Caso Pretelt: acusador admite que no hay “prueba directa”

Quizá por ese manto de duda, la investigación contra Pretelt se convirtió casi un reto personal y profesional para Bedoya. No renunció a la investigación, como algunos lo sugirieron. Por el contrario, durante casi seis meses se ocupó de recibir testimonios, analizar pruebas. Y el pasado miércoles calificó su investigación. Presentó un proyecto para acusar al expresidente de la Corte Constitucional por el delito de concusión.

Así calificó el que es considerado el mayor escándalo en la historia de la Corte Constitucional. La presunta solicitud de 500 millones de pesos que el magistrado Pretelt le hizo al abogado Víctor Pacheco, para favorecer la revisión de una tutela promovida por la fiduciaria Fidupetrol.

Esta investigación comenzó luego de que el también magistrado Mauricio González Cuervo, quien fue ponente de esa tutela, denunció ante la Cámara de Representantes a su colega Pretelt.

Y aunque la defensa de Pretelt y el Ministerio Público pidieron el archivo del proceso, Bedoya negó esa petición, al considerar probado el hecho de que el expresidente de la Corte Constitucional sí pidió esa suma de dinero.

Una afirmación de Bedoya llama la atención. Admite que tras su investigación “no existe prueba directa (testimonio o documento) que permita afirmar que esa solicitud de dinero se produjo”, pero se lo atribuye a que esa conducta, de no dejar rastros ni pruebas, es propia de quienes actúan fuera de la ley.

“Es normal que no exista prueba directa porque la experiencia nos enseña que ese tipo de solicitudes se hacen con el mayor sigilo y en medio de la clandestinidad, cuidando al máximo no dejar evidencia de lo ocurrido, precisamente porque quienes lo hacen saben que lo que están haciendo es delito y deben procurar todas las medidas que puedan asegurarles la impunidad”, dijo el representante acusador.

Añadió, como parte de su argumentación, que “sería ingenuo esperar obtener prueba directa de una solicitud como la que es materia de esta investigación. Porque los sujetos activos de esa clase de delitos son personas inteligentes que se cuidan al extremo de no cometer el craso error de dejar testigos o documentos (en papel o audiovisuales) de su conducta delictiva”.

Tres testimonios clave

Las principales pruebas para concluir que Pretelt sí había solicitado 500 millones de pesos se reducen a tres testimonios. El del abogado Víctor Pacheco, y los de los magistrados de la Constitucional Luis Ernesto Vargas Silva y Gabriel Mendoza.

Bedoya reconoce que los magistrados Vargas y Mendoza son testigos de oídas de un hecho que no presenciaron –como sostiene la defensa del magistrado Pretelt- y que su declaración no es confiable como prueba directa de ese acontecimiento.

Pese a ello, Bedoya los califica como “testigos directos y de primera mano” de las palabras pronunciadas por el abogado Víctor Pacheco cuando les dijo a ellos personalmente lo ocurrido con el doctor Pretelt.

“Ellos no son testigos directos de la conversación entre Pacheco y Pretelt, pero sí de lo ocurrido en la conversación que cada uno de ellos sostuvo con Víctor Pacheco. Y es en relación con este último que este despacho les confiere credibilidad, también por su calidad de magistrados de la Corte Constitucional”, se lee en el escrito.

El representante Bedoya, además, consideró que este proceso es una "encrucijada”, puesto que se trata de la palabra de unos contra la palabra de otros y que el propósito es averiguar cuál de los dos dice la verdad.

Pacheco no mencionó a Pretelt

Otro dato que llama la atención es que el abogado Víctor Pacheco, al menos en la declaración que entregó en la Comisión de Acusaciones, nunca mencionó que el magistrado Pretelt le haya pedido dinero por la tutela, como se lo dijo a los magistrados Vargas y Mendoza.

En la declaración, cada vez que se le preguntó si el magistrado Pretelt le había solicitado el dinero, se acogió a su derecho a guardar silencio. Eso daría la razón a la defensa y al Ministerio Público en cuanto a que que ese abogado no ha aceptado (al menos en este proceso) que el magistrado Pretelt le hubiera solicitado 500 millones para influir en la tutela de Fidupetrol.

Sin embargo, Bedoya saca otra conclusión: pese al esfuerzo por no aceptar de manera abierta y explícita lo ocurrido de Pacheco, el abogado tampoco lo niega. Y además, que en el contexto de su declaración “no quedan dudas de que esa solicitud de dinero sí se produjo a pesar del temor del declarante de aceptarlo y del cuidado que tiene para no auto incriminarse.

Por eso el representante concluye que esa solicitud de dinero sí se produjo, “a pesar de que el declarante no pueda o no quiera aceptarlo”.

El investigador también da como hecho probado que la relación entre Pacheco y Pretelt “no sólo era buena sino íntima”, por esta razón cobra fuerza la pregunta ¿qué interés podría tener Pacheco en inventar una historia que perjudicaría a su amigo, e ir a contársela directamente a su enemigo en la Corte Constitucional? Para el congresista es muy simple, “Pacheco no tenía razón para mentir y de hecho no inventó esa historia”.

Bedoya deduce que Pacheco, al relatar lo sucedido a los magistrados, pensó que no pasaría de ser una confidencia entre ellos y que esto jamás llegaría a los estrados judiciales.

Plan para cooptar la Corte

Para demostrar su inocencia, la defensa de Pretelt aseguró que el magistrado se opuso a la revisión de la tutela y votó en contra de ella cuando esta pasó a revisión. Bedoya descalificó esa tesis con la siguiente lógica: Una cosa es oponerse a la selección de la tutela y otra, no recomendar su selección.

“Es cierto que Pretelt no recomendó la selección de la tutela de Fidupetrol para su revisión, pero eso no significa bajo ningún punto de vista que él se haya opuesto a esa selección. Oponerse a una selección significa manifestar de forma clara y vehemente que no está de acuerdo con seleccionar determinada tutela, y ofrecer argumentos para ello”, dice Bedoya en el escrito.

Agregó que “eso no fue lo que hizo el magistrado Pretelt. Él simplemente guardó silencio respecto de la selección de esa tutela y dejó en manos de sus colegas la selección de la misma, actitud evidentemente pasiva que no tiene la fuerza exculpatoria que la defensa pretende hábilmente atribuirle”.

También concluye el representante que el voto en contra del magistrado Pretelt a la tutela de Fidupetrol, al igual que el resto de la Corte, “ofrecía una coartada perfecta si por desgracia debiera enfrentar un proceso judicial como el que ahora nos ocupa”.

Bedoya también consideró como hecho probado que Fidupetrol tenía un plan para permear la Corte, lo sustenta en el registro de los honorarios de Pacheco y en sus reuniones con magistrados. De ese plan hacía parte el magistrado Pretelt.

Para sustentarlo, concluye que Pretelt propició un encuentro entre el magistrado Mauricio González Cuervo, ponente de la tutela, y el exmagistrado Rodrigo Escobar, abogado de Fidupetrol. En ese encuentro Escobar no sólo mencionó al magistrado la existencia del proceso de tutela, sino que le dio varios argumentos a favor de las pretensiones de su cliente.

Probablemente este sea el documento más importante que haya redactado el abogado Bedoya, cuyas conclusiones en buena parte están sustentadas en su experiencia, como se lee en el escrito. Pero tendrá que ser analizado por los 15 representantes de la Comisión de Acusaciones, quienes tendrán que validar esta acusación, la primera que se presenta contra un magistrado de la Corte Constitucional.