Lunes, 5 de diciembre de 2016

| 2016/03/26 00:00

El dilema con las antenas de telecomunicaciones

La Corte Constitucional deberá decidir si acepta que el gobierno tenga la última palabra a la hora de instalar las redes o si mantiene el caos que han generado los municipios con reglamentaciones muchas veces absurdas.

Se necesitan muchas más antenas para tener mejor calidad en el servicio. Foto: Daniel Reina Romero

Si hay un tema con el que a diario pelean todos los colombianos, sin importar su nivel económico o el lugar en el que viven, es con las continuas caídas de llamadas de sus celulares o el lento andar del internet. Hoy, según cifras oficiales, hay más de 56 millones de líneas activas, una penetración muy alta si se tiene en cuenta que en Colombia hay alrededor de 47 millones de personas y que en 2006 solo había 28 millones de líneas.

Pero si este crecimiento es impresionante, lo ha sido aún más la demanda de internet móvil. En 2010 había 5,1 millones de usuarios y el año pasado cerró con 28,9 millones (23,5 millones en prepago y 5,4 millones en pospago), lo que demuestra que los colombianos pasan cada vez más tiempo pegados a una pantalla, chateando, viendo imágenes, videos e interactuando en las redes sociales.

Este aumento de conexiones móviles y servicios no va al mismo ritmo de las redes y antenas sobre las que viajan todas las necesidades de comunicaciones. Por el contrario, ha sido tan lento y complejo, que según el gobierno y Asomóvil, gremio que reúne a los principales operadores de telefonía celular, se necesitan entre 7.000 y 10.000 nuevas antenas en todo el país si se quiere suplir las fallas y cumplir la ambiciosa meta que se puso el gobierno de llevar internet móvil de alta velocidad (tecnología 4G) a 1.115 de los 1.122 municipios del país.

El problema para las empresas operadoras radica en que cada municipio, dentro de la autonomía constitucional que tienen para regular el uso del suelo, ha desarrollado normas para autorizar la instalación y uso de las antenas celulares que han desembocado en una anarquía total. Por ejemplo, mientras que el Concejo en Barranquilla prohibió que haya antenas en las azoteas de los edificios, lo que en un futuro va a dejar a miles de personas que viven en los pisos altos sin señal, en Bogotá no se pueden instalar en zonas públicas, cerca a colegios, hospitales, reductos de vegetación nativa o donde ya haya saturación de antenas, como Chapinero. Además, se requiere hacer un proceso de socialización que nadie sabe de qué se trata.

En Cartagena no se pueden instalar en la zona histórica y hay un movimiento ciudadano que se opone a las antenas porque cree, erróneamente, que son una amenaza para la salud. En Cali solo se pueden poner cada 250 metros de distancia y hasta en pueblos de la costa han pedido que las retiren o no las instalan por la creencia popular de que afectan la potencia sexual de la personas.  En más de 60 capitales y ciudades hay grandes barreras que, junto a otras restricciones que han impuesto los jueces, terminan generando una gran contradicción, pues todos los usuarios y el gobierno quieren un mejor servicio pero, a la hora de tener las redes que lo soportan, pocos las quieren tener cerca.

Para tratar de evitar que los operadores tengan que pasar meses o años en medio de trámites kafkianos antes de instalar una antena, el gobierno incluyó en el Plan de Desarrollo el artículo 193, que obliga a los municipios a levantar las barreras que tengan. De lo contrario la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) podrá tramitar, con las autoridades locales, ese proceso. También se autorizó a los alcaldes a eliminarlas en caso de que las haya en los planes de ordenamiento. Se fijó un plazo de dos meses para hacer el trámite de una solicitud y se estableció que las picoceldas o microceldas, sobre las que hoy viaja la tecnología 4G y el internet móvil, podrán instalarse sin licencias ni permisos, siempre y cuando estén acorde con las normas fijadas por la Agencia Nacional del Espectro (ANE) y la CRC.

Una vez expedido el plan, la Procuraduría les envió una comunicación a todos los alcaldes para que cumplan lo establecido en el decreto, lo que ha permitido que ya haya 22 municipios denunciados por imponer barreras innecesarias, como Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, entre otros. Sin embargo, el articulito fue demandado por considerar que el gobierno estaría violando la autonomía de los municipios para regular el uso del suelo. La decisión será tomada en las próximas semanas por la Corte Constitucional.

El Ministerio TIC, Planeación Nacional y el gobierno creen que en vista de que hay una tensión entre las competencias regulatorias de la Nación -que debe garantizar el acceso a las comunicaciones- y los municipios -que regulan el uso del suelo- se requiere que haya un orden dirigido por el Estado central en favor de los usuarios, que son quienes están perdiendo. Por su parte, los demandantes y ahora la Procuraduría, de forma contradictoria, creen que se está violando la autonomía municipal. Lo cierto es que de la decisión que tome la corte depende que millones de colombianos puedan disfrutar de los beneficios que hoy ofrecen las comunicaciones.

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