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El arzobispo Isaías Duarte Cancino fue asesinado el 16 de marzo de 2002. El fallo del Tribunal de Cali, que revocó la condena contra la cúpula de las Farc, dejó al descubierto graves vacíos en la investigación. Por lo pronto, uno de los más favorecidos con esa decisión sería el jefe guerrillero Pablo Catatumbo, quien no tiene ninguna otra condena significativa. | Foto: Archivo Semana / AFP

PROCESO

Caso de monseñor Duarte, ¡qué fallo!

La sentencia que tumbó la condena a la cúpula de las Farc por el crimen del arzobispo Isaías Duarte Cancino abre un enorme interrogante sobre el papel de la Justicia.

6 de abril de 2013

Cuando faltaba un día para que se cumplieran diez años del asesinato del arzobispo Isaías Duarte Cancino, un fallo del Tribunal de Cali sacudió la tumba del prelado.

Dos magistrados revocaron la sentencia de diciembre de 2011 que condenó a 25 años de prisión a la cúpula de las Farc. Los absueltos son el jefe máximo, Timochenko; el jefe de la mesa de negociación en La Habana, Iván Márquez; y Pablo Catatumbo, quien curiosamente no tiene otra condena encima y según se anunció la semana pasada podría entrar a la mesa de negociación. Algo no confirmado.

Contrario a lo que la gente cree, el fallo no descarta de tajo la posibilidad de que las Farc hayan participado en el crimen. De hecho ratifica que sí existía un móvil para que la guerrilla lo matara: “La denuncia y reproche sistemático del obispo a los ataques a la población civil”. Pero los magistrados encontraron errores en la investigación por parte de la Fiscalía y en la valoración de las pruebas que hizo el juez. Cabe anotar que algunos de ellos estuvieron en otro caso fallido: el que le imputó equivocadamente a Sigifredo López el secuestro y asesinato de los 11 diputados.

SEMANA revisó el proceso y encontró que en efecto la investigación tiene vacíos. El juez se apoyó en la declaración de cuatro testigos, todos de oídas: el conductor del arzobispo y tres reinsertados de la guerrilla. Uno de ellos fue descartado porque, entre otras inconsistencias, no fue capaz de referenciar a los guerrilleros que hacían parte del supuesto frente al que pertenecía. 

El otro, porque su testimonio llegó al proceso a instancias de un informe escrito por un detective del CTI, lo cual, según el Tribunal, no permite valorar su credibilidad. Y el tercer testimonio, el de Romero Salgado, un guerrillero reconocido, se descartó por ser una prueba ilegal pues no fue tomado dentro de este proceso sino trasladado de otro. “No fue solicitado por las partes, ni decretado por el despacho investigador”, dice el fallo. 

Según recordó Élmer Montaña, que para 2002 laboraba como fiscal en Aguablanca, “su testimonio fue espontáneo y coherente. Fue capturado en julio de ese año con otros de una red urbana de la guerrilla y sin preguntarle empezó a contar lo que sabía”. 

La importancia de su testimonio consiste en que presenció una conversación entre alias Millón y alias Coquimbo, después del crimen de Duarte Cancino, y según él ellos contaron que recibieron la orden de planear y ejecutar el crimen “y que Pablo Catatumbo todavía debía esa plata, pero que la iba a pagar y que habían contratado una oficina de sicarios”. Los dos sicarios de la oficina, y el supuesto intermediario, un miliciano, fueron capturados. Uno fue asesinado en prisión semanas después y el presunto intermediario está libre: se acogió a sentencia anticipada, pero solo por rebelión.

El Tribunal pregunta ¿por qué los investigadores no confrontaron con Coquimbo lo dicho por Romero Salgado y así ratificaban ese testimonio de oídas?

El cuarto testimonio es el del conductor de Duarte Cancino, quien afirmó que escuchó al prelado decir que “la guerrilla lo había amenazado y que Catatumbo lo estaba señalando de paramilitar“. Esa amenaza apareció unos meses antes de su muerte, luego de que en diciembre de 2001 salió el libro Mi confesión, en el que Carlos Castaño cuenta que se reunió con Duarte en dos oportunidades en Cali. SEMANA corroboró el dato con Horacio Serpa, quien participó de ese encuentro en 1995. Serpa cuenta que cuando salió el libro “Isaías me llamó preocupado porque temía alguna retaliación de las Farc. Ocho días después lo mataron”.

Es altamente probable entonces que con los vacíos de la investigación una eventual revisión de la Corte Suprema llegue a la misma conclusión del Tribunal. ¿Quedará impune el asesinato del obispo por simple negligencia?

De hecho, llama la atención que la investigación no haya profundizado en otra hipótesis que es vox populi en el bajo mundo del Valle: una alianza de guerrilla y narco-políticos. Un reconocido abogado de mafiosos le contó a SEMANA: “Ariel Rodríguez, el Diablo, jefe de sicarios de Rasguño, participó en la ‘vaca’ que se hizo para matar al arzobispo”. Hicieron la colecta, supuestamente, porque era época de plena campaña electoral y Nancy Montoya, esposa del Diablo, era candidata a la Cámara. Monseñor Duarte Cancino criticaba cada domingo desde el púlpito los dineros de la mafia en la política.

Sea quien sea, lo cierto es que el país no se merece que la Justicia despache el asesinato de un obispo con una investigación mediocre.