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| 2/10/2012 12:00:00 AM

Caso de Palacio de Justicia pasó a la Corte Interamericana de DD.HH

El organismo internacional definirá si es viable una condena contra el Estado colombiano por los hechos ocurridos en 1985.

El caso del Palacio de justicia pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estudiará si es viable una demanda contra el Estado colombiano por la muerte de Carlos Horacio Urán, la desaparición de 12 personas y las torturas que denunciaron cuatro de los sobrevivientes del holocausto.

El organismo internacional también evaluará si se refiere a una posible responsabilidad del expresidente Belisario Betancur en los hechos ocurridos en noviembre de 1985.

En el informe de fondo, que fue realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se responsabiliza a Colombia por la desaparición de 12 personas, la detención ilegal y la tortura de otras cuatro y la desaparición y la ejecución de una más.

Es una especie de acusación previa en la que la probabilidad de condena para el Estado es muy alta.
 
"El caso se relaciona con la falta de esclarecimiento judicial de los hechos. A 26 años de los hechos, el Estado únicamente ha sancionado a dos autores mediatos, algunos procesos no han tenido avances significativos y continúan en etapa preliminar, y otros han sido objeto de dilaciones procesales. Asimismo, a la fecha, el Estado no ha tomado las medidas suficientes para dar con el paradero de once de los doce desaparecidos", dice el ente interamericano.

Según la Comisión los hechos del caso se refieren a la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez Vera, Cristina del Pilar Guarín Cortés, David Suspes Celis, Bernardo Beltrán Hernández, Héctor Jaime Beltrán Fuentes, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela León, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo de Arias, Gloria Anzola de Lanao, Ana Rosa Castiblanco Torres e Irma Franco Pineda.
 
También a la desaparición y posterior ejecución del magistrado Carlos Horacio Urán Rojas, así como la detención y tortura de Yolanda Ernestina Santodomingo Albericci, Eduardo Matson Ospino, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano Galvis, en el contexto de la toma y retoma del Palacio de Justicia, en Bogotá, el 6 y 7 de noviembre de 1985.

El informe de la Comisión también cuestiona algunas medidas tomadas por los militares ese día, así como la actuación improcedente de la justicia penal militar que en su momento tuvo el caso.
 
El caso se envió a la Corte IDH el 9 de febrero de 2012, "porque la Comisión consideró que el Estado no cumplió con las recomendaciones contenidas en su Informe sobre el caso".
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