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| 2/28/2015 10:00:00 PM

Las decisiones de la Justicia en el caso InterBolsa

Las cabezas del descalabro de InterBolsa se enfrentan a largas condenas. Queda Víctor Maldonado, quien se fugó. ¿Se está haciendo Justicia?

Después de dos días de una extenuante audiencia, el juez 78 de control de garantías fue implacable: mandó a prisión a Juan Carlos Ortiz y a Tomás Jaramillo, las principales cabezas del Fondo Premium, compleja estructura de inversión creada por ambos en Curazao, representada y promocionada en Colombia por InterBolsa.

De nada valió que aceptaran tres de los cinco cargos que la Fiscalía General les imputó y que sus abogados esgrimieran que estaban dispuestos a colaborar con la Justicia. El juez encontró suficientes los argumentos del ente acusador, de los representantes de las víctimas y de la Procuraduría que pedían para ellos medida de aseguramiento en centro penitenciario.

Aunque fueron descritos como un peligro para la sociedad, la verdadera preocupación de las autoridades era que, al dejarlos en libertad, se pudiera entorpecer el curso del proceso investigativo. Además, después de lo sucedido con el empresario Víctor Maldonado, quien no se presentó a la audiencia y huyó del país, aumentó el temor de que Ortiz y Jaramillo pudieran tomar el mismo camino.

A las diez de la noche del jueves 26 de febrero, Juan Carlos y Tomás, en compañía de cuatro funcionarios más de Premium –Ricardo Martínez, Juan Andrés Tirado, Claudia Aristizábal y Natalia Zúñiga– fueron escoltados por agentes del CTI y trasladados a las instalaciones del antiguo DAS. La fiscal especializada, Alexandra Ladino, los acusó de cinco delitos: manipulación fraudulenta de especie (con la acción de Fabricato); estafa agravada; concierto para delinquir; captación ilegal y no reintegro de dinero. Los cargos tienen que ver con el desfalco ocurrido en el Fondo Premium que tiene a 1.027 víctimas reclamando 320.000 millones de pesos, dinero que por ahora está perdido.

Ortiz, Jaramillo y Martínez (representante legal de Andean Capital Market, una de las empresas de Premium y miembro de la junta directiva de Valores Incorporados, compañía relacionada con este fondo) aceptaron los tres primeros cargos y rechazaron el de captación ilegal y no reintegro de dinero, los más graves a la luz de la Justicia colombiana.

Pero los delitos que aceptaron no son menores. Por los tres, la pena puede subir hasta 25 años de cárcel. Sin embargo, por haberlos aceptado durante la primera audiencia, tienen derecho a una rebaja de hasta el 50 por ciento de la condena. Sin duda, esto es un triunfo para la Justicia, pues significa que ya hay una condena segura, cercana a los diez años. En otras palabras, la Fiscalía ya no tendrá que demostrar que cometieron estas faltas (manipulación de acciones, estafa y concierto para delinquir) y ahora lo que prosigue es cuántos años pasarán en la cárcel.

El vicefiscal Jorge Perdomo anticipó que el ente acusador solicitará la máxima pena posible, dada la gravedad de los hechos. Según el funcionario, este es un caso de estafa agravada en la modalidad de delito masa, es decir, que una gran cantidad de personas resultaron afectadas. A los clientes les prometieron que su dinero tendría un fin específico, una rentabilidad determinada y que se trataba de una inversión de bajo riesgo, cuando en realidad esto no se cumplió. Los investigadores de la Fiscalía concluyeron que había una organización delictiva que quería estafar y defraudar a personas incautas, dijo Perdomo.

En cuanto a los otros dos delitos que no aceptaron –captación y no reintegro de dinero– la situación es la siguiente. De no llegar a un acuerdo que les permita solicitar un principio de oportunidad, el proceso continuará su curso. Se trata de un cargo muy grave y al mismo tiempo complejo de probar, pero la Fiscalía está segura de que tiene evidencia contundente para llevarlos a juicio por estos delitos que implicarían una pena entre diez y 15 años adicional a la que tendrán por lo ya aceptado.

