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| 2/27/2014 12:00:00 AM

Una semana de reveses para Maza Márquez

Por cuenta de falsas acusaciones hechas por el DAS y la Dijín a tres personas, en el caso Galán, la Nación deberá pagar $3.000 millones.

Parece que esta es la semana de pasión para el general (r) Miguel Maza Márquez, tan sólo 24 horas después de que la Corte Suprema de Justicia le negó su libertad. Ahora el Consejo de Estado en una sentencia lo señala como responsable de la privación injusta de la libertad de tres hombres que fueron señalados de ser autores materiales del crimen de Luis Carlos Galán.

El Consejo de Estado condenó a la Policía Nacional y a la Fiscalía General a pagar una indemnización de más de 3.000 millones de pesos por la privación injusta de la libertad de Alberto Alfredo Júbiz Hasbum, Héctor Manuel Cepeda Quintero y Norberto Hernández Romero, quienes fueron sindicados de haber participado en el homicidio Luis Carlos Galán, ocurrido el 18 de agosto de 1989 en Soacha, Cundinamarca.

Los tres hombres permanecieron detenidos por más de tres años, en diferentes cárceles, sindicados de ser los autores materiales del homicidio con fines terroristas del entonces candidato presidencial y de otras dos personas que lo acompañaban el día de los hechos.

El Consejo de Estado también encontró demostrado en el proceso el actuar gravemente culposo de los generales Miguel Alfredo Maza Márquez y Óscar Eduardo Peláez Carmona, quienes para la época de los hechos se desempeñaban como director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y director de la Dijin de la Policía, respectivamente, debido a que actuaron de manera ligera al culpar a los demandantes del magnicidio, sin que existiera una decisión judicial.

“De los máximos responsables de los principales organismos de seguridad, inteligencia e investigación del Estado, para la época de los hechos, no se podía esperar, ni exigir, sino actuaciones ponderadas, extremadamente prudentes y particularmente cuidadosas, máxime en un asunto tan delicado, de tanta trascendencia y de tan graves repercusiones tanto para la vida institucional y democrática del país, como para quienes resultaron ser señalados por esos organismos estatales de la realización de semejante magnicidio”, afirma la sentencia.

Por tal motivo, los generales Maza Márquez y Peláez Carmona fueron condenados a reintegrarle al Estado, en el 50 % cada uno, las sumas de dinero que las entidades demandadas deben pagar como consecuencia de la condena impuesta por el Consejo de Estado.

Igualmente, el fiscal general de la Nación y el director de la Policía Nacional tendrán dos meses para realizar un acto solemne de presentación de excusas públicas a las víctimas y sus familias por haber trasgredido sus derechos a la libertad personal, al debido proceso, a la presunción de inocencia y al buen nombre y la honra.
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