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| 1/24/2015 10:00:00 PM

Las cuatro claves del interrogatorio a Zuluaga

SEMANA analiza todas las implicaciones de la decisión del Fiscal contra el excandidato presidencial del Centro Democrático.

La controversia que se ha generado alrededor de la entrevista que el fiscal Eduardo Montealegre dio en La W, en la cual anunció entre otras cosas la llamada a interrogatorio de Óscar Iván Zuluaga y su hijo David, debe ser analizada bajo cuatro parámetros: 1) ¿Son verdad las acusaciones? 2) ¿Son delito? 3) ¿No debieron haber sido anunciadas en radio? 4) ¿Cuáles son las implicaciones políticas?

1. ¿Son verdad los cargos?

Los hechos por los cuales fueron llamados a interrogatorio Óscar Iván Zuluaga y su hijo son reales. Hay dos tipos de confesiones que constituyen la base de esa investigación: la de los hackers y la del contador de la campaña. Los primeros, porque Andrés Sepúlveda no era el único hacker, pues su compañero de trabajo, un español de nombre Rafael Revert, fue quien lo denunció ante la Fiscalía y quien grabó el famoso video de Zuluaga en la oficina de este. Pero eso ya se sabía. La novedad es la confesión del contador de la campaña Carlos Álvarez, que es la que le dio un giro a todo ese episodio.

Los hechos confesados a la Fiscalía por esas personas son los siguientes:

Andrés Sepúlveda: el hacker protagonista del escándalo contó que fue contratado por la campaña de Óscar Iván Zuluaga y que parte de sus funciones eran conseguir información para atacar al candidato rival y al proceso de paz. Sepúlveda confesó que interceptó las cuentas de correo electrónico de Pacho Santos cuando Zuluaga competía con él en la convención uribista. También aceptó que sobornó a miembros de Inteligencia para obtener información reservada, que posteriormente utilizó para diseñar una página web con el fin de desprestigiar los diálogos de La Habana. En esta publicó información y fotografías consideradas confidenciales por las Fuerzas Armadas.

El español: Rafael Revert ha contado que apenas se dio cuenta de las irregularidades decidió acudir a la Fiscalía. Fue el primero que informó a las autoridades que Sepúlveda estaba contratado, entre otras cosas, para monitorear correos electrónicos y el proceso de paz. Aclaró que él no había visto a Óscar Iván Zuluaga sino una vez, el día que filmó el video, pues Luis Alfonso Hoyos, el asesor espiritual de la campaña, y David Zuluaga
eran quienes tenían el contacto con Sepúlveda.

El contador: el aporte del contador de la campaña, Carlos Álvarez, es haber revelado movimientos irregulares de dinero. Sus declaraciones se refieren principalmente a David, el hijo de Óscar Iván Zuluaga.  El contador asegura ante el ente acusador, que el hijo del entonces candidato hizo varias transacciones bancarias a favor del hermano de Sepúlveda por un valor de 230 millones de pesos. Ese giro no quedó consignado en la contabilidad de la campaña, pero en los registros que el Centro Democrático entregó al Consejo Nacional Electoral aparece que la campaña le adeuda a David esos 230 millones. Álvarez dice que no sabe si finalmente le pagaron a  David, pero que supone que ese pago iba a hacerse con los dineros de la reposición de votos. La Fiscalía ha encontrado otros dos pagos adicionales por cerca de 100 millones, uno de los cuales se hizo cuando Sepúlveda ya se encontraba detenido.

Esta declaración del contador fue la que dio un giro al proceso, al punto que sin su testimonio la Fiscalía quizás no habría llamado a interrogatorio ni al candidato ni a su hijo. Como David Zuluaga era el representante legal de la campaña, es él a quien le corresponde dar explicaciones sobre cualquier interrogante que exista sobre el proceso electoral.

2. ¿Son o no delitos?

 La Fiscalía llegó a un preacuerdo con el hacker Sepúlveda quien aceptó haber cometido cinco delitos a cambio de rebajar su pena de 15 a diez años de cárcel, lo cual le puede representar cinco o seis años reales tras las rejas. Sepúlveda aceptó los cargos de espionaje, concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso y violación de datos personales.

Los últimos tres cargos son innegables. Sepúlveda utilizó un software pirata para acceder ilegalmente a cuentas de correo electrónico, entre las cuales estaba la de Pacho Santos y la de algunos negociadores en La Habana. Como este software fue creado exclusivamente para hacer interceptaciones a terceras personas, los cargos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos están automáticamente confirmados. Fuera de su testimonio, la Fiscalía tiene evidencia forense de estos delitos pues incautó los discos duros en donde se encuentran los correos interceptados.

