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| 9/25/2012 12:00:00 AM

Celular, pieza clave en caso de registraduría paralela

Un juez de Cali legalizó la captura de Ana Lucía Beltrán Ortiz, la funcionaria de la Registraduría implicada en el intento de fraude electoral en el Valle.

De esa manera el proceso judicial por el escándalo de la 'registraduría paralela' que pretendía alterar las votaciones atípicas en ese departamento, suma ocho sindicados, seis de ellos ya tienen medida de aseguramiento.
 
Durante la captura de la señora Beltrán, realizada el lunes en Bogotá, fue incautado un celular que al parecer contiene información valiosa que podría dar nuevas pistas sobre la manera como opera la famosa 'Registraduría Paralela' desarticulada el pasado primero de julio en Cali, el mismo día que se realizaban elecciones atípicas para nombrar nuevo gobernador.
 
Durante la audiencia de legalización de captura de la señora Beltrán Ortiz, se supo que labora en la dirección de identificación de la Registraduría Nacional, tiene 48 años de edad, es soltera y actualmente cursaba segundo semestre de Derecho.
 
Se conoció además que ella estuvo hospedada en el hotel Calima Real, el mismo donde las autoridades incautaron la sala de cómputo desde donde presuntamente pretendían acceder al sistema de preconteo de votos de las elecciones en el Valle.
 
Lo más grave de este caso que podría convertirse en un iceberg de corrupción al interior de la Registraduría, es que entre los salpicados hay tres funcionarios de esa entidad y una secretaria privada del Consejo Nacional Electoral, CNE.
 
Precisamente esa funcionaria del CNE, identificada como Adriana Castro, se acogió al principio de oportunidad y hoy es persona protegida de la Fiscalía.

El otro eslabón de ese caso es Luis Enrique Forero, desvinculado de la entidad en agosto de 2011.
 
En ese mismo proceso fue imputado la semana pasada el exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra y está pendiente una solicitud de medida de aseguramiento la cual será resuelta el próximo 5 de octubre.
 
A todos los implicados en este caso se les endilgan los posibles delitos de cohecho propio y alteración de resultados electorales en el grado de tentativa.
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