Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1997/07/14 00:00

CERO EN DERECHOS HUMANOS

El primer informe de actividades de Almudena Mazarrasa, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos en Colombia, no es bueno.

CERO EN DERECHOS HUMANOS

Quien reciba este documento sin duda tendrá que llegar a una conclusión: Colombia es un país en el cual muchas fuerzas, entre ellas algunos miembros de las Fuerzas Armadas, los grupos paramilitares y posiblemente funcionarios del gobierno que impulsan las Convivir, han gestado una operación de exterminio contra los defensores de los derechos humanos y figuras políticas como la ex senadora Claudia Rodríguez y los recientemente asesinados alcaldes de Guática, Risaralda, y Acevedo, Huila. Con la publicación de este informe se pierden las esperanzas de una mejoría en el corto plazo de la imagen internacional del país en el tema de los derechos humanos.
El documento aclara que sus principales fuentes de información para elaborar el reporte fueron los testimonios y análisis hechos por las Organizaciones No Gubernamentales -ONG- y denuncias individuales o colectivas presentadas a la oficina. Además explica que la información que contiene no incluye otros posibles incidentes de violación al derecho internacional humanitario de los cuales no está enterada.
Las denuncias incluidas comprenden la existencia de grupos paramilitares en los departamentos de Antioquia, Chocó, Sucre, Bolívar, Cesar, Norte de Santander, Casanare y Meta. El grupo paramilitar más activo según la oficina son las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, agregando que "una persona familiarizada con esa organización se presentó en la oficina y mostró unas fotos de miembros de la ACCU en las cuales estaban usando ropas y armamento militares".
Otra de las acciones ejecutadas por grupos armados, de acuerdo con el informe, se refiere a testimonios que confirman "la existencia de retenes en Apartadó, departamento de Urabá, orquestados por grupos paramilitares a corta distancia de unidades militares". Agrega que las Convivir han sido muy criticadas en el país, "pero a pesar de ello las autoridades pretenden duplicar su número de 500 entidades registradas a 1.000 al finalizar 1997".
Al resaltar los ataques contra defensores de los derechos humanos, el documento destaca el asesinato de Mario Calderón y su esposa, Elsa Alvarado, ambos miembros del Cinep. Se precisa que "el 'modus operandi' indica un crimen muy profesional e intencionado". Entre otros ataques y hostilidades en contra de activistas de derechos humanos el informe cita un pronunciamiento del general Harold Bedoya, comandante de las Fuerzas Armadas, en el cual dijo públicamente que Gustavo Gallón (director de la Comisión Colombiana de Juristas) está siendo investigado por los crímenes de rebelión, narcotráfico y secuestro.
Finalmente, el documento asegura que la oficina está muy preocupada por recientes declaraciones de la subversión y de los grupos paramilitares en las que indicaron su intención de interferir violentamente en el proceso electoral que se llevará a cabo en octubre.
El recuento de estos y otros hechos por parte de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU describe una situación difícil en Colombia que puede tener implicaciones políticas y económicas a nivel internacional. La importancia política de un primer informe de la ONU es a todas luces significativo. Anteriormente las denuncias que presentaban algunas ONG eran desestimadas por el gobierno de Colombia debido a que se basaban en fuentes generalmente poco creíbles. Ya no será tan fácil desestimar la información contenida en este documento y los que le sigan, porque se trata de la opinión de funcionarios internacionales avalados por el mismo gobierno y la Cancillería colombiana, observando la realidad del país de primera mano. Tanto la Unión Europea, cuya prioridad en la agenda bilateral con Colombia son los derechos humanos, como el Departamento de Estado de Estados Unidos, tomarán esta información muy en serio.
El primer pronunciamiento de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia había generado gran expectativa. Su veredicto constituía una prueba de fuego para la credibilidad de las autoridades colombianas. El examen se perdió, y ahora lo más probable es que se avecine una dura batalla diplomática para contrarrestar sus efectos. Mientras tanto el país tendrá que asumir con mayor firmeza el compromiso de cumplir con un dictamen internacional que no puede aplazarse por más tiempo: el respeto a los derechos humanos.

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