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| 5/27/2017 12:02:00 PM

¿Quién tiene la razón en el paro cívico de Buenaventura?

Tanto manifestantes como el Gobierno hacen honor a la verdad en sus posturas; lo irónico es que mientras se ponen de acuerdo, en el fondo pierde la ciudad.

El balance no podía ser más dramático: un muerto, decenas de capturados por los disturbios y saqueos, una ciudad paralizada y el puerto por donde entra y sale la mitad de la mercancía del país, ya suma cinco mil contenedores represados. Se estima que las pérdidas diarias del paro cívico en Buenaventura, que al cierre de esta edición completaba 11 días, son de 15.000 millones de pesos.

Y como esa ciudad valluna de 400.000 habitantes es la ´joya de la corona´ del país en materia portuaria, puede afirmarse sin temor que cuando allí protestan, se resiente toda Colombia. La razón es simple, por ese puerto se mueven casi 16 millones de toneladas de mercancía al año y esa operación le representa al país en impuestos aduaneros, la no despreciable cifra de 5.4 billones de pesos; es decir casi una reforma tributaria.

Es tan gigantesca la operación portuaria de Buenaventura, que se ubica en el séptimo lugar dentro de la cuenca del Pacífico, con cerca de un millón de contenedores. Dicho lo anterior, muchos se preguntan y cuestionan por qué un puerto tan importante y que genera semejante riqueza, irónicamente está bloqueado debido a que sus habitantes salieron a las calles a taponar vías porque se cansaron de vivir en la pobreza.

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Esa es la nuez del asunto de un paro cívico que movilizó a miles de bonaverenses y que desde hace días protestan entre marchas, cacerolazos, cánticos y música folclórica. Salvo por los disturbios y saqueos del viernes 19 de mayo, podría decirse que esa manifestación es una muestra de la capacidad de convocatoria alrededor de una misma consigna: indignación. 

Para los promotores del paro, el Gobierno incumplió sus promesas. Mientras que desde el oficialismo aseguran, con cifras en la mano, que vienen honrando su palabra. Resulta toda una paradoja que, salvo por algunos detalles, en este caso ambas partes tienen razón. Los manifestantes porque reclaman obras que aún no se construyen; y el Gobierno porque tiene cómo demostrar que sí ha ejecutado millonarios recursos.

Pero más allá de eso, en el fondo el paro lo que busca es solucionar los problemas históricos de Buenaventura, “así el Gobierno haya ejecutado todas las obras prioritarias que prometió, nosotros hacíamos el paro, porque lo que buscamos es resolver los problemas estructurales”, argumentó Víctor Vidal, uno de los promotores de la protesta cívica. De ahí que el punto de quiebre para levantar el paro, sea la exigencia de declarar la emergencia económica y social, una figura que permite redireccionar recursos y acelerar procesos de contratación.

Vea: El lado musical del paro de Buenaventura

En efecto, desde hace un par de años existe un Plan Maestro para Buenaventura, proyectado al 2050 y que costaría 21 billones de pesos. Allí se incluyen soluciones a temas de grueso calibre como el déficit de las 40.000 viviendas de interés social que necesita el puerto; atacar indicadores sociales como el 36 por ciento de sus necesidades básicas insatisfechas, o sacar de la pobreza al 66 por ciento de su población y el 9.1 que vive en condición de miseria.

La danza de los millones

El país viene escuchando de grandes inversiones en Buenaventura desde 2014, cuando se conocieron detalles de la existencia de las temidas ´casas de pique´, osea aquellas casuchas levantadas a orillas del mar y en las que eran torturadas y picadas las víctimas de la guerra a muerte que para entonces libraban delincuentes de dos bandas criminales conocidas como La Empresa y los Urabeños.

Semejante horror sumado a los informes de la Defensoría y Naciones Unidas en los que detallaban la crisis humanitaria por cuenta de esa guerra territorial, hizo que el Gobierno fijara su mirada en Buenaventura y puso en marcha una intervención integral que no solo consistió en la llegada de soldados y policías, sino que se llevó para el puerto a toda la institucionalidad y jugosos recursos para inversión social.