El cargo de espionaje suena más grave de lo que realmente es. Aunque evoca a James Bond o a John Le Carré, consiste en que Sepúlveda confesó que les había pagado a miembros de las Fuerzas Armadas por información reservada. Él utilizó parte de esta para atacar el proceso de paz. En sus computadores la Fiscalía encontró archivos secretos de la inteligencia colombiana. La definición de espionaje en el Código Penal hace referencia explícita a quien “indebidamente obtenga, emplee o revele secreto político, económico o militar relacionado con la seguridad del Estado”. Como los pagos del hacker fueron por secretos militares, la Fiscalía consideró que se trataba de un caso de espionaje.

Pero ahí hay lugar a la interpretación. Afirmar que las acciones de Sepúlveda ponían en peligro la seguridad colombiana sería una exageración. El espionaje se asocia más con la Guerra Fría, la guerra económica de grandes secretos o con  conflictos entre países, que con las actividades de un hacker arrogante y fantasioso de 30 años que, según él mismo, ni siquiera ha conocido el mar. El general Javier Rey, quien supuestamente le habría entregado al expresidente Uribe las coordenadas del lugar donde sería recogido un guerrillero de las Farc para viajar a Cuba, está acusado no solo de espionaje sino de traición a la patria. Este cargo ha sido también bastante polémico.

En un país que tradicionalmente ha sido laxo en materia de sanciones a la obtención ilegal de información, darle de un momento a otro una categoría tan grave a las actividades de un hacker es interpretado por muchos como una persecución política. No es sino recordar que Andrés Pastrana hizo públicos los narcocasetes diciendo que se los dio un anónimo en un corredor de un hotel. Igualmente Horacio Serpa dio a conocer la confesión de Santiago Medina diciendo que alguien se la había dejado en un sobre debajo de la puerta. Obviamente esas versiones eran falsas y simplemente los receptores de información reservada no querían revelar sus fuentes. Sin embargo, la diferencia entre lo que hizo Sepúlveda y los casos que se ven todos los días es que la información por la cual él pagaba estaba clasificada como “secretos militares”. Aunque se trataba de secretos aparentemente
inofensivos, estaban clasificados dentro de esa categoría.

Respecto al concierto para delinquir, este es siempre el delito más grave pues es el que da más años de prisión (contempla una pena mínima de ocho años) y no es excarcelable. Según la definición del Código Penal, se configura“cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos”. Este es un concepto tan amplio que le da a la justicia un margen de interpretación infinito. Casi todos los delincuentes tienen cómplices, pero eso no necesariamente los convierte en una organización criminal estructurada. La tesis de la Fiscalía parece ser que entre el militar que vende la información, el hacker que la recibe, el hijo de Zuluaga que da la plata y Zuluaga que era el candidato, podría haber un concierto para delinquir. Esa lectura jurídica tiene algo de caricatura y va a ser muy difícil de probar ante un juez, al menos en el caso de los Zuluaga. Una campaña presidencial tiene docenas de ramificaciones y aunque a nivel individual se comentan irregularidades, de ahí no se puede deducir que se trataba de una banda que se estructuró para delinquir.

Vale la pena aclarar que atacar el proceso de paz no es delito, es simplemente un acto de oposición legítima. Desprestigiar a los contradictores en una campaña política tampoco lo es, a menos de que se injurie o calumnie. Puede ser no ético y hasta ruín, pero es legal. En el mundo anglosajón eso se llama ‘negative campaign’ que en la actualidad es el pan de cada día en muchas campañas electorales en el mundo. Por lo tanto, a Sepúlveda no se le han imputado cargos por tratar de sabotear el proceso de paz o la campaña de Santos, sino por delitos electrónicos que están consignados en el Código Penal.

3. ¿No debieron haber sido anunciadas en radio?


Al fiscal le han caído rayos y centellas por haber anunciado, en una entrevista en la W Radio, el llamado a interrogatorio a los Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos, antes de haberlos notificado formalmente. El Tiempo, El Espectador, El Nuevo Siglo, El Colombiano y muchos columnistas editorializaron criticando ferozmente esa salida. Montealegre fue acusado de mandadero del presidente, de pantallero, de no respetar el debido proceso y de perseguir a la oposición.

En un ambiente político tan polarizado, el fiscal tenía que saber que le iban a dar ‘palo’. Simplemente tenía que escoger entre el mejor de dos males: 1) llamar a interrogatorio a un ex candidato presidencial y jefe de la oposición a través de un escueto comunicado de prensa sin explicación de ninguna naturaleza o 2) explicarle a la opinión pública las razones de la decisión de la Fiscalía con la seguridad de ser acusado de mediático y de buscar protagonismo. A pesar del ‘palo’ que le han dado no es imposible que tuviera la razón al haber escogido el segundo camino. Vincular a Óscar Iván Zuluaga y a su hijo a un proceso penal sin explicar habría producido una tormenta más grande de la que se creó con el “pantallazo”. Montealegre habló con precisión en esa rueda de prensa. Quiso dejarle claro a la opinión pública la diferencia entre indagatoria e interrogatorio.

La primera tiene dimensión penal y la segunda, que fue a la que llamaron a los Zuluaga,  dimensión informativa. Reiteró varias veces que la prioridad era garantizarles a ellos “el derecho a la defensa”. Aunque la verdad es que tanta garantía dejaba también la impresión de que quería blindarse si algo se venía.

