Viernes, 31 de octubre de 2014

| 1992/05/18 00:00

CERO Y VAN DOS

EN LA OLA DE DENUNCIAS MORALES QUE VIVE EL PAIS LE TOCO<BR>EL TURNO AL MINISTRO DE DESARROLLO

CERO Y VAN DOS

DESDE QUE EL ALCALDE de Bogotá, Juan Martín Caicedo, fue detenido hace tres semanas se ha desatado en el país un clima de linchamiento moral. Los concejales están siendo llamados a rendir indagatoria, todos los que ordenaron o recibieron auxilios de cualquier clase están siendo investigados y ni siquiera los ministros del despacho se libran de sospecha. Hace un par de semanas el cuestionado fue el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, y la semana pasada a quien le tocó el turno fue al ministro de Desarrollo, Jorge Ospina Sardi.
El asunto qe levanto la polvareda fue la declaratoria de insubsistencia del Superintendente de Sociedades, Carlos González Vargas.
En una carta dirigida al Presidente de la República, González Vargas manifestaba que "la Superintendencia de Sociedades decidió abstenerse de autorizar una fusión de las sociedades Ceat General de Colombia S. A. y Universal de Luz S. A., por no reunir oportunamente los requisitos de ley. Y tomé esa determinación con plena conciencia de mi deber legal y moral de obrar conforme a derecho, a pesar de las repetidas presiones del señor senador Rodolfo Segovia, cuñado del señor ministro de Desarrollo y persona muy allegada a él, para que modificara mi actitud ". Y agrega posteriormente, "probablemente, pienso yo, motivado por las circunstancias antes señaladas, me insistió en que presentara renuncia del cargo... ".
Detrás de toda esta historia hay dos compañías del grupo de Inversiones Sanford, que encabezan los industriales Jimmy Mayer y Edmundo Esquenazi y del cual es accionista importante el senador Rodolfo Segovia Salas. El episodio concreto que suscitó el escándalo se remonta a marzo del año pasado, cuando la asamblea de accionistas de Universal de Luz S. A., Uniluz S. A., una empresa productora de bombillos que había acumulado 2.700 millones de pesos de pérdidas, decretó la disolución de la sociedad. En septiembre, esta empresa y la Ceat General de Colombia, una importante productora de cables que era su principal accionista, solicitaron la autorización a la Superintendencia de Sociedades para fusionarse. La Superintendencia se pronunció el 25 de noviembre negando esa autorización por considerar que no era procedente, pues Uniluz era una empresa en liquidación. La Ceat General le solicita el 2 de diciembre a la Superintendencia que reconsidere su decisión y le presenta toda una serie de argumentos jurídicos que sustentan el planteamiento. El 17 de diciembre, la Superintendencia se pronuncia manteniendo su posición original y negando nuevamente la petición de las compañías de fusionarse.
La fusión en efecto favorecía tributariamente a Ceat General de Colombia, que podía diferir las pérdidas de Uniluz a cinco años contra sus utilidades, que son muy cuantiosas. Pero esa posibilidad está contemplada por el Estatuto Tributario y la verdad es que es absolutamente legal. Por demás, en caso de que hubiera cualquier cosa anormal es a la Dirección General de Impuestos a la que le corresponde pronunciarse y no a la Superintendencia de Sociedades que no tiene competencia para ello. De hecho, en ninguno de los oficios que dirigió a las empresas solicitantes hace mención del aspecto tributario.
El 24 de enero de este año el ministro Ospina convocó al Superintendente a su despacho y le solicitó la renuncia manifestándole que necesitaba una persona en ese cargo que siguiera su línea de acción para poder adelantar la reestructuración que se proponía. El Superintendente se negó a partir de ahí en numerosas ocasiones a presentar renuncia alegando que representaba a un grupo político, el movimiento de Salvación Nacional, y que sus superiores le habían dado instrucciones de no renunciar. Ante eso el ministro Ospina se vio obligado a solicitarle al Presidente de la República que declarara la insubsistencia del funcionario.
Pero independientemente de los hechos, el punto de fondo es el de determinar si existieron presiones para obligar al Superintendente a pronunciarse en uno u otro sentido. Y si existieron esas presiones, ¿quiénes las ejercieron? ¿El ministro de Desarrollo, el senador Segovia o los dos?
En cuanto a las presiones que pudo haber ejercido el ministro de Desarrollo,el mismo Superintendente reconoce que nunca fue llamado pór su superior jerárquico para tratarle el tema de la fusión de las dos compañías. En su carta al Presidente de la República, lo que hace es inferir que la declaratoria de insubsistencia pudo haber estado motivada por su posición frente al caso Ceat, pero no lo afirma de manera categórica, ni dispone realmente de ninguna prueba que pudiera llegar a vincular al ministro en forma directa. El ministro mismo manifiesta que ni siquiera estaba al tanto del problema y en realidad, no tenía por qué estarlo. Quienes conocen de cerca a Jorge Ospina afirman que él delega tareas y exige resultados, pero no entra en detalles de temas que están en manos de sus subalternos. Igualmente es considerado como una persona poco dada a favoritismos políticos o personales. Por el contrario, es considerado un personaje distante, displicente, con gran capacidad de manejo de ideas y muy poca capacidad de manejo de situaciones.
En cuanto al senador Segovia la cosa no es tan clara. El ex superintendente afirma haber recibido numerosas llamadas telefónicas entre fines de noviembre y principios de diciembre del año pasado. Incluso sostiene que en una de esas conversaciones el senador llegó a decirle en tono coloquial costeño: "Oye,sino haces eso te vas a envainar". Si eso es cierto, la situación de Segovia se podría enredar, pues incurriría en una de las inhabilidades contempladas en el artículo 180 de la Constitución. El senador Segovia, a quien SEMANA no pudo contactar por encontrarse fuera del país, emitió, sin embargo, un comunicado de prensa a principios de la semana pasada en el que negaba de manera categórica haber tenido comunicación alguna con el ex superintendente González y manifestaba que no se había "presentado evidencia alguna sobre supuestas presiones y nisiquiera le informó a su superior jerárquico al respecto, como hubiese sido su obligación".
Dos versiones tan contradictorias de parte de personas respetables lo único que indican es que alguno de los dos no está diciendo la verdad. La carga de la prueba la tiene en este caso González, quien afirmó a esta revista disponer de elementos para poder probar sus afirmaciones. Si lo logra efectivamente, el senador Segovia tendrá que asumir las consecuencias. Si por el contrario, González no puede probar lo que afirmó, sus acusaciones quedarían en el aire y estaría incurriendo en el delito de calumnia.
Detrás de todo este episodio hay buena dosis de política. El ministro es de la Nueva Fuerza Democrática de Andrés Pastrana. El ex superintendente es alvarista y se ha amparado en el apoyo de Rodrigo Marín, que hoy por hoy hace de jefe de la oposición. Y Rodolfo Segovia es un desertor del alvarismo que se ha convertido en el líder del conservatismo independiente. Todos estos cruces parecen marginales, pero en el fondo pueden haber sido mucho más la causa de todo este escándalo, que la honorabilidad del ministro de Desarrollo.

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