De ahí surgieron dos grandes planes de los que el gobierno viene hablando con gran expectativa porque comprometen millonarias inversiones. El primero se llamó Plan de Choque que involucra la ejecución de 360.000 millones de pesos en 87 proyectos para obras prioritarias que necesita Buenaventura.

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El segundo se conoce como Plan Pacífico, que está respaldado en un crédito por 400 millones de dólares para desarrollar 50 proyectos de impacto en las cuatro capitales del litoral pacífico (Quibdó, Chocó; Buenaventura, Valle; Guapi, Cauca y Tumaco, Nariño). De ese préstamo, a Buenaventura le corresponden 80 millones de dólares para ejecutar 46 obras que mejorarán el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo.

En carta blanca, se puede asegurar que desde 2014 el Gobierno se comprometió entre Plan de Choque y Plan Pacífico, con invertir 600.000 millones de pesos para ejecutar 133 proyectos en diversos sectores. ¿Qué pasó entonces?

Ver nota: “La costa pacífica fue excluída del banquete del desarrollo”: obispo de Buenaventura

Por ahora el balance se debe realizar solo con el Plan de Choque, porque el crédito de 400 millones de dólares para el Plan Pacífico, apenas lo desembolsaron el pasado 7 de marzo. Así las cosas, lo que tiene para mostrar el Gobierno son los resultados de los 360.000 millones que debía invertir en 87 proyectos prioritarios que van desde salud, educación, infraestructura, seguridad y saneamiento básico.

Luis Escobar, gerente del Plan Pacífico pero que también debe vigilar el cumplimiento del Plan de Choque, asegura que ese programa está en un 72 por ciento de ejecución. Explicó que 17 obras están en proceso y solo 8 proyectos tienen alerta por retrasos. “los demás están hechos y se entregaron”.

Los ocho lunares

Sin embargo, justamente esos ocho proyectos en alerta o con cero avance de ejecución son los que más ruido vienen causando, por su impacto. Por ejemplo, entre esos incumplimientos aparece la reactivación del Hospital Departamental de Buenaventura, que fue liquidado en 2013 por el entonces gobernador conservador Ubeimar Delgado.

La promesa era que ese hospital con su enorme planta física, se convertiría en uno de tercer nivel, pero inexplicablemente hoy sigue cerrado y funciona “casi como un puesto de salud”, dijo Héctor Epalza, obispo de Buenaventura que apoya el paro cívico.

El otro hospital, Luis Ablanque de la Plata, padece todos los malos del sector salud. Manejos irregulares a tal extremo que hoy sigue en interinidad administrativa y en los últimos dos año cinco gerentes han pasado por ese cargo. En esa casa de salud que maneja un presupuesto de $40.000 millones y casi 400 empleados, se libra una vendetta política por su control que ya dejó un muerto, decenas de amenazados y varios funcionarios investigados por las autoridades.

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El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, tiene listos los 25.000 millones de pesos que se necesitan para abrir nuevamente las puertas del viejo hospital departamental, pero todo está frenado porque antes de hacer cualquier inversión se requiere un estudio técnico que avalúe las condiciones físicas del edificio.

El otro lunar es el famoso Megacolegio que servirá para albergar a 2.850 estudiantes; si bien ya se construyó más de la mitad, aún no lo entregan a la comunidad. Ni hablar de la nueva sede del Sena, canchas deportivas, la cárcel o la ampliación del aeropuerto y el dragado del estero de San Antonio.

Todas ellas son obras que se quedaron en el camino o están atrasadas ya sea por problemas en la estructuración del proyecto, el trámite del lote, la consecución de licencias o consultas previas, tal como sucedió con la ampliación de la pista de la terminal aérea.

Algo distinto ocurre con la mala atmósfera que se creó alrededor del mítico proyecto del Malecón, una obra que prometía darle un revolcón urbanístico al muelle de Buenaventura y su entorno de casi dos kilómetros y una inversión de 150.000 millones de pesos. Hoy ese proyecto se quedó en una primera etapa de menos de un kilómetro por valor de 27.000 millones de pesos y cuatro meses de retraso.