Si de verdad Montealegre tuviera una intención política en el caso de los Zuluaga, podría haberlos enredado prácticamente desde el comienzo, al fin y al cabo el hacker Sepúlveda confesó desde el primer día que sus actividades estaban supervisadas por David Zuluaga y Luis Alfonso Hoyos. Pasaron ocho meses antes de que tomara la decisión y solo se llegó a este punto cuando el contador confesó. Las vueltas que da la plata para llegarle a la familia del hacker fueron las que llevaron al interrogatorio.

Pero los malabarismos financieros son algunas veces menos graves que lo que parecen a primera vista. En Colombia lamentablemente esas prácticas se han vuelto muy comunes. Aunque jurídicamente esas piruetas se pueden llegar a encasillar en delitos graves como enriquecimiento ilícito, a veces corresponden al interés de no tener que pagar la retención en la fuente, no volarse los topes electorales o simplemente a consideraciones logísticas del pago por solicitud de una de las partes. Claro que pueden ser movimientos irregulares y cuestionables,  pero no necesariamente constituyen delitos y las sanciones son más de tipo tributario o electoral que de cárcel. El llamado a interrogatorio ante esas evidencias es justificable, pero es previsible que la explicación va a ser más trivial de lo que los antiuribistas especulan.

4. ¿Cuáles son las implicaciones políticas?


El argumento de Óscar Iván Zuluaga de que “nosotros somos oposición y no criminales” tiene acogida entre la mayoría de los colombianos. Óscar Iván Zuluaga tiene una trayectoria conocida desde hace décadas como un ciudadano ejemplar y su presencia de  media hora en un video con un hacker no va a cambiar esa hoja de vida. La defensa de su abogado, Jaime Granados, de que no está demostrado que era él quien estaba en esa reunión es ridícula y en lugar de servirle a la causa lo perjudica. En su condición de candidato no tiene que estar encima de todos los detalles de lo que sucede en una campaña y cualquier explicación que dé en ese sentido será creíble y entendible.

Con David, su hijo, la situación es más complicada. No solo porque los dos hackers lo han vinculado  directamente, sino porque el contador también lo hizo. A esto se suma que en la campaña se cometió el error de nombrarlo gerente y representante legal, lo cual era un despropósito teniendo en cuenta los riesgos que esto entraña y la experiencia que se necesita para poder andar en semejante campo minado como es una campaña presidencial. Zuluaga junior no solo es uno de los más pilos de su generación (filósofo de Harvard con estudios de doctorado en Princeton)  sino que viene de una casta familiar de grandes valores morales y mucho talante. Sin embargo, se le dio una responsabilidad demasiado grande siendo él demasiado joven. Los representantes legales de las campañas por lo general son pesos pesados en el mundo de la política o de la gerencia como Luis Prieto Ocampo, Fabio Echeverry o Roberto Prieto. David tenía apenas 24 años y su vida había transcurrido en las aulas universitarias del exterior, como ratón de biblioteca y ajeno a los intríngulis de la guerra por el poder. Pero  más allá de su formación y su entorno familiar, Zuluaga junior tiene serias  acusaciones y tendrá que explicarlas ante la justicia.

Lo paradójico es que en esta controversia le ha caído más agua sucia al fiscal que a los llamados a interrogatorio. No son pocos los colombianos que creen que las medidas de la Fiscalía se consultan previamente con el presidente para atacar a sus enemigos y fortalecer el gobierno. Ese cargo es absurdo. Algunas posiciones del fiscal corresponden con las del gobierno, sin duda, pero en varias ocasiones esa coincidencia le ha hecho daño a la imagen de ambos. Montealegre puede ser locuaz, mediático, imprudente y tener convicciones jurídicas, ideológicas y políticas no muy populares, pero eso no significa que sus decisiones sean coordinadas con la Casa de Nariño. Esa asociación, que tiene cierta acogida en algunos sectores, en este caso le ha hecho daño no solo a la imagen del fiscal, sino a la del presidente.

El proceso de Zuluaga, va a ser en todo caso, no solo el más difícil que le va a tocar manejar a Montealegre sino uno de los más polémicos de los últimos años. Es previsible que a Óscar Iván Zuluaga no le vaya a pasar nada pues su distancia con los hechos se ha hecho evidente con el escándalo. También es un hecho que el hacker va a seguir en la cárcel puesto que ya negoció su condena. Dónde está el meollo del asunto está  en David y en Luis Alfonso Hoyos. Si son encontrados culpables de delitos que entrañan cárcel habrá una ola de indignación uribista con acusaciones de persecución política y solicitudes de garantías internacionales e incluso de asilo. Pero si los declaran inocentes se produciría igualmente una protesta entre los antiuribistas no menos grave. En ningún escenario el fiscal va a quedar bien. Para él, el caso de los Zuluaga es un pierde- pierde.
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