El as bajo la manga del procurador contra Petro

La Procuraduría General de la Nación no se rinde. En manos del procurador Alejandro Ordóñez estaría el argumento para dejar sin piso el concepto entregado por los abogados del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, quienes sostienen que la Procuraduría no puede sancionar al mandatario.

Como se sabe, esta y otras tesis frenaron en el tribunal Administrativo de Cundinamarca la aplicación de la destitución y la inhabilidad por 15 años contra Petro. 

La nueva carta del procurador es una cita de una sentencia constitucional en la que señala que el Procuraduría sí tiene la competencia para investigar servidores públicos elegidos por voto popular, ya que se “puede configurar un delito de prevaricato”. Esto contrario a lo dicho por los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quienes argumentaron que esa facultad les corresponde a los votantes. Por ello avanza en la Registraduría la revocatoria prevista para el próximo 2 de marzo.

En la respuesta a la tutela se señaló que la Corte Constitucional avaló las sanciones administrativas establecidas por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que ahora estudia si entrega medidas cautelares a Petro, es decir, si suspende el proceso contra el alcalde y a futuro si se aplica la sanción que le restituya sus derechos políticos.

La respuesta de Ordóñez, que para algunos es un as bajo la manga, señala que si se valida la tesis según la cual el procurador no es competente para investigar al alcalde, esto burlaría la sanción y “derivaría en un régimen de irresponsabilidad disciplinaria, puesto que no existe ningún otro órgano del Estado con competencia constitucional o legal para asumir los procesos que por infracciones de los deberes funcionales de los servidores se deban adelantar” se lee en el documento de la Procuraduría.

En otras palabras, para el Ministerio Público no existe otro ente que pueda sancionar a los funcionarios y por lo tanto la responsabilidad, consagrada en la ley, es de la Procuraduría. Además de no hacerlo, el propio Ordóñez podría enfrentar una investigación por no aplicar la ley. En los argumentos que quienes defienden la tesis del jefe del Ministerio Público, él podría ser investigado por prevaricato.

En definitiva, este argumento será clave en la decisión que tome el Consejo de Estado, tribunal encargado de revisar la tutela que suspendió la sanción contra el alcalde.

Ya la Procuraduría comunicó el jueves pasado que impugnará la decisión del Tribunal que frenó transitoriamente la destitución e habilidad. “Respetuosa de las decisiones judiciales y convencida en la institucionalidad colombiana, la Procuraduría General de la Nación, en los términos y la normatividad previstos por la Ley, presentará ante el honorable Consejo de Estado la impugnación correspondiente”.   

En la mañana del viernes y como respuesta a la negativa del alcalde de conocer el fallo, la Procuraduría ordenó la publicación del edicto en el que se le informa al alcalde sobre la sanción. A pesar de ello, la destitución y la inhabilidad están suspendidas tras una decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aceptó los argumentos de Petro. 

Este y otros argumentos de Ordóñez serán tema de debate entre los magistrados del Consejo de Estado, tribunal que tendrá la última palabra en este complejo proceso jurídico.