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El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, podría ser investigado si se aprobara, desde el Congreso, la creación de un Tribunal de aforados. | Foto: Archivo SEMANA

POLÍTICA

¿Cederá el gobierno a los ‘caprichos’ del fiscal?

Montealegre no quiere un tribunal de aforados ni perder la competencia de investigar al procurador y al contralor.

29 de septiembre de 2014

Si hay algún funcionario que salió diezmado en el primer debate de la reforma al equilibrio de poderes fue el fiscal general, Eduardo Montealegre. Con la forma como la Comisión Primera del Senado aprobó ese proyecto, le fueron retiradas varias competencias y gabelas a este funcionario.

Hoy, el fiscal general es uno de los pocos funcionarios que prácticamente está inmune a los juicios penales. Junto al presidente de la República, el vicepresidente y los magistrados de las altas cortes, en la práctica, no tenían quién los juzgara penalmente, pues sólo eran investigados por la Comisión de Acusaciones de la Cámara y juzgados políticamente por el Senado. Y todo el país conoce qué pasa con las investigaciones de esa comisión: nada.

Pero, en un par de días, los partidos políticos en el Congreso acordaron la creación de un Tribunal de aforados y decidieron incluir en su órbita las investigaciones del fiscal general, los magistrados, el procurador, el contralor y el defensor del pueblo.

Si se llega a aprobar esa propuesta (aún faltan siete debates en los que cualquier cosa se puede modificar), a partir de junio del año próximo el fiscal será investigado y enjuiciado por este tribunal y quien estrenaría esa figura sería precisamente Montealegre.

Y por si fuera poco, el Congreso también decidió quitarle al fiscal la competencia que tenía para investigar al contralor y al procurador general, algo que al parecer no le ha gustado mucho a Montealegre. Porque si se aprueba esa disposición, entre otras, la Fiscalía no podría seguir investigando a la excontralora Sandra Morelli.

Para muchos, como la senadora Claudia López (madre de ese tribunal de aforados), ese es el trasfondo que motivó la más reciente andanada de Montealegre contra el Congreso y la reforma al equilibrio de poderes.

Al parecer, el fiscal quería que se mantuvieran las normas actuales, que en la práctica le son más favorables.

Lo que parece claro es que el fiscal no se quedará quieto. Desde ya pareció emprender una cruzada contra la reforma y hasta incitó a la base de la rama judicial a movilizarse contra el Congreso.

Pero otra de sus estrategias será exigirle al Gobierno que no permita que a la reforma de poderes le cuelguen artículos que atenten contra su fuero.

La pregunta que surge es si el gobierno de Juan Manuel Santos cederá a las pretensiones del fiscal.

Aunque el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, descalificó las expresiones del fiscal general, anunció una reunión entre ponentes del proyecto para tratar de modificar la forma como fue diseñado el nuevo tribunal de aforados.

Para el Gobierno la mejor fórmula es un tribunal integrado por cinco magistrados y que sólo hagan una investigación, pero que sea el Congreso quien juzgue a los aforados.

Esa fue la idea que presentó el Gobierno pese a que se había comprometido con los ponentes a aceptar la propuesta de Claudia López. Pero reversó en su idea. La senadora de la Alianza Verde denunció esa ‘patraseada’ y responsabilizó directamente al fiscal Montealegre.

El ministro Cristo le dijo a la Comisión Primera que no compartía la idea del súper tribunal y lamentó que la decisión se hubiera adoptado sin un estudio profundo y sin el consenso con el Gobierno.

Por eso, en las próximas reuniones con los ponentes se sabrá si el Gobierno protege los intereses del fiscal.