Caso grafitero: “Somos inocentes”, dicen policías

La investigación por la muerte de Diego Felipe Becerra, se ha convertido en todo un reto para la Fiscalía. La entidad se ha empeñado en demostrar las supuestas fuerzas oscuras y la manipulación que supuestamente hay detrás del homicidio. Hoy en día, por los hechos, hay nueve personas procesadas.

En el caso particular de los excomandante de la Estación de Suba y el exsubcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, los coroneles José Javier Vivas Báez y Nelson de Jesús Arévalo -respectivamente- fueron capturados y llevados este jueves ante un juez de control de garantía. Se les señala de participar, presuntamente, en la manipulación de la escena del crimen, ocurrido el 19 de agosto de 2011.

A ambos oficiales la Fiscalía les imputó los delitos de falsedad en documento público, fraude procesal, porte ilegal de armas y favorecimiento de homicidio, además de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Los cargos que no fueron aceptados por los acusados.

Una de las pruebas ‘reina’ con las que cuenta la entidad es el interrogatorio rendido por el patrullero de la Policía Freddy Navarrete -procesado también por los mismos hechos- quien dijo a la Fiscalía todo lo que supuestamente conoció el día en que Becerra murió.

“La escena nunca estuvo protegida, se permitió la plantación de un arma y todo esto se hizo con la anuencia del comandante del CAI de Bogotá y el subcomandante de la Policía Metropolitana”, señaló el fiscal Olmedo Buitrago al referirse a lo dicho por Navarrete.

Pero las explosivas declaraciones de Navarrete no quedaron ahí. El uniformado le dijo a la Fiscalía, además, que el coronel Arévalo fue el encargado de hacer la coordinación de cómo se manejaría todo el incidente, tras la muerte de Becerra, en el mismo lugar de los hechos.

El patrullero aseguró a la Fiscalía que él fue el encargado de poner la cinta de seguridad, revisar la zona e indagar sobre si en el lugar había testigos de los hechos. También contó que se ordenó el traslado de una pistola al lugar para ser utilizadas en el presunto montaje, que buscaba justificar el disparo del patrullero Wilmar Alarcón, contra el adolescente.

“Pacto sepulcral”

Aseguró Navarrete al ente acusador que Alarcón debió pagar entre 250.000 y 300.000 pesos por el arma que al parecer se puso en la escena del crimen. Aunque asegura que desconoce quién estuvo detrás de esa orden, indicó que Arévalo era el que mandamás.

Así mismo, salpicó con sus declaraciones al abogado Héctor Hernando Ruiz, quien fue en su momento defensor de Alarcón y hoy hace parte de los investigados. Del jurista dijo que fue el encargado de limpiar el arma con un pañuelo y luego ponerla en el sitio.

Finalmente, Navarrete aseguró que el entonces comandante del CAI de Suba le ordenó a Alarcón que se lavara las manos con orines y que a los demás Policías les dijo que buscaran la forma resguardar el arma para que no quedara a la vista.

El policía también indicó que todo lo ocurrido se hizo bajo un “pacto sepulcral”2, por lo que lo ocurrido no podría ser conocido por nadie. Todo al parecer buscaba proteger a Alarcón a quien “consideraban una buen policía”.

Sobre Vivas, se dijo durante la diligencia por parte de la Fiscalía que como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá conocía todos los hechos que rodearon la muerte de Becerra, lo que lo convertiría en responsable al igual que los demás. “Hizo presencia en la escena o lugar de los hechos antes de la 0:25 de la mañana antes de que fuera alterada la escena del crimen”, dijo el fiscal.

La otra imputada

Sobre Nubia Mahecha Melo, la compañera sentimental de Jorge Narváez (conductor de colectivo que aseguró que Diego Felipe cometió un robo en su vehículo), la Fiscalía dijo que ayudó a que se acreditara la denuncia sobre el supuesto hurto, con lo que se buscaba mostrar al joven como un criminal.

El ente acusador le imputó a Mahecha los delitos de falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento de homicidio. Cargos que no aceptó.

Durante la diligencia ocurrió también un hecho bochornoso para la Policía: una mujer fue retirada por ser miembro de inteligencia de la institución y estar -al parecer- grabando la diligencia sin autorización.

Tras la imputación, la juez deberá resolver si dicta medida de aseguramiento a los tres procesados. Para los dos oficiales la Fiscalía pidió que sean enviados a la cárcel, mientras para Mahecha solicitó detención domiciliaria.