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| 11/21/2004 12:00:00 AM

Cerramientos para la desigualdad

Por primera vez desde que salió de la Alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa critica abiertamente una decisión de Lucho Garzón.

La decisión del alcalde Garzón de permitir el cerramiento de parques públicos para el beneficio de algunos particulares es un golpe a la integración urbana y a la equidad social.

Cuando durante mi alcaldía quitamos algunos cerramientos para construir el parque El Virrey nos pusieron varias tutelas. Algunos vecinos que se oponían a la construcción del parque dijeron que no querían juegos infantiles, porque las vendedoras de flores traerían a sus niños y eso deterioraría el sector. Ganamos esa batalla y otras que dimos para quitar los cerramientos ilegales levantados por vecinos, principalmente de los estratos 4, 5 y 6.

Yo era consciente de que la batalla por mantener abiertos los parques públicos era impopular. Los intereses particulares que deseaban cerrarlos estaban organizados y eran beligerantes, mientras que las mayorías beneficiadas nunca reconocerían el esfuerzo. Ocurre así con frecuencia cuando uno lucha por el interés general.

Fueron muchas las batallas solitarias por el interés general: transportadores tradicionales que se oponían a TransMilenio; equipos de fútbol profesionales que querían mantener los lotes de parque como aquel en el que hoy están el parque y la biblioteca Barco, que absurdamente les había adjudicado la alcaldía en el pasado; propietarios de establecimientos comerciales que habían labrado bahías de estacionamiento donde debía haber andén; los comerciantes informales que se habían apropiado por décadas de San Victorino, lo que generaba un grave problema de seguridad; los propietarios de automóvil que se oponían al Pico & Placa, los narcotraficantes de El Cartucho que se oponían a su demolición y los socios del Country que se oponían a la conversión de los terrenos del club en un parque público, entre otros ejemplos.

Como en el caso de El Virrey, el propósito principal de los cerramientos es mantener fuera a los indeseables, lo que para quienes los defienden significa los ciudadanos de menores ingresos y sus niños. Por ejemplo, en el parque de Niza había una cancha de fútbol y cuando llegaron jóvenes de otros barrios a jugar allí, algunos vecinos tumbaron las porterías. Cuando allí iba a pasar una ciclorruta, lograron bloquearla. Que ciudadanos de menores ingresos fueran a 'contaminar' su barrio pasando por allí en bicicleta era intolerable.

La alcaldía justifica los cerramientos por razones de 'seguridad'. Con ese argumento se podrían cerrar todos los barrios de la ciudad. En todas las ciudades del mundo hay ladrones, pero no se encierran los espacios públicos. Más bien se instalan barrotes en las ventanas de los primeros pisos; esto ocurre en Paris, Nueva York o Beijing. Más aún, se puede argumentar que como en el parque abierto se conocen los vecinos, esto contribuye a la seguridad. No se cuestionan los cerramientos de los conjuntos privados, ni de otros espacios privados. Pero ahora lo que la alcaldía va a autorizar es el cerramiento de parques públicos.

Es curioso cómo en nuestra cultura apropiarse de lo privado es impensable, pero apropiarse de lo público no parece grave. Así algunas personas no robarían en una empresa privada, pero actúan de manera dolosa en el sector público. Lo público, que pertenece a toda la comunidad, es aún más sagrado que lo privado. Los particulares no pueden apropiarse de lo público con el argumento de la seguridad, así como quien se siente inseguro en un bus no puede apropiarse de un automóvil ajeno.

El gobernante tiene la obligación de defender los derechos de los ciudadanos, así estos no los reclamen. Es así como estamos en la obligación de defender los derechos por ejemplo de los indígenas del Putumayo, aun si ellos no los reclaman y si no hacen uso de ellos cuando los tienen. De la misma forma, el Alcalde está en la obligación de defender el derecho de los hijos de cualquier celador de acceder a cualquier parque cercano a los lugares de trabajo de sus padres. Esto implica enfrentar a comunidades organizadas empeñadas en hacer prevalecer el interés particular sobre el general. Para eso está el gobernante: no para hacerse el simpático, especialmente ante los más fuertes, sino para defender una visión de sociedad, unos principios y unos derechos fundamentales; así quienes los tengan no sean conscientes de ellos ni reclamen por su pérdida.

Legalizar el cerramiento de parques públicos es acabar con uno de los pocos espacios de integración e igualdad de nuestra sociedad desigual; es consagrar institucionalmente el clasismo y la exclusión. Ojalá el Mavdt actúe y el Congreso legisle prontamente para impedir semejante exabrupto. Y en su defecto, que la Corte Constitucional le aclare al Alcalde que él no puede entregar a los ciudadanos de mayores ingresos lo que pertenece a todos los ciudadanos por igual.
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