Martes, 6 de diciembre de 2016

| 2016/01/16 22:00

La parábola del coronel Edilberto Sánchez Rubiano

El excomandante del B2, hombre clave en las desapariciones en la toma del Palacio de Justicia, fue condenado a 40 años de cárcel. Su caso encarna lo que será la simetría entre guerrilleros y militares en la justicia transicional.

Al coronel Edilberto Sánchez Rubiano lo condenaron por la desaparición de dos trabajadores de la cafetería del Palacio de Justicia Bernardo Beltrán y Carlos Rodríguez. El fallo aclara que no hay ninguna prueba directa en su contra. Foto: Federico Puyo

La pena de 40 años de cárcel que un juez de Bogotá le impuso al coronel Edilberto Sánchez Rubiano por los excesos en la retoma del Palacio de Justicia entraña una gran paradoja. En los últimos meses, las investigaciones sobre esa tragedia parecen haber avanzado más que en los 30 años que han pasado desde que sucedió. Y, sin embargo, ad portas de la firma de la paz es muy poco probable que esos fallos, que las víctimas han esperado décadas, se traduzcan en poner a los altos mandos militares detrás de las rejas.

La condena a Sánchez Rubiano era lógica y lo que sorprendía era por qué no había sucedido antes. El coronel comandaba el B2 de la Brigada XIII, la unidad encargada de realizar los trabajos de inteligencia militar, a la que se le asignó la labor de recibir a los sobrevivientes de la toma del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.

En teoría, Sánchez Rubiano es el alto mando militar que más tuvo que ver con las más de diez personas que pudieron salir vivas del Palacio de Justicia y de las cuales, salvo contadas excepciones, sus familiares no tienen rastro aún. Al coronel Alfonso Plazas Vega y al general Jesús Armando Arias Cabrales los condenaron a 30 y 35 años de cárcel por omisión y por la responsabilidad que implicaba su posición en la cadena de mando.

Por eso, ambos militares siempre habían dejado saber que no entendían cómo ellos estaban presos por omisión, cuando desempeñaron otras tareas durante la retoma, mientras que la unidad que tenía la labor de identificar si había miembros del M-19 entre los liberados era el B2, dirigido por Sánchez. De hecho, la Corte Suprema sustentó con ese argumento, entre otros, la absolución del coronel Plazas Vega el pasado mes de diciembre.

En el caso de Sánchez el fallo también reconoce que “no está demostrado que haya sido el autor directo o inmediato de las desapariciones forzadas” y agrega que no existe “ninguna prueba directa, objetiva y concreta” al respecto. Sin embargo, el juez determinó que el coronel sí pudo recibir la orden para realizar un tratamiento irregular con los “sospechosos”.

La ‘prueba reina’ es una conversación y una mujer. En unas interceptaciones se identificó un cruce de instrucciones entre Arcano 2, identificado como el coronel Sánchez, y Arcano 5, el coronel Luis Carlos Sadovnik (ya fallecido). Los mensajes eran los siguientes: “Arcano 2: No, negativo únicamente pudimos obtener inclinación sobre un sujeto... es abogada y ya fue reconocida por todo el personal. Arcano 5: Esperamos que si está la manga no aparezca el chaleco”. Esta última frase se ha convertido en el símbolo de que sí hubo desapariciones.

La mujer de la que hablan es Irma Franco. La guerrillera era una joven estudiante de la Universidad Libre que estaba haciendo una práctica en la Secretaría del Consejo de Estado, probablemente como inteligencia para el M-19. Varias víctimas cuentan que en el momento de la toma ella les apuntó con un arma y los condujo hasta uno de los baños. Allí, más de 70 personas, entre ellos varios magistrados, pasaron la noche secuestrados por el comandante del M-19, Andrés Almarales.

El baño se convirtió en un escenario dantesco de esa tragedia. Quienes estuvieron allí la recuerdan como una “monita pecosa” que vestía botas, medias negras y falda escocesa, y que intentaba tranquilizar a los rehenes y les indicaba cómo evitar que las explosiones les reventaran los oídos. Cuando la situación se volvió incontenible, ella fue una de las que le pidieron a Almarales que permitiera la salida de los heridos y las mujeres. Así logró salir infiltrada con ellos.

