A Petro le iría mal también en la Judicatura

Tras la decisión del Consejo de Estado en la que se dejó en firme la decisión de la Procuraduría en contra del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que le significó sus destitución y la inhabilidad de ocupar cargos públicos durante 15 años, otra decisión se cocina en los altos tribunales e iría en el mismo sentido.

En la noche de este martes la Sala Plena del Consejo se pronunció frente al caso Petro y determinó que la acción de tutela no era el mecanismo adecuado para defender lo que el mandatario local considera la vulneración de sus derechos.

Para ello, según los magistrados, debió emplear la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la sanción.

Ahora la ponencia del magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, presentada por el magistrado Pedro Sanabria, también va encaminada a favorecer la decisión del Ministerio Público, lo que deja al alcalde capitalino con menos opciones para mantenerse en su cargo.

Uno de los principales argumentos sobre los que se basa la ponencia de la Judicatura indica que el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, sí tiene la competencia para sancionar a funcionarios elegidos popularmente.

También señala el texto que no existió irregularidad alguna en materia de derechos fundamentales y el legítimo derecho a la defensa en el proceso disciplinaria que cursó en contra del Petro.

En consecuencia, según expone el magistrado Sanabria, no se observó violación alguna a los derechos políticos del alcalde de Bogotá, e indica que él tiene la posibilidad de solicitar al Consejo de Estado la nulidad del fallo de la Procuraduría.

La ponencia manifiesta también que el burgomaestre “no está ante un daño irremediable” y tiene, además, “todas las garantías legales y constitucionales” para reclamar ante los jueces.

Se espera que el lunes los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura tomen una decisión frente a las tutelas presentadas para impedir que salga Petro de la Alcaldía.