un programa adscrito a la OEA) y que debió haber hecho una licitación. La defensa del exministro argumenta que todos los ministros anteriores habían contratado de la misma forma, amparados en un decreto que estipula que cuando se trata de transferencia de ciencia y tecnológica los convenios se pueden hacer directamente y sin licitación.


Por lo tanto el cargo de celebración indebida de contratos depende exclusivamente de si montar un sistema de riego encaja con la definición de “transferencia de ciencia y tecnología”. La Fiscalía dice que no es así, que el contrato era solamente de administración de los recursos del programa y que el concepto de ciencia y tecnología fue usado como fachada para no hacer la licitación. La defensa de Arias, por su parte, va a presentar peritos internacionales que van afirman que las inversiones en riego son tecnología y han transformado a los países que han invertido en ellas.


Los abogados de Arias consideran que del delito de celebración indebida de contratos se derivarían los otros cargos que hay contra el exministro, pero la Fiscalía cree que eso no es automático. Estos básicamente son peculado a favor de terceros por giros destinados a dos beneficiarios diferentes. Por una parte, al IICA por los honorarios que se le pagaron por la administración de Agro Ingreso Seguro. 


Y en segundo lugar, a las empresas agrícolas que fraccionaron predios. Estos pertenecen a ocho familias y el monto de los giros a estos ascendió a 26.000 millones, de los cuales la mayoría ha sido devuleta. Se ha podido establecer que aunque algunos de esos subsidios fueron obtenidos mediante maniobras ilegales, la totalidad de los recursos fue invertida en riego y que no hubo desviación para otros efectos. La Fiscalía asegura que Arias sabía del fraccionamiento, pero el exministro asegura que se enteró de este cuando explotó el escándalo y que fue en ese momento que acusó públicamente a los beneficiarios. 


El interés ilícito en la celebración de contratos se basa en la premisa de que, según la Fiscalía, el esquema se montó para ser manejado directamente por Andrés Felipe Arias con fines electorales, ya que del ministerio pasó a ser candidato presidencial. De ahí se infiere que el ministro, como contraprestación por los subsidios otorgados, habría recibido aportes y apoyo político de los beneficiarios para su campaña. 


Aunque esta teoría no es absurda, es difícil de demostrar y no existen mayores elementos tangibles para confirmarla. De los beneficiarios de los subsidios que tendrían relación con el programa solo se han encontrado dos aportes económicos, uno de ocho millones de pesos y otro de diez millones. Estos fueron hechos no por las empresas que recibieron el subsidio, sino por sus propietarios como personas naturales.


Teniendo en cuenta que una campaña presidencial puede costar 20.000 millones de pesos, es difícil concluir que dos aportes de ese monto constituyen una prueba de un tinglado electoral. Más bien llama la atención la poca gratitud o generosidad de los agricultores que habían recibido créditos de 500, 1.000 o hasta 2.000 millones de pesos. 


En cuanto al cargo de que Agro Ingreso Seguro se hizo para obtener apoyos electorales, pretender que haya una relación directa entre una política de gobierno y los votos que esta podría producir es muy complicado probatoriamente. 


Prácticamente todos los agricultores de Colombia se identificaban con las políticas de seguridad democrática y de apoyo al campo del expresidente Uribe, cuyo ejecutor principal fue Arias, y no tiene nada de misterioso que quisieran apoyarlo en las urnas. Es como pretender que puede haber interés ilícito en la celebración de contratos en cada una de las 100.000 casas que está entregando Germán Vargas porque esas familias en un futuro podrían votar por él. 


La Corte Suprema será la que determine si todos estos elementos constituyen o no delitos que podrían traerle años de cárcel a Andrés Felipe Arias. Pero de lo que no hay duda es de que teniendo en cuenta que ha estado detenido casi dos años y que podrían faltar dos más para un fallo, es injusto tenerlo tras las rejas cuatro años por simple detención preventiva. 

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