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| 9/20/2014 10:00:00 PM

Cepeda y Uribe, ¿el debate del año o del daño?

El mano a mano entre el senador Cepeda y el expresidente Uribe no cambió la opinión de ningún colombiano.

Lo extraordinario del debate sobre el paramilitarismo de la semana pasada en el Congreso de la República no fue tanto el contenido como la historia de los protagonistas. El padre del citante, Iván Cepeda, fue asesinado por los paramilitares. El del citado, el expresidente Uribe, fue asesinado por las Farc. Esos trágicos antecedentes no fueron los únicos que rodearon ese debate. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y los senadores Carlos Fernando, Juan Manuel Galán y Rodrigo Lara son asimismo hijos de hombres asesinados por guerrilleros y narcotraficantes. Esa circunstancia dice más de los últimos 30 años de la historia de Colombia que la andanada de acusaciones mutuas que se escuchó en el recinto. (Ver recuadro: Una violencia que los dejó sin padres).

Los dos principales protagonistas, Uribe y Cepeda, tienen razones para considerarse simultáneamente ganadores y perdedores de ese mano a mano. De Iván Cepeda impresionó la serenidad con que habló y la diligencia con que recopiló el pliego de cargos contra Uribe. De Álvaro Uribe llamó la atención no solo su tradicional elocuencia sino la indignación de inocente que reflejó ante las acusaciones.  

La intención de Cepeda era demostrar los supuestos vínculos históricos del ahora senador Uribe con el cartel de Medellín y los paramilitares. Para ello presentó documentos que relacionan a Uribe y a su padre con el clan de los Ochoa y los Cifuentes Villa, a quienes supuestamente les otorgó licencias de vuelo mientras fue director de la Aeronáutica Civil. Para el senador de la izquierda los nexos del expresidente con ellos antes de llegar a la Casa de Nariño fueron más allá de la simple condición de compadres que compartían poesía, aguardiente y caballos. También mencionó que Jaime Alberto Uribe Vélez, un hermano, tuvo algo más que una relación sentimental con Dolly Cifuentes Villa, la mujer extraditada el año pasado por haber sido el enlace del cartel de Sinaloa en Medellín. Luego vinieron los videos y una puesta en escena de testimonios de paramilitares que han señalado a Uribe de haber impulsado la conformación de las Convivir y posteriormente las Autodefensas Unidas de Colombia. 

No obstante, el extenso y detallado recuento de hechos que presentó el senador de la izquierda tuvo muy poco de nuevo. Más que conectar de manera contundente a Uribe con los paras y los narcos, Cepeda presentó la serie ya conocida de evidencias circunstanciales que si bien lo salpican ninguna constituye una prueba reina. Sin embargo, hay que reconocerle al expresidente que extraditó a los jefes paramilitares y que aunque su vida ha sido más escarbada que la de cualquier colombiano aún sigue en pie. 

Uribe enfrentó las acusaciones con la vieja estrategia de que la mejor defensa es el ataque. Aunque no respondió de manera puntual a cada una de las acusaciones que se le hicieron, sí logró desvirtuar la más grave. Cepeda lo había acusado de ser parte de la junta directiva de una empresa de Luis Carlos Molina Yepes, un ciudadano vinculado al asesinato de Guillermo Cano. Uribe mostró una carta de 1986 que dejaba claro que eso no era verdad.  Dedicó la mayor parte de su intervención a tratar de asociar a Cepeda con la guerrilla de la misma forma que este había tratado de hacerlo con él y el paramilitarismo. El dardo más efectivo fue la lectura de un correo entre Iván Márquez y Raúl Reyes encontrados en el computador de este último. En este uno de ellos le decía al otro: “Por pedido del compañero Iván Cepeda estoy coordinando la unidad de las marchas que se harán en todos los países el próximo 6 de marzo.” Aunque el contenido no podía ser más incómodo la verdad es que este correo tampoco era nuevo. Había sido publicado varias veces cuando el computador en cuestión fue incautado en 2008. 

Lo que desconcertó fue que el expresidente no se limitó a un contraataque contra su acusador sino que disparó a diestra y siniestra contra algunos de los presentes e incluso de los ausentes. Al senador Jimmy Chamorro lo acusó de oportunista político y de haber recibido cheques de los carteles de la droga. De algo parecido con el cartel del Norte del Valle acusó al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Sin mencionar el nombre de Juan Manuel Galán, lo tildó de oportunista por pedirle un puesto en una embajada y luego hacerle oposición. De Germán Vargas insinuó que había sido exonerado demasiado rápido de nexos con el paramilitarismo y de Santos repitió la acusación de la narcofinanciación de su campaña en 2010, aunque él mismo había aclarado anteriormente que no tenía ninguna prueba contra el presidente. 

A las acusaciones de Cepeda y el contraataque de Uribe se sumaron una serie de intervenciones de otros parlamentarios. Paloma Valencia y Claudia López se mostraron como contrapartes femeninas de la derecha y la izquierda, mostrando las dos gran facilidad de expresión y bastante agresividad. Carlos Fernando Galán estuvo emotivo y efectivo y Rodrigo Lara sobrio, cerebral y contundente. Antonio Navarro Wolff se lució pidiendo perdón pero se extendió un poco demasiado en la historia reciente de Colombia, aunque llegó a la conclusión acertada: el conflicto colombiano tiene muchos protagonistas y la complacencia de tantos sectores hace imposible colocar la responsabilidad en cabeza de una sola persona. Su frase más memorable fue: el que no haya pecado nunca que lance la primera piedra. 

