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| 9/13/2011 12:00:00 AM

Casos de irregularidades en IPS con servicio de quimioterapia fueron trasladados a la Fiscalía

La decisión se toma después de analizar los problemas que encontraron en el 90 por ciento de clínicas y hospitales que atienden enfermos con cáncer.

La Procuraduría trasladó a la Fiscalía General de la Nación el informe de la actuación preventiva que realizó para verificar cómo las entidades públicas ejercieron su trabajo de inspección, vigilancia y control en clínicas y hospitales que prestan servicios farmacéuticos, en particular, aquellos relacionados con quimioterapias.
 
El informe que elaboró el Ministerio Público se realizó luego de recibir una denuncia de una joven de 18 años, quien tenía dudas sobre la eficacia de las quimioterapias a las que fue sometida como parte del tratamiento del cáncer que padece (linfoma de Hodgkin con esclerosis nodular).
 
La historia de Laura Paola Rivera, publicada en la edición 1532 de la revista SEMANA, llevó a investigar al centro de salud en el que fue atendida. Se encontró, según la Procuraduría, que no tenía la certificación del INVIMA "para llevar a cabo la preparación de mezclas oncológicas", razón por la cual, como medida sanitaria, se ordenó cerrar esta área del centro médico.
 
En la acción preventiva, la Procuraduría encontró un panorama “alarmante”: el 90 por ciento de las 390 Instituciones Prestadoras del Servicio (IPS) que ofrecen servicios de quimioterapia “operan sin haber sido certificados por el Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos (INVIMA)”.
 
Para el Ministerio Público, la situación pone en evidencia los riesgo a los que son sometidos miles de pacientes diagnosticados con cáncer que deben recibir tratamiento para esa enfermedad.

En la investigación, la Procuraduría estableció además que en varios casos el INVIMA realizó las visitas y encontró que las IPS no cumplían requisitos, y si bien no les expidió certificación, tampoco aplicó la medida sanitaria de cierre temporal o definitivo, como era su obligación, permitiendo que continuaran funcionando en condiciones fuera de la ley”.
 
La Procuraduría cuestiona por qué el INVIMA ha sido “selectivo” en la aplicación de las medidas sanitarias a las IPS que no cumplen con los requerimientos legales.
 
La procuradora delegada, María Eugenia Carreño Gómez, informó que se indaga sobre las razones por las cuales las EPS contrataron servicios con IPS que no tienen certificación del INVIMA.
 
El informe también fue trasladado al Ministerio de la Protección Social y a la Superintendencia de Salud.
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