Para sustentar el delito de captación, las investigaciones han demostrado que algunos de los recursos que la firma comisionista InterBolsa conseguía entre sus clientes en Colombia no salían del país. En varias oportunidades los dineros fueron direccionados a otras compañías como Valores Incorporados, Rentafolio Bursátil y la Compañía Colombiana de Capitales, sociedades vinculadas con Premium. Estas, a su vez, les prestaban esos recursos a otras empresas y personas vinculadas o con alguna relación con InterBolsa, como Jaramillo, Ortiz y Maldonado.

Ahora bien, en este proceso queda pendiente la situación del empresario Víctor Maldonado, quien huyó del país. Aunque su abogado Iván Cancino solicitó que le permitieran atender la audiencia vía Skype, el juez lo negó. Su ausencia causó malestar no solo en la Fiscalía, sino entre las personas involucradas en el caso. De hecho, se sabe que Juan Carlos Ortiz pidió a Maldonado que se haga presente como ellos.

Según las investigaciones adelantadas por la Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades, Víctor Maldonado, por intermedio de sus empresas, se convirtió en el mayor beneficiario de Premium por medio de créditos que recibía. Aunque ha negado tener algo que ver con la supuesta captación, las autoridades encontraron que conocía el esquema de cómo operaba este fondo. Como mayor accionista de InterBolsa tenía información que le permitía estar al tanto del modus operandi de esta estructura.

La Fiscalía ha hecho saber que en los próximos días decidirá si utiliza los instrumentos de búsqueda internacional que tiene, para obligar a Víctor Maldonado a comparecer. Esto quiere decir que podría expedir una orden de captura en su contra. Se sabe que el empresario bogotano está en Miami, donde tiene varias propiedades.

El vicefiscal Perdomo afirmó que huir de la Justicia no es tan fácil hoy día. “La globalización ha llevado a que todas las agencias internacionales cooperen entre sí y tarde o temprano las personas son capturadas”.

Abogados que siguen el caso señalaron que la aceptación de cargos de Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo complicará la defensa de su exsocio y examigo Maldonado. Una eventual colaboración de estas dos personas llevará a que ayuden a esclarecer dónde está el dinero y en manos de quién se encuentra. En este caso, el dedo apuntará hacia Víctor Maldonado y Alessandro Corridori, este último actualmente en la cárcel.

La Fiscalía está evaluando si vincula al inversionista italiano al proceso Premium, puesto que todo indica que fue uno de los mayores beneficiarios de este fondo. Por ahora Corridori está en la Picota, acusado por varios delitos, entre ellos manipulación de acciones, cargo que no ha aceptado.

Cabe anotar que al proceso que se sigue por el Fondo Premium también han sido vinculados Rachid Maluf, Johan Alexánder Muñoz y Eric Andersen, director de Eclipse, quien era responsable y representante legal del Fondo Premium en Curazao. Los tres no estuvieron presentes en la audiencia de la semana pasada. Maluf estaría adelantando una negociación con la Fiscalía.

Un largo proceso


Por el descalabro de InterBolsa, ocurrido hace poco más de dos años, la Fiscalía ha abierto 39 procesos. Con las seis personas cobijadas con medidas de aseguramiento la semana pasada, ya van 13 funcionarios y directivos detenidos.

En centro penitenciario se encuentran Alessandro Corridori, Claudia Jaramillo, Javier Villadiego y Carlos Arturo Neira. Gozan de arresto domiciliario Rodrigo Jaramillo, Alvaro Tirado y María Eugenia Jaramillo. En libertad, pero vinculados al proceso, están Mauricio Infante, Álvaro Camaro y Luis Fernando Restrepo.

Los juicios de las anteriores personas apenas van a comenzar. El año pasado el paro judicial congeló todo. Rodrigo Jaramillo, presidente del Grupo InterBolsa, quien fundó la compañía en 1990, aceptó dos delitos: manipulación de acciones y administración desleal. Decidió irse a juicio por concierto para delinquir y operaciones no autorizadas.

La Fiscalía tiene pendiente un nuevo llamado para imputar cargos contra algunas personas del área comercial de InterBolsa. También en lista está la audiencia de condena contra Clemencia Soto –del grupo Corridori– quien aceptó los delitos.