Alejandro Callejas, director técnico de Findeter, la entidad que gerencia la ejecución de ese proyecto, explicó que en esa obra fue necesario reubicar a 200 vendedores “y eso ocasionó la demora en la entrega”.

Pero la supuesta promesa incumplida del Gobierno que más roncha causa entre los bonaverenses, es la que les hizo el propio presidente Santos, en el sentido de garantizarles el servicio de acueducto durante las 24 horas del día. Ese tema es un punto de honor, ya que irónicamente la ciudad sufre de sed pese a estar rodeada de agua y numerosas cuencas hídricas.

Sin embargo, el preciado líquido sigue llegando apenas nueve horas de forma continua y cada dos días; de nada sirvió que desde 2001 fue concesionado a un operador privado llamado Hidropacífico, hoy en litigio. A la precariedad de sus redes de conducción, se suma que el servicio se interrumpe decenas de veces ya sea en invierno por turbiedad o en verano porque se secan los afluentes. Lo cierto es que hoy el acueducto solo tiene una cobertura del 76 por ciento y el alcantarillado es del 60 por ciento.

Por ahora lo que hizo el Gobierno en el Plan de Choque, fue construir dos sistemas de tratamiento para contrarrestar los cortes del servicio por turbiedad, Las obras ya están listas para ser inauguradas, pero el paro cívico frenó la puesta en marcha. La solución definitiva a los cortes y cobertura está incluida en las 46 obras del Plan Pacífico, que apenas arrancará.

La “maldita” corrupción

Los escándalos de corrupción de la clase dirigente de Buenaventura son otro factor a la hora de hacer balances y cortes de cuenta. Por ejemplo, en la actualidad tres ex alcaldes (Saulo Quiñones, José Félix Ocoró y Bartolo Valencia) fueron capturados e investigados por apropiarse de los dineros para mejoramiento de la infraestructura educativa y el penoso escándalo de los estudiantes fantasmas.

Y hace poco el contralor Edgardo Maya reveló otro escándalo por el presunto detrimento de 3.627 millones de pesos de las regalías y que fueron destinados para la construcción de un acuaparque que nunca se culminó. En esa investigación aparece de nuevo salpicado el ex alcalde Bartolo Valencia.

De ahí que el paro cívico actual también ha sido aprovechado para revanchismos políticos. De hecho, paralelo a la protesta, desde algunos sectores vienen promoviendo la revocatoria del alcalde actual, Eliécer Arboleda, considerado ahijado político de la gobernadora Dilian Francisca Toro.

El mandatario advierte que ese proceso lo lideran aquellos dirigentes que resultaron afectados con la depuración que hizo de los estudiantes fantasmas, “pasamos de tener casi 33.000 estudiantes atendidos por convenios con el sector privado, a solo siete mil niños”, explicó el alcalde tras denunciar que hizo lo mismo con una ventanilla paralela que funcionaba con el recaudo de impuestos.

El flagelo de las Bacrim

El paro cívico también dejó en evidencia otro temor que aún ronda a los porteños: los grupos armados ilegales. Durante los disturbios y saqueos del viernes 19 de mayo, se conocieron audios y videos que daban cuenta de un ataque coordinado por hombres armados con fusiles y pistolas que intimidaron a la comunidad y hostigaron a la fuerza pública.

Esas evidencias fueron un campanazo de alerta que sirvió para advertir que detrás de la protesta pacífica se pueden infiltrar grupos armados ilegales y como lo argumentó Jhon Reina, director de la Pastoral Social de Buenaventura, “eso demostró que las bandas criminales ya no están en guerra, porque uno de ellos ganó y se quedó”

Si se hace un análisis sereno de lo que viene sucediendo en esa ciudad portuaria, fácilmente se concluye que nada de lo malo que ocurre es reciente; lo novedoso es que fue el propio presidente Santos quien en su campaña reeleccionista de 2014 les dijo en una tarima “yo me he propuesto que se termine la guerra en Colombia y el abandono de Buenaventura”.

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