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| 8/1/2013 12:00:00 AM

Caso Salamanca enfrenta a Fiscalía con la jueza

Eduardo Carranza, director seccional de Fiscalías de Bogotá, no compartió los argumentos de la juez.

Como un baldado de agua fría cayeron en la Fiscalía las declaraciones de la juez segunda de Garantías de Bogotá, Carmen Gualteros, en torno a las razones por las que decidió dejar en libertad al Fabio Andrés Salamanca, procesado por causarles la muerte a dos mujeres, y lesiones de gravedad a un hombre, cuando conducía en estado de embriaguez y embistió el taxi en el que las víctimas viajaban

Eduardo Carranza, director Seccional de Fiscalías de Bogotá, señaló que ellos son una entidad respetuosa de las acciones de los jueces, pero que no comparte que la funcionaria saliera a los diferentes medios de comunicación del país a explicar que su determinación se dio en torno a una posible falencia de la Fiscalía.

“Somos respetuosos del Estado social democrático de derecho y por supuesto de las decisiones de los jueces. Respetamos la determinación de la juez, lo que no compartimos con ella es que sustente su decisión diciendo que la Fiscalía no fundamentó la argumentación jurídica, para la medida de aseguramiento. Como no la compartimos, por eso interpusimos un recurso de apelación. Creemos que en segunda instancia se tiene que corregir”, indicó.

Carranza insistió en que Salamanca es un peligro para la sociedad, pues sus actos "desmedidos que terminaron por generar una tragedia, demuestran que no es una persona responsable en la que se pueda confiar y dejar libre como si nada hubiera pasado".

“El señor fiscal de vida manifestó que el joven se encontraba en un grado 3 de alcoholemia y, de acuerdo con el perito que hizo un examen forense, venía a más de 140 kilómetros por hora, en una mañana lluviosa. Si eso no es un peligro para la sociedad, entonces le pregunto a la señora juez ¿qué es un peligro para la sociedad en accidentes de tránsito, bajo los influjos del alcohol?”, indicó.

La juez habla

Mientras la Fiscalía demuestra su inconformismo con lo sucedido, este miércoles la juez denunció que a raíz de su determinación recibió amenazas contra su integridad y la de su familia, razón por la que solicitó que se le refuerce la seguridad y la de los suyos.

Tal como lo argumentó en el pleno de la audiencia, defendió su determinación al indicar que esta no es símbolo de que el caso vaya a quedar impune, sino que simplemente el ente acusador no logró demostrar la peligrosidad de Salamanca con los argumentos expuestos en el momento de pedir la medida de aseguramiento.

“La Fiscalía no logró demostrar que el imputado sea un peligro para la sociedad, que sea alcohólico o un farmacodependiente, ni que vaya a salir a manejar y a matar a otras personas”, indicó. Aclaró también que ella, como juez, no puede lanzar determinaciones subjetivas.

Para Gualteros es claro que las causales de privación de la libertad de una persona son tres: en primera medida está la obstrucción que pueda ejercer sobre el proceso, luego se encuentra el peligro para la comunidad y por último el riesgo de fuga para evadir su responsabilidad. “Lo que no puedo hacer como juez de control de garantías es tomar medidas contrarias a derecho para mantener tranquila a una comunidad enardecida”, subrayó.

Lo cierto de la situación es se ha generado descontento no sólo en las familias de las víctimas, sino en aquellos que critican que las leyes se cumplen en función del nivel socioeconómico del señalado. Sin embargo, también se ha dicho que pese a las similitudes que pueda haber con otros procesos, ningún caso es igual a otro. Sobre si Salamanca es culpable o no, y si debe ir a prisión o no, será el juez de Conocimiento quien decida esa suerte.
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