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| 4/26/2014 7:00:00 AM

Caso Petro: el teatro del absurdo

Aunque el ping-pong jurídico alrededor del caso del alcalde Petro raya en lo ridículo, tiene implicaciones institucionales muy serias.

Si Colombia hubiera puesto a sus mejores talentos a montar un homenaje póstumo a Gabriel García Márquez no habría lo-grado diseñar un escenario tan perfecto como el galimatías jurídico en que se convirtió el caso del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

El más reciente capítulo de esa historia es una verdadera pieza de realismo mágico. Un magistrado de restitución de tierras, del Tribunal de Bogotá, que tiene como tarea primordial devolver 6 millones de hectáreas arrebatadas a campesinos, le dio la orden al presidente Juan Manuel Santos de devolver a Petro al Palacio de Liévano.

Y como si esto fuera poco al cierre de esta edición el presidente acababa de apelar el fallo de tutela que restituía al alcalde, cuando una semana antes había dicho que acataría cualquier decisión judicial.

Petro recuperó entonces el Palacio de Liévano de la manera más insospechada. Para ese momento, en medio de gran incredulidad, el país esperaba que se diera su restitución pero por otra vía: que el Consejo de Estado le otorgara medidas cautelares mientras resolvía la demanda de nulidad que el alcalde interpuso. Pero el regreso del jefe de los Progresistas se dio por donde nadie lo esperaba: una nueva ‘tutelatón’ que, de manera silenciosa, estaba haciendo trámite en los tribunales.

Esta vez, a diferencia de la primera ‘tutelatón’, no fue contra el fallo del procurador. Ahora, decenas de bogotanos reclaman que se respete su “derecho fundamental a elegir” y por eso les pidieron a los tribunales exigirle al presidente Santos acatar las medidas cautelares que solicitó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Y como ocurrió la primera vez, en esta también llovieron tutelas por todos lados a ver si alguna daba en el blanco. En total interpusieron 45, de las cuales 33 fueron negadas por distintos magistrados (una de ellas el viernes al propio alcalde), 11 no se han resuelto, y la del revuelo de la semana pasada ha sido la única favorable a Petro.

Pero con esa fue suficiente. Aunque la ponencia inicial no restituía al exalcalde, dos de los tres magistrados que tenían que fallar cambiaron el sentido original.

Llama la atención que quien interpuso la tutela, a pesar de que pidió al tribunal defender sus derechos como elector, no quiso reivindicar su triunfo. SEMANA lo buscó con insistencia en su casa, una pensión en la que paga 6.000 pesos por noche, en un barrio marginado de Bogotá, y en su sitio de trabajo, un pequeño taller de arreglo de motos, pero no apareció. De cualquier manera sus condiciones contrastan con la sofisticada argumentación jurídica de su tutela.

El miércoles a las cuatro y media de la tarde, cuando Gustavo Petro ingresó de nuevo como alcalde al Palacio Liévano, empleados de la Secretaría de Gobierno lo recibieron con grandes ovaciones y una lluvia de mariposas amarillas de papel.

Pero más allá de lo coyuntural, el caso Petro deja al descubierto, por un lado, el absurdo caos jurídico que se puede producir en el país por la falta de claridad en algunas de sus normas. Y por el otro lado, las implicaciones que el episodio tiene para la institucionalidad del país.

¿Se queda sin dientes la Procuraduría?

El caso Petro se convirtió, sin duda, en el gran revés político del procurador Alejandro Ordóñez. Su decisión de destituir e inhabilitar al alcalde de Bogotá por 15 años fue considerada desproporcionada porque no tiene sentido tumbar a un mandatario elegido por voto popular por un error cuando no media un acto de corrupción.

Si bien pocos estuvieron de acuerdo con la drástica sanción de la Procuraduría, las altas cortes le respetaban su facultad aunque el criterio aplicado fuera muy impopular. Toda decisión jurídica es subjetiva y por lo general aunque no se comparte, se acata. Sin embargo, con el regreso de Petro al poder cambia todo el escenario.

Se demostró que el enorme poder de la Procuraduría, que consiste en la facultad de tumbar a diestra y siniestra a mandatarios, y que Ordóñez había aplicado con especial devoción, no solo es vulnerable sino que en la práctica puede quedarse sin dientes. Tanto por la vía de la CIDH, como por la del Consejo de Estado.

Después del caso Petro cualquier mandatario elegido por voto popular o congresista podrá pedir la nulidad de la sanción ante cualquiera de estas dos instancias. Y si bien no se le garantiza la anulación, sí le deben dar –siguiendo el ejemplo del caso Petro– las medidas cautelares que lo mantendrán en el cargo mientras se falla el asunto de fondo. Por los ritmos que manejan ambos entes, es posible que en varios de los casos el fallo definitivo llegue cuando se haya acabado el periodo del mandatario en cuestión.

Es conveniente que los fallos de la Procuraduría tengan algún control, una especie de segunda instancia, pues se ha criticado el excesivo poder de ese organismo. Pero también hay que decir que definitivamente no es conveniente que se abra una puerta que deje sin piso firme las sanciones de la Procuraduría para perseguir a los corruptos.

Lo lógico ante el absurdo jurídico que se está viviendo es reformar las facultades del procurador ya sea limitando las destituciones a casos donde haya corrupcion probada o que pueda haberlas con inhabilidades inferiores a los diez años mínimos de hoy.

