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| 9/17/2015 8:00:00 AM

Presentaron primera denuncia contra Natalia Springer

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó queja disciplinaria para que la Procuraduría se ocupe de sus polémicos contratos con la Fiscalía.

No se han completado todavía las primeras 24 horas de la acérrima defensa que emprendió el fiscal Eduardo Montealegre en favor de su contratista Natalia Springer y la polémica ya amenaza con convertirse en una investigación disciplinaria.

En la mañana de este jueves, el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, radicó ante la Procuraduría una queja en la que pide que se investiguen los pormenores de los contratos por 4.000 millones de pesos que firmaron la Fiscalía y la firma Springer Von Schwarzenberg Consulting Services S. A. S.

Se trata de un proceso de contratación directa que, para Bustos, no cuenta con bases legales valederas, entre otras cosas porque la firma de la politóloga no acreditaba la experiencia para cumplir con la misión que le fue encomendada para reconstruir el contexto histórico de las violaciones al derecho internacional humanitario y los derechos humanos que se han producido en el marco del conflicto.

El escrito conocido por Semana.com refleja los problemas que se habrían producido en parte de la ejecución de los contratos, al registrar las inconsistencias registradas por el interventor de uno de esos convenios.

Bustos indica que este portal reveló parte del contenido de los reparos expresados en la labor de auditoría que se dio dentro de un acuerdo contractual de 895 millones de pesos, en el que no se habrían cumplido los objetivos de lo convenido.

La queja reprocha el porqué se acudió a un tercero para desarrollar estas labores investigativas, cuando dentro del mismo personal de la Fiscalía se evidenciaba que existían perfiles ideales para hacerlo.

Según el texto, la firma de la politóloga Natalia Springer, por el contrario, no se mostraba idónea, entre otras cosas porque apenas contaba con dos años de constituida, lo que reflejaría su falta de experiencia.

El cálculo de Bustos apunta a que la politóloga y su grupo de investigadores recibían en promedio 17 millones de pesos diarios por la ejecución de las labores que le fueron encomendadas para reconstruir parte de la historia de la guerra fratricida que viven los colombianos.

La acción también critica que ante las objeciones del supervisor de las gestiones de la contratista, el fiscal Eduardo Montealegre haya decidido mantener la vigencia de los acuerdos. En cambio, quien advirtió las frustraciones de los objetivos de la labor contratada se vio obligado a abandonar la Fiscalía, anotó.  

Mientras el jefe del ente investigador, Eduardo Montealegre, defiende la buena fe con la que han actuado él y su contratista, con no menos ahínco de lo que lo ha hecho frente a los resultados de las labores contratadas,  los organismos de control deberán determinar quién tiene la razón.  

Allí se decidirá si se trata de un complot mediático infundado o de un uso ineficiente de los recursos públicos que merece sanciones o reconvenciones. 
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