Home

Nación

Artículo

El caso de Martha Inés Leal Llanos, ex subdirectora de operaciones del DAS, es clave dentro del escándalo de las 'chuzadas', sobre el que decide la Corte Suprema. | Foto: León Darío Peláez

JUSTICIA

La Corte Suprema no quiere saber de las ‘chuzadas’

Insólitamente, todos los magistrados titulares se declaran impedidos en un proceso clave.

21 de agosto de 2014

El caso es calificado en el mundo judicial como una vergüenza. De manera inédita la última palabra en el proceso de la ex subdirectora de operaciones del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Martha Leal, por las ‘chuzadas’ la tendrán personas ajenas a la Corte Suprema de Justicia porque todos los magistrados titulares se declararon impedidos.

La historia que tiene semejante desenlace empezó en el 2009 cuando la Revista SEMANA reveló miles de horas de grabación en las que se mostraba una tenebrosa estrategia de un sector del Gobierno para conocer las conversaciones privadas y las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en épocas de la ‘parapolítica’. Todo este “entramado criminal”, como lo ha denominado la Fiscalía, fue en colaboración con el DAS y varios de sus miembros que se prestaron para hacer de las ‘chuzadas’ una realidad

Martha Inés Leal Llanos, ex subdirectora de operaciones del DAS, al igual Enrique Alberto Ariza Rivas, Jorge Armando Rubiano Jiménez, Hugo Daney Ortiz García y Jacqueline Sandoval Salazar fueron las personas encargadas de recopilar la información obtenida por las fuentes humanas de las actividades de seguimientos ilegales realizadas a los magistrados, líderes de izquierda, políticos y periodistas.

Actualmente sobre ellos cursa una condena de ocho años y siete meses proferida por el Tribunal Superior de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos de comunicación y abuso de autoridad.

Ahora ninguno de los condenados quiere dar su brazo a torcer por lo que consideran una condena injusta, debido a su amplia colaboración en el proceso, por lo que decidieron interponer el último recurso ante la Corte Suprema de Justicia, en donde solicitan que les sea rebajada su condena por los graves hechos.

El trámite normal de este recurso le corresponde a un magistrado que es elegido por sorteo; a su vez este realiza una ponencia que es debatida con sus compañeros de la Sala Penal. Ahora, en este caso, todos los integrantes de la corporación decidieron declararse impedidos ¿por qué?

Los principales argumentos están relacionados con un posible interés directo en el fallo, dado a que algunos fueron víctimas de las interceptaciones ilegales por parte del organismo de seguridad y otros conocen de otros procesos que tienen hechos similares, situación que impide una decisión imparcial que no esté viciada por otros aspectos diferentes al jurídico.

La corporación judicial deberá nombrar otras nueve personas para analizar la situación jurídica de los exfuncionarios del DAS, los cuales pidieron la revisión de su condena en última instancia pues, según ellos, no se cumplieron los requisitos para emitir esta sentencia en su contra.

Martha Leal, Enrique Alberto Ariza Rivas, Jorge Armando Rubiano Jiménez, Hugo Daney Ortiz García y Jacqueline Sandoval Salazar fueron acusados de concierto para delinquir, interceptación ilícita de comunicaciones, utilización ilícita de equipos y abuso de autoridad en el año 2004.