Caso Interbolsa: demandas a la vista

Dos escenas la semana pasada reflejan la encrucijada en la que quedó el país tras los cargos del procurador general, Alejandro Ordóñez, al superintendente financiero, Gerardo Hernández, y a seis directivos más de esa entidad. El señalamiento es que estos habrían tenido actuaciones “gravísimas y con dolo”, que supuestamente permitieron el descalabro de InterBolsa. 

La primera escena sucedió en Cartagena al comenzar la cumbre anual de los banqueros. Cuando Hernández iba a comenzar su intervención, el influyente auditorio lo sorprendió con  un sonoro aplauso de respaldo. Es muy poco común que un funcionario en la situación del superintendente financiero tenga una manifestación de apoyo de este tipo, cuando la tradición colombiana ha sido la prudente distancia con los funcionarios en problemas mientras resuelvan sus asuntos.

El otro episodio sucedió un día antes en la oficina del abogado Jaime Granados. Allí se adelantaba una reunión en la que participaban una docena de los más connotados abogados del país. El ambiente era de desesperanza tras evaluar que las actuaciones de la Justicia les cerraban las posibilidades reales de recuperar la totalidad del dinero de sus clientes. 

En ese momento fue la rueda de prensa del procurador, que llegó “como un bálsamo”, dice Granados, pues de confirmarse las acusaciones, les permitirá a sus clientes reclamar al Estado sus inversiones como responsable por no ser diligente en salvaguardar el patrimonio de los ciudadanos. 

Es por eso que con la intervención del procurador no solo está en juego la suerte de unos profesionales respetados que pueden ser destituidos, sancionados por 120 días o multados. Ahora el nuevo frente de debate es si con los dineros de los colombianos se terminarán cubriendo las multimillonarias irregularidades de la comisionista de bolsa.

La situación actual tiene similitudes con la que vivió el país tras el descalabro de las pirámides,  que desató más de 700 demandas contra el Estado cuyas pretensiones superan los 48 billones de pesos. En ese momento, como ahora, los demandantes alegan que el desfalco fue posible gracias a la omisión de los funcionarios. 

En el caso de las captadoras, la Justicia ha aceptado la defensa del Estado de que estas eran ilegales por lo que nadie era responsable de su funcionamiento, y que los rendimientos ofrecidos eran tan desproporcionados que los inversionistas conocían el riesgo. Por eso no ha prosperado ninguna demanda por pirámides. Pero no sería posible esgrimir estos argumentos en el caso de InterBolsa. 

No solo se trataba de una entidad vigilada y regulada por la Superintendencia Financiera, sino de la más grande, y su portafolio ofrecía unos riesgos razonables a las condiciones del mercado. 

De ahí que de si el procurador sanciona, será inatajable la lluvia de demandas. “Con uno solo que caiga es suficiente” dice Granados, quien calcula que solo por cuenta de los clientes que representa se podrían iniciar procesos con pretensiones superiores a los 60 millones de dólares. Pero nadie garantiza que con esa rendija abierta muchos aprovechen para buscar multimillonarias indemnizaciones, más aún cuando no está claro cuánto realmente está embolatado y se ha hablado incluso de cifras cercanas al billón de pesos, lo que ya es motivo de preocupación para Adriana Guillén, la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. 

El superintendente financiero Hernández ha dicho que “confía que podrá dar una respuesta satisfactoria a la Procuraduría”. Y tiene argumentos de peso. En InterBolsa hubo contabilidades ocultas que le impedían tomar medidas con base en información cierta y mostrará la sofisticada operación que logró engañar tanto los controles internos de la comisionista como su junta directiva y la auditoría, a las firmas que calificaban el riesgo de inversión en la comisionista, e incluso al propio Autorregulador del Mercado de Valores. 

El escándalo, por ahora circunscrito a los intereses de los inversionistas y en manos de la Justicia penal, con este nuevo desarrollo adquiere una importante connotación pública. Todo depende de lo que decida el procurador Ordóñez.