Aunque todavía falta mucho trecho para ponerle fin a esta historia, todo parece indicar que se está haciendo Justicia en el escándalo financiero más grande de los últimos años. Por lo menos, en lo que hace referencia al castigo que recibirán los responsables. Sin embargo, en lo que tiene que ver con la reparación de las víctimas aún hay mucha más tela por cortar, pues los dineros encontrados hasta ahora no alcanzarán para que quienes confiaron en InterBolsa recuperen la totalidad de sus inversiones.

La dama de hierro

La fiscal del caso ha hecho gala de gran manejo de un tema técnico y complejo.

Hace poco más de dos años, cuando estalló el escándalo de InterBolsa, la fiscal Alexandra Ladino Pinzón pronunció una frase que hoy cobra especial importancia. Dijo entonces que no iba a permitir que este delito, de los llamados de cuello blanco, quedara en la impunidad y que los colombianos mantuvieran la idea de que la Justicia es para los de ruana.

Bajo esta premisa, se empeñó en estudiar el caso, que por lo técnico, resultaba demasiado complejo de escudriñar y descifrar. No se dejó intimidar por ello, ni tampoco porque al caso entraban, en una puja jurídica, algunos de los mejores abogados del país. Por aquellos días, además de desconocer el tema, ella se enfrentaba como única mujer a un proceso en el que todos los protagonistas eran hombres.

Con su tono de voz firme, clara y segura inició su trabajo. Preguntaba con gran honestidad. Sabía que tenía que entender hasta el más mínimo detalle del asunto, para armar sólidamente el acervo probatorio de este caso.

Con la misma disciplina de hierro con la que había brillado en sus épocas de estudiante empezó a aprender de delitos económicos en un curso acelerado cuyos sindicados son unos tiburones en el complejo mundo de la ingeniería financiera. Entonces, día a día, esta abogada de la Universidad Externado de Colombia con dos especializaciones en la misma institución empezó a nadar como pez en el agua en tan complejo asunto.

A través de las audiencias de imputación de cargos ha mostrado que se preparó bien. La defensa de Juan Carlos Ortiz, en una declaración llamativa, reconoció las virtudes de la funcionaria. Contó que ella sencillamente los descrestó en la audiencia de imputación de cargos al llegar con un arsenal de pruebas sólido y evidente que daban para “felicitarla”.

La fiscal no sonrió por este triunfo profesional. Serena, amable, optimista, mantuvo su temple. Rasgos que la identifican cuando se desempeña en su oficio en el búnker de la Fiscalía, donde además tiene asignada otra enorme cantidad de tareas como los falsos testigos. Siempre seria, cuidadosa de cada palabra que pronuncia, sin cambiar el tono de voz ni recurrir a la euforia, explicó: “La Justicia no puede ser solamente para los de ruana, y el material probatorio es suficiente para determinar que los sujetos realizaron actividades ilegales con dinero que les entregaban los socios del fondo”, dijo al enviar a los sindicados a la cárcel.

*Tomás Jaramillo
En una propuesta inicial de plan de desmonte del Fondo Premium, Tomás ofreció bienes que tenía en sociedad con Juan Carlos Ortiz. Sin embargo, según Alejandro Revollo, agente liquidador de Premium, su oferta no superó los 3.500 millones de pesos. Jaramillo alega que no lo han dejado colaborar, pues todos sus bienes se encuentran embargados. Un estudio realizado por KPMG encontró evidencias que muestran que Tomás y Juan Carlos eran beneficiarios de muchos de los recursos de Premium. Se destaca la Compañía Colombiana de Capitales (Kapital), que era la sociedad que los dos utilizaban para hacer sus negocios en el país. Kapital no tenía relación directa con Premium, salvo en sus accionistas principales.

*Juan Carlos Ortiz
Para resarcir a las víctimas de Premium, en un intento de plan de desmonte que hizo el año pasado, Juan Carlos Ortiz ofreció bienes que, según él, ascienden a 25.000 millones de pesos. Sin embargo, de acuerdo con la valoración del agente liquidador, Alejandro Revollo, estos activos valen mucho menos. Ese plan se frustró porque los inversionistas no lo aceptaron. Por ahora, solo ha entregado las acciones de Millonarios F.C. que no valen más de 3.500 millones de pesos. Según Revollo, Ortiz debe concretar una oferta cierta. Cabe anotar que los involucrados en el caso del Fondo Premium son solidarios por el monto total de la deuda. Es decir, los 320.000 millones de pesos que se deben.

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