Cabezas del caso Interbolsa podrían quedar libres

En el mundillo judicial y en la Fiscalía hay mucha expectativa por la posibilidad de que el próximo 11 de julio, cinco de los más importantes involucrados en el escandaloso episodio del Fondo Premium –asociado a Interbolsa– queden libres.

En efecto, fuentes de la Fiscalía confirmaron a Semana.com que para ese día la defensa de los exdirectivos Rachid Maluf, Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado solicitó una audiencia ante un juez para solicitar la libertad de estas personas por cumplimiento de términos. Otro que puede quedar en libertad es Víctor Maldonado.

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Las alertas están prendidas porque ellos están envueltos en el mayor escándalo bursátil de los últimos tiempos, en el que 174 millones de dólares de los ahorradores de Interbolsa, a través de ese fondo, terminaron en otras manos. La situación es tan difícil, que esas víctimas no han sido resarcidas.

El vencimiento de términos se da porque han pasado 240 días desde cuando se radicó el escrito de acusación por parte de la Fiscalía y ni siquiera se ha dado apertura al juicio oral. Para la Fiscalía, los jueces no les han dado el curso adecuado a las audiencias, lo que ha hecho que el tiempo pase sin que se desarrolle este proceso en la debida forma.

“El escrito de acusación fue presentado hace más de un año y los jueces programan audiencias cada dos o tres meses. No ha sido por falta de diligencia de la Fiscalía”, dijo Alexandra Ladino, la fiscal que ha manejado el caso desde sus inicios.

Maldonado y los directivos recurrirán a la Ley 1760, que reforma el régimen de medidas privativas de la libertad o de vencimiento de términos, con la que se reglamentó el tiempo límite que tiene un juez para el juzgamiento a partir del acto de acusación. Pero esta jugada podría salirles mal porque a sanción presidencial pasó una ley que impedirá la excarcelación masiva de presos, para graves delitos. “El proyecto aprobado busca que jueces y fiscales tengan 12 meses más para resolver la situación jurídica de cerca de 9.500 personas que se encuentran privadas de la libertad, y que son investigadas por delitos como abuso sexual, homicidio, actos de corrupción y conductas que le competen a la justicia especializada (extorsión, lavado de activos y terrorismo, entre otros)”, dijo un comunicado de MinJusticia.

A Rachid Maluf, exdirectivo de inversiones de Interbolsa, le imputaron cargos por los delitos de captación, omisión de reintegro, estafa agravada, concierto para delinquir, manipulación de acciones y manipulación desleal. Por ello, podría esperarle una pena de 10 a 20 años de prisión.

Claudia Patricia Aristizábal González fungía como representante legal de Rentafolio Bursátil y Financiero, mientras que Natalia Zúñiga Isaacs era la representante legal de Valores Incorporados. Juan Andrés Tirado Moreno, otro de los involucrados, era directivo del fondo Premium. Y Víctor Maldonado aparece en el entramado por ser uno de los beneficiarios de los dineros del Fondo Premium que fueron a parar a sus bolsillos por cuenta de préstamos.

Pero hay más. Este miércoles la Fiscalía comenzará sus presentaciones para avalar ante un juez el principio de oportunidad firmado entre los también involucrados en el escándalo del Fondo Premium Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez. 

Ellos han confesado algunos delitos dentro de sus responsabilidades en el descalabro de Interbolsa y por eso la Fiscalía les otorgó este beneficio. Se trata de un caso que ha llamado la atención y ha sido duramente cuestionado por quienes conocen a fondo el asunto.

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Según el principio de oportunidad pactado, Ortiz y compañía tendrían que actuar como testigos de cargos contra Rachid Maluf, Natalia Zúñiga, Claudia Patricia Aristizábal y Juan Andrés Tirado. Es decir, las cabezas del descalabro ‘echarán al agua’ a sus propios subordinados.

La columnista María Jimena Duzán, en su reciente columna, dijo que ese principio de oportunidad otorgado a esta tres personas era el legado del exfiscal general Eduardo Montealegre y que estuvo “hecho a la medida de los estafadores, no hay espacio para la reparación a las víctimas”.

“Este principio de oportunidad concedido a los estafadores del Fondo Premium es una pieza jurídica sin antecedentes en la justicia colombiana. Prevista en el sistema penal acusatorio, esta figura se puede conceder por dos razones: cuando el sujeto beneficiado va a dar información que sirve para desarticular una banda criminal o cuando va a declarar en el juicio contra otros de los coimputados. En los casos en que hay afectación patrimonial –como sucede en este escándalo del fondo Premium– se debe reparar a las víctimas porque, de lo contrario, se estaría premiando el delito”, escribió Duzán.

Así las cosas, con este principio de oportunidad es muy probable que Ortiz, Jaramillo y Martínez logren obtener no sólo una rebaja sustancial de la pena, sino algún otro beneficio que les permitiría dejar los barrotes.