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| 12/10/2011 12:00:00 AM

Cero en contabilidad

Las cuentas de las pasadas campañas electorales muestran que hasta los candidatos más serios se pifiaron en el cumplimiento de las normas de financiación y tendrían que pagar multas millonarias.

Las elecciones de alcaldes y gobernadores del pasado octubre prometían estar mejor blindadas a la hora de evitar malos manejos en la contabilidad de las campañas. Para la ocasión se estrenó la Reforma Política y el Estatuto Anticorrupción, que endurecieron las reglas de juego y les pusieron límites a los aportes privados para frenar la incidencia de carteles de contratistas en las campañas. Y además, por primera vez, el Consejo Nacional Electoral (CNE) obligó a los candidatos a poner sus cuentas a disposición de cualquier ciudadano, a través de un sistema en línea y de acceso público, conocido como Cuentas Claras.

SEMANA revisó los casos de las capitales y gobernaciones más importantes y encontró un rosario de irregularidades. Si bien no se trata de anomalías graves o que tengan implicaciones legales, pues de hecho son ellos mismos los que publican la información, sí llama la atención que los gobernantes llamados a dar ejemplo, o se hicieron los de la vista gorda, o no fueron suficientemente cuidadosos.

Los afectados tendrán que darle explicaciones al Consejo Nacional Electoral y podrían terminar pagando multas de entre 10 y 100 millones de pesos.

1) Topes volados

La nueva Reforma Política dice que ningún candidato puede recaudar contribuciones individuales superiores al 10 por ciento del tope permitido. Pero la campaña de Richard Aguilar, gobernador electo de Santander, o no entendió la ley o no le importó, pues aceptó dos generosas donaciones de una empresa de venta de carros: Confinautos. Según aparece en Cuentas Claras, la primera donación fue de 200 millones y la segunda, de 500 millones, que la convirtieron en su principal aportante. Lo máximo que cualquier campaña a la Gobernación de Santander podía recibir por aportante era 164 millones de pesos.

No se entiende tampoco cómo el PIN aparece como aportador de más de 300 millones a la campaña, porque Aguilar finalmente se inscribió por un movimiento de firmas con el nombre Santander en Serio y no como candidato de este partido. Siendo así, el aporte sería considerado de un particular y estaría violando el tope.

Algo parecido ocurrió con el gobernador electo de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, que recibió 300 millones de pesos del exalcalde de San Marcos (2004-2007) Ismael Zuleta Zuleta. En primer lugar, viola los topes, que en este caso son de 164 millones. Y además, Zuleta ha tenido tantos problemas legales y económicos que nadie en la zona se explica de dónde sacó ese dinero.

2) De bolsillos extranjeros

Otra de las reglas de juego que se violaron fue la de recibir aportes de extranjeros, de manera directa o indirecta. SEMANA encontró que uno de los aportantes de Rodrigo Guerrero, alcalde electo de Cali, es una empresa foránea con sucursal en Colombia. Se trata de la compañía Open Systems, que si bien era colombiana, en 2008 fue absorbida por Open Holding Investment Corp., con domicilio y registro mercantil en Panamá. La empresa aportó 20 millones de pesos en efectivo. Los asesores contables de la campaña de Guerrero se mostraron sorprendidos y aseguran que la misma fue objeto de cuatro auditorías por parte del CNE en Bogotá "y si hubiera existido alguna falta, nos la hubieran comunicado", dijo Roberto Reyes, uno de los asesores.

3) Los que no podrán contratar

Una de las normas claves del nuevo Estatuto Anticorrupción es que quien aporte más del 2,5 por ciento del tope permitido no podrá ser contratado si su candidato resulta elegido.