El lado oscuro de la tutela

El caso Petro volvió a poner en el ojo del huracán a la tutela. El presidente Juan Manuel Santos dijo: “Creo que entre todos debemos reflexionar con cabeza fría sobre si regulamos el uso de la tutela”. Y el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, lo complementó diciendo: “La tutela no puede convertirse en una especie de sustituto de todo el sistema judicial”.

El tema toca fibras muy sensibles si se tiene en cuenta que la tutela es tal vez el logro más importante en materia de derechos en los últimos 50 años para los colombianos. No obstante, como dijo El Espectador en su editorial: “El hecho de que hayan sido radicadas 40 tutelas sobre los mismos hechos, más de la mitad hayan sido negadas y apenas una reconozca el derecho, pero que, por ella, el alcalde vuelva, es algo que deja pensando”.

Más allá de que en este caso los electores de Petro tengan razón en sus reclamos, también puede tener razón Santos en decir que el “uso indiscriminado (de la tutela) puede conducir a un escenario de inseguridad jurídica y puede conducir inclusive a un caos administrativo y político”. Qué habría ocurrido, por ejemplo, si el entonces presidente Álvaro Uribe, cuando buscaba un tercer mandato, hubiera acudido a una ‘tutelatón’ como la de Petro para reclamar su derecho a elegir y ser elegido o cualquier otro “derecho fundamental”. ¿Qué habría pasado si un juez o magistrado de tribunal hubiera ordenado que lo dejaran lanzarse?

El tema es bastante complejo. La culpa, sin duda, no es de la tutela, sino del caos de las normas y de la manera como está organizada la rama judicial. En la actualidad esta permite una especie de ‘fallos a la carta’, donde cada juez es un rey en su feudo y puede fallar en sentido totalmente contrario al de todos los demás y volver ley su criterio.

La restitución de Petro deja abiertos algunos interrogantes jurídicos como por ejemplo: ¿Por qué el magistrado de tierras dio un plazo perentorio de 48 horas y así dejó al presidente sin opción distinta a restituirlo? De esa manera, además, con el alcalde ya en el poder se creó un hecho cumplido que debilita la posibilidad de que la apelación ante la Corte Suprema ratifique su destitución. Prolongar el ping-pong jurídico desconcertaría a los bogotanos aún más de lo que están hoy. Pero igualmente sería gravísimo que la Corte Suprema de Justicia no fallara de acuerdo con sus convicciones por un hecho cumplido o consideraciones de opinión pública.

El gobierno a merced de un juez

Nunca antes había ocurrido en Colombia que un magistrado de tribunal le tumbara una decisión política a un presidente con un fallo de tutela. Juan Manuel Santos, hace poco más de un mes, había decidido no acoger las medidas cautelares que le solicitó la CIDH, pero la semana pasada se vio obligado a concederlas por orden de los magistrados Óscar Humberto Ramírez y Jorge Hernán Vargas Rincón, de la sala de restitución de tierras del Tribunal de Bogotá.

Hasta ahora, la única orden de este tipo que se recuerda son las que han surgido de los dos llamados ‘megafallos’: el de la crisis de los desplazados y el de la salud, en los que la Corte Constitucional en pleno, luego de recibir cientos de miles de tutelas, consideró que había un “estado de cosas inconstitucional” y le puso tareas y plazos perentorios al gobierno para remediar la situación.

Con el caso Petro se crea un nuevo precedente. ¿Podría, por ejemplo, una tutela parar la locomotora minera por el derecho a un ambiente sano?

Más allá del debate de los alcances de este recurso jurídico, hay también una reflexión política para hacer sobre la manera como el presidente Santos lidió con el tema. El presidente siempre puntualizó que él era neutral y que sus decisiones estarían basadas exclusivamente en la normatividad jurídica. Sin embargo, para sus contradictores, dio muestras de alguna incoherencia. Primero, en diciembre dijo que si la CIDH pedía medidas cautelares las concedía; luego cuando llegaron no las concedió con el argumento de que tenía que ejecutar la orden del procurador. Posteriormente, ante la tutela de la semana pasada, inicialmente acató y firmó el regreso de Petro al Palacio de Liévano. Dos días después anunció que impugnaría esa tutela.

Aunque esta apelación a primera vista es una contradicción, la verdad es que tiene algún sustento. “Tenemos que ser consecuentes. Si tomamos una decisión (no acoger las medidas cautelares de la CIDH) y una tutela dice que esa decisión estuvo mal tomada, estamos obligados a impugnar esa tutela pues de no hacerlo estaríamos reconociendo que nos equivocamos”, dijo Santos. En otras palabras, el presidente acata la orden jurídica pero defiende su posición anterior.

Lo triste es que la telenovela de Petro que indigna a los colombianos podría estar apenas a mitad de camino. Están pendientes aún las medidas cautelares y el fallo de la acción de nulidad ante el Consejo de Estado. También habrá que ver qué impacto tiene en todo esto la sanción y multa que la Superintendencia de Servicios Públicos le acaba de imponer a Petro por el esquema de las basuras. Igualmente, en menos de 20 días la Corte Suprema tendría que tomar una decisión sobre la apelación de la Procuraduría y del presidente contra la restitución del exalcalde por tutela. Y finalmente, cuando todo eso se defina se verá si hay revocatoria o no. Y si de casualidad la pierde Petro, habrá otra vez que escoger un nuevo alcalde.
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