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| 7/14/2012 12:00:00 AM

Caso Juan Carlos Varela: choque fatal

Juan Carlos Varela, miembro de una distinguida familia caleña, enfrenta a la Justicia luego de haber matado accidentalmente a tres motociclistas. Según las autoridades, tanto él como las víctimas estaban con tragos.

El pasado miércoles al medio día cerca de 300 motociclistas conformaron una caravana fúnebre en torno al féretro de Édgar Fajardo y Susana Padilla. La procesión motorizada, camino al cementerio, paró unos minutos frente al complejo judicial de Paloquemao, en Bogotá, y el estruendo de sus pitos se escuchó en la sala de audiencias donde era juzgado Juan Carlos Varela Bellini, un joven de 25 años, señalado de provocar en un siniestro choque automovilístico las dos muertes, así como la de Emilce Quiroga, una tercera víctima sepultada antes.

Todo había ocurrido el sábado anterior. Varela, administrador de empresas y miembro de una reconocida familia caleña, pasó en un instante de tener un futuro brillante a la tragedia. Ese día jugó algo de golf y tenis como lo solía hacer todos los sábados en un club ubicado entre Sopó y La Calera. Después tuvo un almuerzo largo y, pasadas las nueve de la noche, en compañía de un amigo, decidió regresar a Bogotá, para lo cual Varela se puso al volante de su automóvil. A esa misma hora cerca de 150 motociclistas aficionados rodaban por la misma vía en sentido contrario.

La vía, de estrechas y constantes curvas, tenía además un tramo con la calzada reducida por cuenta de una obra y fue allí donde Varela se encontró de frente con dos motociclistas y sus respectivos parrilleros, que venían rezagados del grueso del grupo. El impacto fue fatal. Murieron instantáneamente dos personas, otra quedó malherida y falleció al poco tiempo antes de que pudiera recibir atención médica. La cuarta víctima, aunque sufrió diversas lesiones, fue trasladada a una clínica donde afortunadamente se recuperó.

Sobre lo que pasó luego hay dos versiones. Según Johan Samir Fajardo, que iba en otra moto y es hijo del hombre que murió en el choque, cuando el grupo se percató del accidente y regresó encontraron que Varela quería simplemente compensar la tragedia con un arreglo financiero. “Yo tengo plata. Es cuestión de una llamada, creo que podemos llegar a un acuerdo”, asegura que les dijo. Sin embargo, los policías que acudieron al lugar lo que cuentan es que encontraron que una nube de motorizados estaba a punto de linchar a Varela y a su amigo, quienes permanecían en el carro en estado de shock. En medio de forcejeos los uniformados lograron protegerlos y conducirlos hasta la estación de La Calera, donde los pusieron a salvo.

El mayor John Fredy Suárez, comandante de la Policía de ese municipio, ubicado al oriente de la capital, contó que Varela y su acompañante se negaron a practicarse la prueba de alcoholemia y que apenas aceptaron un examen de aptitud (análisis visual de la dilatación de la pupila, comportamiento y equilibrio), el cual arrojó segundo grado de embriaguez, que es un nivel intermedio. Tras esto, los implicados fueron trasladados a la URI de Usaquén, en Bogotá, pero luego de varias horas de espera la diligencia legal fue rechazada porque los funcionarios de turno alegaron que le correspondía a la jurisdicción de La Calera. Allí nunca hubo un fiscal disponible para el respectivo trámite judicial, por lo que los policías no encontraron más solución que pedirle a Varela que firmara un acta en la que se comprometía a presentarse voluntariamente el miércoles ante las autoridades. Y sin más lo dejaron libre.

Entre tanto centenares de motociclistas, asociados en diversos clubes, empezaron a preguntar a las autoridades dónde estaba el conductor del carro y a llamar la atención de los medios. Surgió así el rumor, y con este una ola de indignación, de que supuestamente Varela se habría fugado y habría salido del país. Esto no era verdad, pero el caso adquirió un alto perfil por la preeminencia social y económica del joven, quien pertenece a una de las familias más distinguidas del Valle del Cauca. Su apellido es asociado por muchos con el jabón del mismo nombre y en realidad esa fue una empresa que había pertenecido a la familia, pero que fue vendida hace muchos años. Los Varela siguen siendo acomodados, pero están lejos de tener una de las grandes fortunas del Valle, como los han presentado en algunos medios y redes sociales.