Muchos contratistas no se cuidaron y no podrán contratar con alcaldías y gobernaciones (ver cuadro en Semana.com). Y en algunos casos se ve que empresas fraccionaron sus aportes. SEMANA encontró, por ejemplo, que tres firmas distintas -Portmagdalena, Zofranca y Z.F. Construcciones- aportaron a la campaña del gobernador electo del Atlántico, Antonio Segebre. Cada una aportó 15, 20 y 20 millones, respectivamente. Sin embargo, al revisar los documentos de constitución de estas empresas, al menos cinco personas hacen parte de las tres. Estas mismas tres empresas también aportaron 20 millones cada una a la campaña de la alcaldesa electa Elsa Noguera. Este grupo estaría interesado en la concesión portuaria de la ribera colindante con la Zona Franca de Barranquilla.

Un caso parecido se observa entre dos compañías con concesiones portuarias en Cartagena, que aportaron a la campaña del alcalde electo Campo Elías Terán. Muelles El Bosque y Terminal Marítimo Muelles El Bosque comparten junta directiva y representante legal. La primera aportó 30 millones a la campaña y la segunda, 20 millones. Muelles El Bosque también aportó 30 millones al gobernador electo de Bolívar, Juan Carlos Gossaín.

Estas empresas son las operadoras de un puerto que maneja carga general y carbón a menos de 500 metros de la casa de Huéspedes Ilustres de Manzanillo. Y en Cartagena ha sido controversial la forma como este grupo ha utilizado parte de una isla vecina al muelle.

Entre los financiadores que quedarían inhabilitados para contratar con la administración de Gustavo Petro, según lo muestra el aplicativo Cuentas Claras, aparece Cindy Pacheco Romero, quien aportó 55,7 millones de pesos. SEMANA encontró que Pacheco aparece como representante legal de la lavandería Resplandor del Norte, que, según una carta del juzgado 44 civil del 11 de junio de 2010, para esa fecha estaba embargada.

Otro de los que quedarían impedidos para contratar con el Distrito es el mismo gerente de la campaña de Petro, Carlos Simancas. Según Cuentas Claras, Simancas aportó 72,5 millones, pero él dijo a SEMANA que esos aportes fueron préstamos y no donaciones. El problema es que el sistema no muestra esa diferenciación.

La campaña de Héctor Fabio Useche, elegido gobernador del Valle, también le dijo a SEMANA que dos aportes que aparecen en Cuentas Claras por 124 millones a nombre de Sandra Patricia Colonia, que la inhabilitarían para contratar, son en realidad préstamos. La contadora de la campaña se comprometió a enviar los respectivos soportes, pero no lo hizo antes del cierre de esta edición.

4) Candidatos millonarios

Llama la atención que varias campañas en las que se vieron ríos de dinero no tienen aportantes. Esto podría indicar que ellos mismos o sus familiares aportaron todo el dinero, algo que no tiene límite y es uno de los boquetes que quedaron en el Estatuto Anticorrupción y en la Reforma Política. La otra interpretación es que los candidatos pudieron no haber registrado todos los aportes que recibieron.

Es el caso del gobernador electo del Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, quien no escatimó en gastos. En la información que presentó ante el aplicativo Cuentas Claras no aparece, sin embargo, un solo aportante. Al parecer, su familia cuenta con importantes recursos porque tiene negocios de combustible en el Cesar.

5) Aportadores sin fondos

La empresa Rock Ar Ingeniería, dedicada a diseñar y desarrollar redes eléctricas y de comunicaciones, le aportó 63,5 millones a la campaña de Petro. Sin embargo, según los registros en la Cámara de Comercio, para septiembre de este año sus activos no superaban los 850.433 pesos y su patrimonio, incluidos pasivos y activos, no llega a 20 millones.

La empresa Pilastro Ingeniería y Construcciones fue constituida en marzo de 2011 y meses antes de las elecciones su patrimonio era de 50 millones, sin embargo, aportó 65 a la campaña de Petro.

Son muchas las preguntas que surgen al revisar las cuentas de los candidatos. Le toca ahora al CNE encontrar las respuestas.
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