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| 2/4/2015 4:20:00 PM

Caso hacker: Fiscalía acusa a militares y policías detenidos

El ente acusador radicó el escrito de acusación contra cuatro uniformados salpicados por Andrés Sepúlveda.

Semana.com conoció en exclusiva el escrito de acusación que radicó la Fiscalía General de la Nación contra los militares y policías capturados luego de las declaraciones del ‘hacker’ Andrés Sepúlveda, el mismo hombre que trabajó en la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga y al que se le señala por haber obtenido ilegalmente información acerca del proceso de paz que se adelanta con las FARC en La Habana.

El documento narra las actuaciones de los cuatro uniformados -capturados por el CTI de la Fiscalía tras una investigación que ya lleva un año- y cómo los detenidos traficaron, por ejemplo, con datos obtenidos en la fachada ‘Andrómeda’, lo que incluye las bases de datos que manejan los organismos de seguridad del Estado.

Según declaró Sepúlveda, dicha información iba a parar a sus manos por considerables sumas de dinero y tenía que ver con los datos personales de los negociadores de la mesa de diálogos, así como con sus comunicaciones, en las que se revelaban detalles del proceso.

El proceso se inició en agosto del 2014, cuando la Fiscalía capturó al patrullero de la Sijin de la Policía Ignacio David Parra Amín, señalado de venderle a Sepúlveda información secreta. Hasta entonces, se convertía en el primer miembro de la fuerza pública aprehendido por el escándalo.

Posteriormente, en octubre pasado, miembros del CTI capturaron a tres de las cuatro personas identificadas que estarían detrás de las ‘chuzadas’. Se trata de Carlos Alberto Betancur, alias ‘Bender’, quien es cabo del Ejército; Luis Humberto Moreno Montes, también cabo, y Wilson Leonardo Torres, funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Todos están en custodia del ente acusador.

Contra el policía

El patrullero Parra Amín, de 36 años, se encuentra actualmente privado de la libertad en el centro de reclusión para miembros de la Policía Nacional en Facatativá. Su nombre salió a flote luego que se determinó -tras un allanamiento a la oficina del ‘hacker’ y analizar la información encontrada- que Sepúlveda no sólo accedía ilegalmente a sistemas informáticos, sino que compraba información secreta y reservada a funcionarios del Estado.

Según el escrito de acusación, el policía vendía información de inteligencia. La Fiscalía lo acusó formalmente de los delitos de espionaje, cohecho propio y violación de datos personales, en calidad de presunto autor. Más concretamente, habría obtenido una base de datos denominada ‘Espejos’, en la que se encuentran todos los datos personales recolectados respecto de los miembros de las FARC, así como registros SPOA y Sioper, que son de consulta de la Policía Nacional.

Se le señala, además, de haber revelado un archivo de presentación de inteligencia de la Policía Nacional sobre terrorismo, especialmente en lo referente al ELN y a las FARC, información que habría resguardado en un disco duro personal, la sustrajo de la SIJIN y, posteriormente, se la ofreció y se la vendió al ‘hacker’.

“El patrullero recibió dinero para provecho propio ejecutando actos contrarios a sus deberes oficiales”, relató el documento. “El señor Parra Amín reveló secreto militar que tiene relación directa con la seguridad del Estado (…) tenía total capacidad de comprensión y sabía que su actuar estaba prohibido por tratarse de un servidor”, añadió.

Contra ‘Bender’

En un segundo folio, de más de 200 páginas, está las acusaciones contra los militares. En primer lugar está la del cabo del Ejército Carlos Alberto Betancur Sánchez -‘Bender’-, de 29 años, quien está detenido en el centro de reclusión militar, también en Facatativá. Se le señala formalmente de los delitos de cohecho propio y espionaje.

Su investigación, dice el documento, nace de un informe ejecutivo que indica que, en la URI del nivel central de la Fiscalía, alguien dejó un escrito en el que advierte que Sepúlveda monitorea el proceso de paz en el Habana, a través del ‘hackeo’, y que sabotea portales gubernamentales. Por esta razón, el CTI allana su oficina el 5 de mayo del 2014.

En la diligencia Sepúlveda admite lo siguiente: “Modificar información usando un software malicioso, ingresar a cuentas de correo electrónico, usar redes sociales para interceptar datos informáticos y, finalmente, realizar accesos abusivos a los sistemas de información”.

Por ello, la Fiscalía procede a capturarlo en flagrancia. Tiempo después, le imputó cargos por acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales, espionaje y concierto para delinquir.

Un día después del allanamiento, el ‘hacker’ rinde interrogatorio y es cuando menciona a ‘Bender’. Según su declaración, el suboficial fue quien le ofreció en venta herramientas propias que tenían información de las FARC y sobre el proceso de paz, además de una herramienta para monitorear teléfonos BlackBerry.

El negocio que hacen es el siguiente: 100 cuentas de correos electrónicos de los negociadores de la mesa de La Habana, con sus claves, por 100 millones de pesos. Al final, Betancur Sánchez sólo entregó 20 cuentas, de las que Sepúlveda sólo pudo abrir tres. Además, le vendió un software malicioso denominado Geolocator.

En este punto -dice el escrito-, la declaración de Sepúlveda coincide con la de otros ‘hackers’ que han colaborado con la Justicia: uno de nacionalidad española y otro ecuatoriano.

En medio de la investigación, un testigo de la Fuerza Aérea Colombiana le dice a la Fiscalía que ‘Bender’ es el sobrenombre de Carlos Alberto Betancur en el mundo virtual. De esta manera, dice la Fiscalía, “Betancur Sánchez vulneró los bienes jurídicos de la existencia y seguridad del Estado y de la Administración Pública”.

Los otros dos militares

Pero, la declaración de Sepúlveda salpicó a dos militares más, con quienes habría sostenido negociaciones que derivaron en la venta de información de carácter secreto. Se trata del cabo del Ejército, Luis Humberto Moreno y Wilson Leonardo Torres, agente de la DNI.

Según la investigación, Torres fue quien le entregó a Sepúlveda la base de datos del Grupo de Atención Humanitaria para el Desmovilizado (GAHD) y le recibió a cambio el dinero. A dicha base de datos tenía acceso directo el cabo Moreno. Por el negocio cobraron 8 millones de pesos pero, al final, solo recibieron tres.

Ambos, “obtuvieron, emplearon y revelaron secreto militar relacionado con la seguridad del estado, teniendo en cuenta que el GAHD encontramos documentos de carácter secreto y ultrasecreto”, dice el escrito de acusación.

Esto, dice el documento, porque se trata de la información de todos los desmovilizados de la guerrilla colombiana desde el año 1993 al 2008. “En dicha base de datos se encontraron documentos como Omebas y Ominas, que son objetivos de alto valor militar y estatal”.

Ninguno de los tres militares aceptó cargos. Sin embargo, la Fiscalía acusó formalmente a Torres y a Moreno, por los delitos de cohecho propio, violación de datos personales agravada y espionaje. ¿Qué otras revelaciones traerá este sonado proceso?
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