No obstante, esa percepción del niño privilegiado radicalizó las posiciones sobre el caso. Y esto a su vez provocó una reacción entre las autoridades judiciales cuando salieron a flote los errores de negligencia e incompetencia que había en el procedimiento. Para corregir esta imagen se expidió de urgencia una orden de captura en contra de Varela luego de que lo habían dejado libre.

Para cuando se emitió la orden de captura, el lunes por la noche, ya existía en Facebook un grupo llamado ‘Asesino de moteros’ con 6.325 integrantes y en el muro había imágenes de Juan Carlos Varela con todo tipo de agresiones verbales y exigiendo justicia a las buenas o a las malas.

A través de dos comunicados Varela lamentó el trágico accidente, desmintió que se hubiese volado y aseguró que enfrentaría la situación y se presentaría ante las autoridades judiciales. Efectivamente, el martes, luego de que su abogado Alfredo Rodríguez Montaña se puso en contacto con la dirección del CTI, ambos llegaron al búnker de la Fiscalía. Allí Varela fue reseñado y luego trasladado a los juzgados de Paloquemao donde el miércoles le imputaron el cargo de homicidio agravado con dolo eventual, un delito que le puede significar entre 17 y 37 años de cárcel.

Si se tiene en cuenta que el dolo, por definición, entraña intención o premeditación, ha generado controversia en círculos jurídicos esa categorización. Nadie discute que un accidente con tres muertos y según las autoridades con segundo grado de embriaguez, amerita una sanción penal. Lo que se tiene que definir es si es intencional o no. Planteado en términos de una acción deliberada y no accidental, sería el equivalente a decir que Juan Carlos Varela se montó en su carro con el objetivo premeditado de matar motociclistas que no conocía. Los indicios señalan que no fue así, que se trata de un accidente, por lo cual también podría ser catalogado como homicidio culposo, y no doloso, y la pena podría oscilar entre cuatro y 18 años de prisión.

Será en el desarrollo del juicio que se conozcan las circunstancias exactas del siniestro. SEMANA puede anticipar que las autoridades detectaron presencia de alcohol no solo en el conductor del carro, sino también en las víctimas que fallecieron. Así se lo confirmaron fuentes de la Fiscalía a esta revista y este será un elemento importante a la hora de juzgar.

Aunque Varela ha puesto la cara, la presión sobre el caso ha estado al orden del día. Un buen ejemplo es que los agentes del CTI, al trasladarlo del búnker a Paloquemao, consideraron conveniente disfrazarlo de CTI para evitar cualquier tipo de agresión física (ver foto).

Esta es una tragedia en la que todos pierden. Los motociclistas ya expresaron el tamaño de su dolor. Pero también el supuesto culpable vive una tragedia como la que le puede pasar al hijo de cualquiera. No obstante, el escarnio que exige la opinión pública es mayor porque el accidente ocurrió justo el día en que se estrenó la norma que impone una multa a los conductores que se nieguen a practicarse la prueba de alcoholemia. La nueva reglamentación fue el resultado del escándalo del senador Eduardo Carlos Merlano, sorprendido manejando con tragos, sin papeles y quien se negó a hacerse la prueba de alcoholemia con la excusa de que tenía 50.000 votos. La indignación que produjo ese hecho fue tan grande que para apaciguar los ánimos esta semana el senador le pidió perdón al país.

Lo importante en todo caso es que se haga justicia en términos neutrales, sin meterle ingredientes de lucha de clases o de excesos mediáticos. Varela pasó en un instante de ser un hombre joven, apuesto e inteligente que tenía todas las puertas abiertas a un hombre recluido en una celda de máxima seguridad en la cárcel La Modelo de Bogotá acusado de un triple homicidio. Todos sus proyectos e ilusiones quedaron suspendidos. Por ahora aguarda un juicio en el que si no demuestra que fue un accidente no deliberado, podría pagar más años de cárcel que los que ha vivido libre.
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