Fiscal general y cuatro magistrados, a responder por acusaciones de Pretelt

Parece un pleito de David contra Goliat. Pero para quien interpone esta denuncia no hay cosas inalcanzables. Y no lo es porque por cuenta de sus pesquisas, denuncias y demandas, decenas de servidores públicos y políticos considerados intocables han terminado por fuera de sus cargos e inhabilitados por mucho tiempo.
 
Pablo Bustos, director de la Red de Veedurías, interpuso este martes una nueva denuncia en el caso del magistrado Pretelt. Esta vez fue contra el fiscal general Eduardo Montealegre y los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza, Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas y Gloria Ortiz, por presunto tráfico de influencias, cohecho, prevaricato, concierto para delinquir y encubrimiento.
 
¿De dónde sale esta denuncia conocida por Semana.com e interpuesta en la Comisión de Acusaciones? De las explosivas declaraciones del magistrado Jorge Pretelt el viernes anterior, que encendió un ventilador que tiene conmocionada la Corte Constitucional.
 
Pretelt aseguró en su entrevista que en reuniones privadas el fiscal ejerció presión indebida para que cambiara sus posturas de la ley referente al Marco Jurídico para la Paz en función de lograr que los guerrilleros no pagaran ni un día de cárcel.
 
Para la Red, “con dicha conducta se habría pretendido quebrantar la autonomía, laindependencia y la imparcialidad propias de la justicia y jurisdicción constitucional, al tiempo que romper la separación de los poderes, competencias y funciones propias de cada espacio institucional”.
 
Para esta organización la conducta resulta mucho más grave por parte del fiscal si se tiene en cuenta que dicha labor o gestión anómala no hacía parte de las funciones encomendadas ni al fiscal general ni a sus entidad.
 
En el caso de los magistrados, la Red acogió la versión de Pretelt en el sentido de que el fiscal general ha querido “tomarse la Corte” comprando conciencias. Así, dijo Pretelt, el fiscal general ha nombrado familiares de los magistrados.
 
Pretelt denunció, para probarlo, que un hermano del togado Gabriel Eduardo Mendoza fue nombrado fiscal ante el Tribunal de Barranquilla, con un salario de 20 millones de pesos.
 
Pretelt dijo también que el hermano del magistrado Jorge Iván Palacio fue nombrado en la Fiscalía regional de Antioquia, así como otra persona ligada a Palacio fue nombrada en esa entidad en ese mismo departamento.
 
Sobre  el magistrado Luis Ernesto Vargas, expresidente de la Corte, Pretelt dijo que habían nombrado una hermana suya (de Vargas) en la Fiscalía y que hizo nombrar a su esposa en la Procuraduría y a su hija en la Contraloría.
 
“Tales  cuotas no han sido desmentidas por los magistrados y han sido aceptadas en entrevistas periodísticas otorgadas por el señor fiscal general”, dice la denuncia de la Red de Veedurías.
 
En la denuncia tanto Pretelt como el fiscal están ligados porque, como lo han reconocido, Pretelt recomendó directamente con el fiscal general que fuera nombradala directora seccional de Córdoba.
En el caso de la magistrada Gloria Ortiz, la denuncia pretende establecer si hay alguna conducta irregular en su aterrizaje al alto tribunal, pues se ha dicho que fue por cuenta del fiscal general.
 
Pablo Bustos no deja títere con cabeza. En su denuncia recusó al secretario de la Comisión de Acusaciones, Juan Pablo Duque González porque, según se ha dicho públicamente, el fiscal general habría intercedido para su nombramiento. Lo que pretende la Red es que este servidor no pueda conocer sobre los procesos que cursan en la Comisión en lo relacionado con el fiscal general y los magistrados comprometidos, supuestamente, en actos poco claros con el jefe del organismo investigador.
 
En la denuncia, la Red recuerda la sentencia de Pretelt el viernes pasado: “El fiscal quiere tomarse la Corte. Sabe que yo no voy a renunciar. Si renuncio, nos vamos todos, porque es sumamente grave lo que hay allí. Lo que quieren hacer los magistrados es lavarse las manos y creer que todo el problema del derecho, de la justicia, se acaba retirándose Jorge Pretelt”.
 
Ahora, ante los representantes investigadores, estos altos rangos de la Justicia deberán responder por las acusaciones que tienen sumida a este poder en la crisis más profunda.