Sábado, 1 de noviembre de 2014

| 2014/01/27 00:00

Procuraduría no podía sancionar a Petro

Para la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura, la Procuraduría sólo puede sancionar cuando hay corrupción.

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Un nuevo hilo se sumó a la ya complicada maraña jurídica que se teje sobre la permanencia en el cargo de alcalde de Bogotá, Gustavo Petro. Los magistrados de la sala disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá elaboraron un documento en el que se habla de la necesidad de hacer una gran reforma a las facultades de la Procuraduría, pero también se critica el accionar del Ministerio Público, ya que asegura que este ente de control sólo puede investigar y sancionar cuando hay delitos relacionados con corrupción.

Este argumento, que ya revisan los abogados del alcalde capitalino, fue entregado hace unos días cuando el  tribunal dio a conocer el fallo tras resolver 323 tutelas con las que se suspendió la sanción contra Petro, destituido e inhabilitado por 15 años.   

La judicatura entregó un argumento poderoso. Se trata de lo establecido en la Convención Americana de Derechos Humanos. Allí se indica que sólo se puede suspender temporal o definitivamente del derecho de acceso a cargos públicos, luego de que se compruebe que la sanción es para “combatir el fenómeno de la corrupción”.

Como se sabe, en el fallo de la Procuraduría se establecieron tres faltas graves tras la crisis de basuras de diciembre del 2012: no permitir principio de libre competencia, generar un impacto ambiental y la inexperiencia de la empresa Aguas de Bogotá quien asumió la recolección de basuras. Para este tribunal ninguno de esos cargos constituye un acto de corrupción.

En los argumentos entregados por la Judicatura también se puede leer que la Procuraduría no es competente para “asumir y tramitar la investigación disciplinaria objeto de este asunto, pues la Corte Americana de Derechos Humanos ha considerado que sólo en los excepcionales casos de combatir la corrupción puede permitirse que autoridades distintas de las judiciales ejerzan estas competencias”, indica el fallo.

Pero el tema no queda allí. Entre los argumentos de los magistrados se reprocha que el procurador general, Alejandro Ordóñez, no haya asumido en propiedad la investigación y, por el contrario, la haya dejado en manos de subalternos.  

“Ni siquiera asume directamente la competencia, sino que la delega en varias oportunidades a dos procuradores delegados, la reasume para algunos actos, y mantiene la delegación para la toma de la decisión y la resolución del recurso de reposición”.

Advierte igualmente la corporación judicial que se vulneraron los derechos políticos de Gustavo Petro tras lo que algunos han considerado una sanción excesiva como la de sacarlo de la vida pública por 15 años. “Ante la ausencia de normas especiales, adecuadas a este escenario constitucional y la inexistencia de controles efectivos a decisiones que suponen una intensa afectación a los derechos políticos”, precisa el documento.

Este fallo sería otro argumento que tendrán que estudiar los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo de Estado. Este último tiene la difícil tarea de resolver la permanencia del alcalde Gustavo Petro. El mandatario ya hace campaña para refrendar su mandato mediante la revocatoria prevista para el 2 de marzo.

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