Viernes, 24 de octubre de 2014

| 2012/12/22 00:00

Caso Santo Domingo: Otra condena

La sentencia de la Corte Interamericana sobre el bombardeo de la Fuerza Aérea en Santo Domingo, Arauca, deja importantes lecciones que deben primar sobre protestas y descalificaciones.

Caso Santo Domingo: Otra condena

La sentencia de la Corte Interamericana sobre el bombardeo de la fuerza aérea en Santo Domingo, Arauca, en 1998, es a la vez una estruendosa derrota para el Estado y los militares colombianos y, un inédito reconocimiento de la eficacia de algunas áreas de la Justicia nacional.

El caso de Santo Domingo es el más controvertido de los episodios en los que la fuerza pública se ha visto envuelta en presuntas violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional y se ha vuelto emblemático, tanto para los militares como para las ONG de derechos humanos. El 13 de diciembre de 1998, 17 civiles murieron y 27 resultaron heridos en el caserío araucano de Santo Domingo, después de que un helicóptero de la Fuerza Aérea lanzó una bomba tipo cluster, en medio de un combate con las Farc. Seis de los muertos y diez de los heridos eran niños pequeños. El Estado alegó que lo ocurrido fue producto de un camión bomba que las Farc estallaron en el pueblo. Los familiares de las víctimas y sus representantes afirmaron que la bomba lanzada por la Fuerza Aérea y un ametrallamiento desde un helicóptero causaron la tragedia.

Después de años de polémica y procesos judiciales y de que dos de los pilotos de los helicópteros fueran condenados por tribunales colombianos (con una sentencia aún en casación ante la Corte Suprema de Justicia), el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que profirió sentencia el martes pasado.

El fallo es de los más serios que se han emitido contra el Estado colombiano. La Corte lo declaró “responsable por la violación del derecho a la vida de las 17 personas fallecidas (11 adultos y seis niños) y de violación del derecho a la integridad personal por los 27 heridos (17 adultos y 10 niños) en el bombardeo” y le ordenó hacer un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Para la Corte, que cita comunicaciones reveladoras entre los pilotos de las aeronaves, no hay duda de que las víctimas fueron causadas por la bomba lanzada desde el helicóptero oficial.

El representante del Estado, Rafael Nieto, que perdió el caso, hizo duras críticas a la sentencia y al Tribunal en duros términos. Se oyeron voces pidiendo el retiro del sistema interamericano, se repitieron las críticas habituales a las ONG que repesentan a las víctimas y los militares se declararon dolidos.

La condena es dura, ciertamente. Pero, como señaló la directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, Adriana Guillén, criticando a quienes claman contra el sistema interamericano, es la primera vez que la Corte reivindica el papel de la Justicia colombiana. Y es que el fallo tiene elementos a los que no se ha prestado atención.

La Corte, por una parte, reivindica la actuación de los tribunales colombianos (el juzgado 12 penal y el Tribunal Superior de Bogotá, que dictaron sentencias condenatorias) y se apoya en sus dictámenes para su fallo. Además, la sentencia elogia el sistema contencioso administrativo de reparación a las víctimas que funciona en Colombia bajo el Consejo de Estado. Reconociendo que a 107 de los 117 familiares involucrados en el caso el sistema judicial colombiano ya los indemnizó, la Corte Interamericana no dictaminó la necesidad de reparaciones suplementarias, salvo la obligación del Estado de indemnizar a quienes no lo hayan sido. Incluso, en materia de costas y gastos, ordenó a Colombia pagar solo 5.000 de los 35.000 dólares que pedían las cuatro organizaciones representantes de las víctimas por concepto de sus expensas judiciales.

Contrasta con esto la posición de la defensa colombiana, que optó por la línea de desvirtuar las sentencias de los jueces nacionales para probar la inocencia de los militares. Así, mientras los representantes colombianos ponían en cuestión su propio sistema judicial para eximir al Estado de culpa, un tribunal internacional se apoyaba en la Justicia nacional para determinar la responsabilidad del Estado.

La Corte dice en su sentencia que, dado que los “órganos de administración de Justicia internos ya han determinado ampliamente varios alcances de la responsabilidad del Estado”, no habría sido necesario que ella se pronunciara sobre las violaciones ya reconocidas y reparadas. Sin embargo, constata que “durante el proceso ante la Corte el Estado ha pretendido desconocer y ha puesto en duda lo que sus órganos judiciales y administrativos han realizado para determinar la verdad de lo sucedido y las responsabilidades subsecuentes, así como para reparar a las víctimas de los hechos del presente caso, y ha mantenido la controversia sobre los hechos. En razón de ello (...) la Corte continuará con el análisis de las demás violaciones alegadas”.

Toda una paradoja que debería servir de lección a quienes le apuestan al riesgoso deporte de cuestionar las sentencias internacionales cuando son desfavorables a Colombia.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×