“Montealegre me juzga sin saber que pasó en la audiencia”

La juez décima penal del circuito Teresita Barrero aseguró que el fiscal general, Eduardo Montealegre, dejó en entredicho su buen nombre al criticar la decisión en la que ella anuló la imputación de la Fiscalía en contra del hacker Andrés Sepúlveda, y además determinó revocarle la medida de aseguramiento.

“Yo me siento afectada. Yo llevo muchos años luchando contra la corrupción, desde el punto de vista de los cargos que he desempeñado. Yo no he sido magistrada, no he sido fiscal delgada ante el Tribunal siquiera, pero me he preparado durante toda la vida para asumir la responsabilidad de lo que significa juzgar a un ser humano”, dijo.

La funcionaria añadió lo dicho por la Fiscalía a la hora de presentar hace un mes a Sepúlveda ante un juez de control de garantías dejó entrever que “no era un ciudadano del común al que se estaba trayendo ante un juez para atribuirle unas conductas punibles”.

Para la juez, el anuncio del fiscal general de investigarla por el delito de prevaricato por acción no sólo la afecta a ella, sino a todos los funcionarios que imparten justicia en el país “porque cuando no estamos de acuerdo con las decisiones que se toman, el mensaje que se envía es que cometió un delito porque no nos hizo caso. Significaría que tenemos que arrodillanos, ya no ante un Estado de Derecho, sino ante algo muy parecido a la tiranía o la dictadura”.

Manifestó que le extrañó la actuación del fiscal general de la Nación, de quien dijo sabe es un hombre brillante y estudioso del tema penal. Además señaló que no entiende cómo Montealegre la juzga si muy seguramente no conoció qué fue lo que sucedió en la audiencia.

“Siempre he considerado al señor Montealegre un hombre brillante intelectualmente, yo no comprendía prácticamente el mensaje que él me estaba enviando, que me había compulsado copias para que se me investigara por prevaricato, porque la primera situación que pude abordar fue que él no estuvo en la audiencia de primera instancia y tampoco en la audiencia de segunda instancia, donde emitimos la decisión el día de ayer (lunes)”, dijo.

La funcionaria defendió su fallo y dijo que ella de manera estudiosa analizó jurisprudencias de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Tribunal Superior de Bogotá antes de tomar la decisión que dejó en libertad a Sepúlveda.

¿Error de la Fiscalía?

La juez aseguró que la Fiscalía no presentó el mínimo de prueba que le permitiera a ella saber que Sepúlveda podría estar vinculado con los delitos que se le imputaron, por lo que no tuvo más que aplicar la normatividad en su determinación.

“Al revisar el audio me doy cuenta de que, al parecer, la Fiscalía hizo traslado de algunos elementos de prueba, pero en el audio no quedó. Tal vez lo examinó la señora juez y la defensa, pero no quedó en el audio. Es regla del Sistema Penal Acusatorio que solo funciona lo que está grabado, yo no me puedo referir a un elemento de prueba que yo no conocí”, dijo.

Explicó que de la formulación de imputación depende la medida de aseguramiento, esto de acuerdo con el delito que se atribuya al procesado se podrá imponer la privación de la libertad. Dijo que la Fiscalía no sustentó con pruebas la gravedad de las conductas que supuestamente cometió Sepúlveda.

“En el caso que nos ocupa tuvimos que analizar la formulación de imputación para poder resolver si era viable o no la medida de aseguramiento que se le impuso al señor Sepúlveda. Con todo el respeto, es muy gaseoso el argumento de la Fiscalía frente a cada uno de los cuatro delitos que imputó”, expuso.

Añadió que si bien “no es obligación de la Fiscalía entregar pruebas en audiencia de imputación, cuando solicita la medida de aseguramiento, si tiene que entregar un mínimo de prueba para acreditar que esa imputación que hizo efectivamente”.

Por ahora, la juez deberá esperar la investigación, mientras Sepúlveda volverá a ser presentado este martes ante un juez de control de garantías tras su recaptura. Le imputarán los delitos de espionaje, acceso abusivo a sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y concierto para delinquir.