El debate en el fondo no aportó nada nuevo y aunque Cepeda y Uribe hablaron bien a ninguno de los dos les convino. Los trapos al sol que mutuamente se lanzaron no hicieron más que revivir una serie de acusaciones que no enriquecen la hoja de vida de ninguno de ellos. Los antiuribistas confirmaron lo que pensaban de Uribe y los anticepedistas hicieron lo propio. Ninguno de ellos cambió de opinión. Sin embargo, lo que sí pudo haber sucedido es que miles de colombianos del común, desinteresados en política, oyeron en los noticieros en horario triple supuestos prontuarios de sus dirigentes que solo pueden aumentar su escepticismo.  La polarización que se vio en ese espectáculo era tan radical que el jefe negociador de La Habana, Humberto de la Calle, llegó a afirmar que en esas circunstancias la refrendación popular de un acuerdo de paz no iba a ser fácil.

 En realidad tiene algo de absurdo que ese debate haya tenido lugar. Al fin de cuentas, el Congreso tiene por objeto ejercer control sobre el poder Ejecutivo y no sobre sus propios miembros. De hecho, la Comisión de Ética del Senado había conceptuado que no se podían adelantar ese tipo de debates internos. El hecho de que al final lo haya permitido crea el  complicado precedente de que cada vez que un congresista tenga animadversión ideológica, política o personal contra otro de sus colegas tenga la posibilidad de sentarlo  en el banquillo de los acusados. Tampoco quedó bien parado el gobierno ya que su pasividad durante el pulso previo puede ser interpretada como una luz verde  para que este siguiera adelante. Sin duda, de haber existido voluntad política de la Casa de Nariño, la bancada gobiernista hubiese podido evitar el espectáculo. 

En conclusión el debate no solo fue un gana–gana sino un pierde–pierde. Pierden imagen los protagonistas, pierde credibilidad el sistema y pierde un poco el proceso de paz. Ante un resultado tan contundente lo lógico sería que en el futuro cuando un congresista quiera poner en el banquillo de los acusados a un rival lo haga presentando una acusación normal ante la Corte Suprema de Justicia y no montando un circo mediático como el de la semana pasada. 

Una violencia que los dejó sin padres

En las historias de Alberto Uribe y de Manuel Cepeda, padres de Álvaro Uribe y de Iván Cepeda, puede leerse una buena parte de la violencia de este país. No fueron las únicas tragedias presentes en el recinto del Congreso.  

Iván Cepeda tenía 31 años el día en que la vida lo puso frente al cadáver de su padre. El cuerpo del senador Manuel Cepeda Vargas yacía abaleado, recostado sobre las dos sillas delanteras del carro en el que se transportaba esa mañana del 9 de agosto de 1994. Iván, que de camino a la Universidad Javeriana había llegado al lugar pensando que se trataba a lo mejor de un accidente de tránsito, naufragó absorto durante varios minutos frente a esa imagen de la que seguramente no se ha olvidado nunca. 
Es curioso que Álvaro Uribe Vélez tuviese casi la misma edad —30 años— cuando supo que su papá no había sobrevivido a los disparos de supuestos guerrilleros que llegaron a increparlo en la hacienda Guacharacas, una porción de tierra de 2.000 hectáreas que se ubica justo donde termina San Roque y comienza Yolombó, en Antioquia.

 La diferencia es que Uribe, por aquellos días alcalde de Medellín, no alcanzó a llegar al lugar del crimen. El martes 14 de junio de 1983 intentó desesperadamente salir de Medellín en un helicóptero alquilado, pero el mal tiempo hizo que tuviera que esperar durante una noche, enterándose apenas por teléfono que su papá, Alberto Uribe Sierra, a sus 50 años, había terminado su vida tendido sobre un charco de sangre en la mitad de la sala.

 Mucha agua ha corrido bajo los puentes durante 30 años. Cepeda y Uribe, hijos de la violencia de la extrema izquierda y de la extrema derecha, se tildan mutuamente de paramilitar  y de guerrillero, en una confrontación que tuvo su momento más intenso esta semana en el recinto del Congreso. Y en algo tienen que ver las tragedias de sus respectivos padres.

Pero no solo las de ellos. A medida en que los demás senadores y funcionarios del gobierno tomaban la palabra en la sesión parlamentaria, fue emergiendo un retrato tremebundo de la violencia de este país. La misma que no solo dejó sin padre a Cepeda y a Uribe, sino al ministro  Juan Fernando Cristo, cuyo padre, Julio Cristo Sahium, fue acribillado por guerrilleros del ELN en Cúcuta. Juan Fernando era embajador de Colombia en Grecia, cuando tuvo que regresar a ver a don Julio en un ataúd. “Frente al ELN estoy dispuesto al perdón, nunca al olvido”, dijo el ministro en julio de este año. En el mismo plano están los papás de los senadores Juan Manuel y Carlos Fernando Galán y de Rodrigo Lara, asesinados por órdenes de Pablo Escobar, en medio de una guerra feroz que el cartel de Medellín libró contra el Estado y los civiles.

Lo que demostró en últimas el debate es que hay heridas que no han cicatrizado y que la verdad puede llevar consigo el perdón, pero también el resentimiento cuando no opera la Justicia. Aunque Uribe haya dicho que la ausencia de su padre no generó en él una sed de venganza contra la guerrilla y la izquierda, sí reconoció en su autobiografía No hay causa perdida que la tragedia de Guacharacas marcó en su vida personal y profesional “un punto de quiebre cuya influencia es tal vez inconmensurable”. 

 Aunque ya no valga la pena preguntarse qué habría sido de Cepeda o de Uribe de no haber conocido la fatalidad familiar, puede resultar útil pensar qué sucedería si en el futuro la barbarie determinara cada vez menos el destino de los colombianos. No se trataría de un mundo perfecto. Pero sí de uno en el que los debates ideológicos no llevarían en su trasfondo la sangre de los muertos.
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