Caso grafitero: juez niega pedido de nulidad

En audiencia preparatoria del proceso por la muerte de Diego Felipe Becerra, el juzgado 43 negó la solicitud de nulidad que había sido interpuesta por la defensa de Wílmer Alarcón.

El abogado del patrullero apeló la medida, por lo que el proceso se suspende hasta que el Tribunal Superior de Bogotá resuelva el recurso.

El delegado de la procuraduría se mostró de acuerdo con la decisión del juez de negar la nulidad, y agregó que la defensa no manifestó sus objeciones en el momento oportuno.

El pasado 7 de mayo, la Fiscalía le imputó a Wílmer Alarcón el delito de homicidio agravado por la muerte del joven grafitero que perdió la vida el 19 de agosto del 2011 en el norte de Bogotá por un disparo en la espalda.

¿Un falso positivo?

El hecho fue identificado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) como uno de los casos de ejecuciones extrajudiciales que se presentaron en el 2011 en Colombia.

Juan Carlos Pinzón, ministro de Defensa, respondió en una carta al comisionado, Todd Howland, rechazando que el caso del grafitero fuera considerado como una ejecución extrajudicial: "A pesar de lo doloroso del caso, para la institución (la Policía Nacional) y este Ministerio resulta inaceptable equiparar que la actuación obedeció a una ejecución extrajudicial".

Pinzón argumenta que los casos que registra la Oacnudh son “objeto de investigación por la Fiscalía General de la Nación, por lo cual consideramos jurídica y políticamente improcedente el término de ejecuciones extrajudiciales".

Pero la defensa de la familia de Becerra respondió a la carta diciendo que "es poco afirmar que se trata de una ejecución extrajudicial".

En el proceso surgió el testimonio de un conductor de bus de servicio público, Jorge Narváez, quien inicialmente aseguró sufrir un atraco por parte del joven Becerra la noche de los hechos, como parte de la versión según la cual Becerra habría robado al bus y en la fuga recibió el disparo del agente, que supuestamente lo perseguía.

Pero el conductor cambió su versión y aseguró que el asalto se había registrado el día anterior, lo que desvirtuó esta tesis. La familia del joven señaló esta versión como una maniobra para desviar la investigación y acusó al chofer de falso testimonio.

Además, se investiga si la escena del crimen fue alterada.

El proceso inicialmente fue asumido por la justicia penal militar, pero una decisión del Consejo Superior de la Judicatura lo devolvió a la justicia ordinaria.