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Éste es el documento que entregaron en la CIDH contra Petro

Allí se argumenta que el procurador actuó dentro de la ley y las medidas cautelares de la CIDH no tendrían razón ahora.

Juan Carlos Iragorri, corresponsal de Semana en Washington
30 de enero de 2014

Ni el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, actuó por fuera de la ley al haber destituido al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ni la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) puede otorgar unas medidas cautelares que impidan esa sanción.

Esos son los argumentos principales de un escrito entregado este miércoles en Washington a la CIDH, firmado por 30 personas entre las cuales se encuentran el exalcalde y exministro Jaime Castro; el expresidente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, Rafael Nieto Navia, y la directora del Instituto de Ciencia Política, Marcela Prieto.

El documento, cuya copia ofrece Semana.com, subraya que Ordóñez sancionó a Petro con base en la Constitución de 1991 y que si la CIDH dicta las medidas cautelares, iría "en contra de la posibilidad del Procurador de ejercer el poder disciplinario que le otorgó el pueblo" que votó por la Asamblea Constituyente cuya función fue redactar ese texto constitucional hace casi 23 años.

Las medidas cautelares "pondrían en riesgo" el estado de Derecho en Colombia, se lee asimismo en el documento de Jaime Castro, Nieto Navia y los otros firmantes.

Según otro argumento esgrimido por ellos, la CIDH debe abstenerse de dictar en estos momentos las medidas cautelares. Ese tipo de medidas, señalan, se expiden cuando hay un caso de "extrema urgencia" y de "riesgo de daño irreparable" a los derechos políticos de una persona. Y en esta ocasión la defensa del alcalde Petro no ha agotado todas las vías para evitar la destitución. Aún puede echar mano de recursos de nulidad ante el Consejo de Estado y de revisión ante la Corte Constitucional, dicen.

El texto,  entregado en Washington por Jaime Castro, Marcela Prieto y el exembajador Víctor G. Ricardo advierte asimismo que las medidas cautelares no serían de obligatorio cumplimiento para el Estado colombiano porque la Comisión solo puede formular "recomendaciones o sugerencias" a los países que han suscrito la Convención Americana de los Derechos Humanos. Pero nada más. Los firmantes encabezan el escrito con el título de "Amicus Curiae", expresión latina que identifica a quienes no son parte en un pleito pero que tienen interés su resultado.

Junto a los de Nieto Navia y Jaime Castro hay nombres de otros firmantes, como los de la expresidenta de la Corte Constitucional Clara Inés Vargas; el exembajador Enrique Gómez Hurtado; el exministro Hernán Beltz y el rector de la Universidad Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera.

Vea en este enlace el documento.