El juez que se voló caminando

El juez 22 civil municipal de Barranquilla, quien aceptó un recurso con el que el exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez estuvo a las puertas de recuperar su libertad, ahora tiene más problemas que el propio exmandatario.

Unidades del CTI de la Fiscalía lo buscan en la mañana de este jueves. Llegaron primero a su domicilio, en el barrio Bellavista de la capital atlanticense, pero -pese a los operativos de seguimiento- no lo hallaron allí. También intentaron hallarlo en su despacho, donde incluso hubo enfrentamiento con los funcionarios judiciales.

El juez 22 civil municipal de Barranquilla, Abelardo Merino, está prófugo. Así lo han considerado miembros de la Fiscalía que en la mañana de este jueves llegaron a Barranquilla para capturarlo sindicado de dos delitos. A él lo buscan señalado de prevaricato y cohecho por haber osado darle la libertad al exgobernador de La Guajira Francisco ‘Kiko’ Gómez.

En efecto, unidades del CTI, considerando que era un tema de vital importancia, viajaron en el avión privado de la Fiscalía para darle captura y trasladarlo a Bogotá.

Pero no lo encontraron. Lo buscaron en la calle 74 con carrera 60 en el Barrio Bellavista, lugar de residencia del juez, pero no lo encontraron. Luego fueron al complejo judicial de Barranquilla y tampoco lo vieron.

Ahí encontraron el rechazo de los compañeros, entre ellos algunos de Asonal, quienes denunciaron que no se presentó orden de captura alguna y que esa no es la manera de tratar un juez cuyas decisiones son protegidas constitucionalmente. "No es un delincuente", dijeron a medios de comunicación.

Pero ¿cómo se escapó? Aquí entran las dudas. Semana.com conoció fotografías del seguimiento que el CTI le venía haciendo al juez en los últimos días. Hasta el miércoles pasado lo vieron en su lugar de trabajo caminado por los pasillos del complejo judicial con un vaso de jugo y la merienda en una bolsa de aluminio. Es decir, estaba totalmente controlado.

Pero hoy nadie sabe dónde está el juez. Versiones aseguran que él está pidiendo una comisión de la Cruz Roja Internacional para tener garantías en su entrega.

¿Qué fue lo que ocurrió?

La historia cuenta que el pasado 14 de abril uno de los abogados de 'Kiko' Gómez interpuso un habeas corpus ante el juez Abelardo Andrade Merino, donde solicitó su libertad bajo el entendido de que se estaba violando el debido proceso.

Los medios recogieron el episodio con estupor y quienes conocen los antecedentes de Gómez no lo podían creer. Pero la libertad del exmandatario duró tan solo 10 minutos porque de inmediato la Fiscalía le activó otro proceso por el homicidio de José María ‘Chemas’ Benjumea, un reconocido profesor de La Guajira.

Según los datos que se desprenden del proceso, Benjumea y su hijo Edwin, de profesión odontólogo, fueron asesinados el 26 de agosto del 2000 a manos de sicarios. El hecho ocurrió un mes y medio después de que el docente declarara ante la Fiscalía General contra Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’, aquel temido hombre capturado en Brasil protagonista de múltiples delitos, entre ellos narcotráfico.

En el expediente reposan las declaraciones de miembros de la banda criminal de los ‘Rastrojos’, quienes comprometen a ‘Kiko’ Gómez en ese homicidio.

Con ese caso y gracias al llamado a indagatoria que tenía el exmandatario, la Fiscalía logró detener la salida de Gómez, quien se encuentra tras las rejas acusado del delito de homicidio por la muerte de la exalcaldesa de Barrancas (La Guajira) Yandra Brito.

Al tiempo que la Fiscalía intenta lograr su cometido, reveló importantes datos del pasado de este juez que no lo dejaban bien parado. Los medios revelaron que tenía más de 16 procesos por prevaricato, es decir, que habría dictado alguna resolución arbitraria a sabiendas de que dicha resolución es injusta y que era conocido por tomar muchas decisiones contrarias a la ley.

Las cosas parecieron complicarse esta semana para el juez Andrade Merino, cuando la Fiscalía por cuenta de un proceso de exprés inició un operativo para capturarlo por el delito de prevaricato por acción y abuso de la función pública.

Ahora, según fuentes de Semana.com, la Fiscalía está investigando si hubo dinero de por medio para que este funcionario judicial tomara la decisión que lo puso bajo la lupa del organismo investigador.