En la Casa del Florero, quienes habían sobrevivido en el baño (en el que murieron varios magistrados) la identificaron como miembro del M-19. Más de cinco personas aseguraron haberla visto en el segundo piso. El soldado que la custodiaba, Édgar Moreno, le contó al juzgado que Irma le escribió su teléfono en la mano y le pidió que se comunicara con su familia para avisarles que estaba bien. El joven, que solo estuvo un par de horas con ella y luego fue relevado de esa misión, cumplió esa promesa sin saber qué pasó con ella después. Uno de los testigos señaló que salió escoltada el 7 de noviembre de 1985 alrededor de las seis de la tarde en un campero. Agregó que se decía que pudo haber dado información sobre lugares donde se reunía el M-19 y acciones que el grupo tenía en mente, y que después la habrían asesinado y enterrado en el sitio donde hacían actividades de polígono.

El fallo reconoce que el caso de Irma Franco es excepcional. En este tipo de delitos no se suele dejar rastro, sin embargo, su proceso “cuenta con abundante prueba directa para tener certeza de su desaparición forzada”. Incluso, el coronel Alfonso Plazas reconoció que ella podía ser la única víctima de ese crimen y señaló varias veces que el B2 era responsable de lo que le ocurrió. A pesar de eso, y de que Sánchez reconoció que tenía a la abogada en su poder e Irma nunca apareció, no lo condenan por esta desaparición pues había sido ya objeto de un fallo previo.

En efecto, la condena al coronel se fundamenta en la desaparición de dos empleados de la cafetería: el administrador Carlos Rodríguez y Bernardo Beltrán, uno de los meseros. Al primero lo reconoció su familia en un video saliendo del Palacio de Justicia y un magistrado auxiliar dijo haberlo visto luego en la Casa del Florero. Beltrán, por su parte, fue mencionado por Yamid Amat en el listado de sobrevivientes y luego también resultó identificado en un video.

Sobre las personas de la cafetería un dato adicional deja mal parado al coronel. Varios familiares aseguraron que, en ese entonces, él les dijo que no buscaran más pues sus parientes no eran víctimas sino miembros del M-19. “El tipo charló buen rato con nosotros. Después él manifestó que los nueve de la cafetería estaban desaparecidos, pero porque se habían ido para el monte… que ellos habían sido los encargados de haber entrado uniformes, comida y municiones”, dijo Jairo Arias, el esposo de Lucy Amparo Oviedo, una de las trabajadoras de la cafetería cuyos restos aparecieron hace unos meses por cuenta de las investigaciones de la Fiscalía.

Esos testimonios para el juez sustentan las sospechas sobre las personas de la cafetería y que, por lo tanto, ellos también pudieron haber sufrido interrogatorios y posteriormente ser víctimas de desaparición forzada. Por eso, el coronel fue condenado a 40 años de cárcel como coautor de esas desapariciones.

Sin embargo, no es muy probable que el militar cumpla esa condena. Primero, porque esta llega 30 años tarde, cuando Sánchez tiene cerca de 70 años y, según su abogado, sufre graves quebrantos de salud y ha perdido más del 90 por ciento de la vista. Esto hace posible que al coronel le permitan cumplir su pena cuando esté en firme en alguna guarnición militar o en su casa.

Pero, más allá de eso, no se ve posible que ad portas de la firma de la paz, cuando muchos guerrilleros podrían recibir penas simbólicas, un miembro de las Fuerzas Armadas que se excedió y cometió crimenes por combatir la insurgencia termine 40 años tras las rejas. El coronel tendrá la posibilidad de acceder a los mecanismos de justicia transicional en los que los militares contarán con beneficios simétricos a los de las Farc.

Así, esos 40 años podrán terminar en una pena mucho menor que no implique necesariamente cárcel. Pero el mecanismo tiene un problema que Sánchez y los demás militares judicializados tendrán que enfrentar. El requisito fundamental para obtener esos beneficios es contar la verdad, que en otras palabras significa reconocer su responsabilidad. Este es un dilema moral para las Fuerzas Armadas y muchos altos mandos seguramente preferirán estar en la cárcel que admitir que cometieron delitos de lesa humanidad.

Sin embargo, en el acuerdo de justicia que el gobierno firmó con las Farc hay varias garantías para ellos. La primera es que en los mecanismos de justicia transicional no se aceptarán las teorías de la cadena de mando y la responsabilidad mediata que han sustentado las condenas del coronel Plazas Vega, el general Arias Cabrales y, en parte, el coronel Sánchez.

Otra interpretación favorable podría ser que la condición de contar la verdad no necesariamente requiere confesar los crímenes, sino que la persona entregue su versión de lo que sucedió.

En ese escenario, estos militares podrían tener una segunda oportunidad. Así, es muy probable que los procesos del palacio que parecen estar terminando vuelvan a comenzar, pero en el tribunal que se establezca para la paz.

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