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| 8/22/2012 12:00:00 AM

Cerro Matoso: lo que está en juego

El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, dijo que la prórroga del contrato con la minera debe mejorar las contraprestaciones en materia de regalías y las condiciones ambientales para las personas que viven cerca de la zona.

El debate por la prórroga del contrato que le permite a la empresa Cerro Matoso explotar la mina de ferroníquel más grande de Latinoamérica tuvo un nuevo capítulo este miércoles.
 
El procurador, Alejandro Ordóñez, le entregó al ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, un concepto en el que explica los problemas jurídicos que tendría prorrogar el contrato. Su análisis es clave, más cuando Ordóñez en el pasado, cuando fue consultor, ya había expresado dudas sobre la legalidad de ampliar los términos del contrato de la discordia (051 de 1996).
 
Al término de la reunión, el ministro Cárdenas dijo que "se tienen que mejorar las contraprestaciones en materia de regalías, así como mejorar las condiciones ambientales para las personas que viven cerca de la zona". Y agregó: "La mina tiene que irrigarles más prosperidad (a los habitantes de la región), aquí en materia social no más buenas intenciones, tiene que haber obligaciones, no promesas".
 
Cerro Matoso es el sexto productor de níquel en el mundo. Actualmente la concesión es de la australiana BHP Billiton. Y en 40 días aproximadamente, el 30 de septiembre, vence el contrato que le permite explotar el mineral.
 
El contrato en cuestión, el 051 de 1996, firmado por el ministro de Minas de la época, Rodrigo Villamizar, incluyó dos artículos que en criterio de los detractores del mismo y los organismos de control son desventajosos. Uno que integra los terrenos cobijados para la explotación por otros dos contratos anteriores al 051, y que, obviamente, modifica las condiciones en las que fueron suscritos.
 
Y otro que dice que los bienes que revierten a la Nación el próximo 30 de septiembre del 2012, serán arrendados inmediatamente a Cerro Matoso a una tasa equivalente al 1,25% sobre la ganancia neta semestral.

En distintos escenarios el representante de Córdoba David Barguil ha calificado como 'micos' del contrato esos dos artículos. En su criterio, es "una locura jurídica" porque en primer lugar, el contrato 051 no es un contrato de concesión, sino un contrato de aporte minero. Es decir, tienen naturalezas distintas, por lo que uno no puede absorber al otro. Y en segundo lugar, porque la minera sólo pagaría aproximadamente "200 millones de pesos mensuales por bienes que cuestan 1,3 billones de pesos". Es decir, el arriendo de la mina no se compadece con lo que cuestan sus instalaciones.
 
Hasta ahora, el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, ha expresado que se deben revisar las condiciones de prórroga de la concesión. En su criterio, los términos deben ser mucho más favorables a la Nación.
 
Varios conceptos contratados por Ingeominas señalan que el Estado no está en la obligación de conceder la prórroga del contrato minero, aunque la empresa puede solicitarla. Uno, del 2008, dice que "dado que el contrato 866 prevé la reversión gratuita de todos los bienes en el año 2012 y su entrega en comodato a Cerro Matoso, por un canon estipulado contractualmente, con la prórroga se están vulnerando expectativas económicas del Estado a partir de ese año por un valor aproximado a nueve millones de dólares semestrales, por lo cual no resulta conveniente conceder la prórroga".
 
Barguil, además, hace una pregunta pertinente: "¿Hasta dónde la minera ha cumplido sus obligaciones económicas, ambientales y sociales?", dijo en una entrevista publicada este martes en el noticiero CM&.
 
En agosto pasado, Cerro Matoso tuvo que pagar 35.000 millones de pesos luego de que la Contraloría encontró que la minera había incluido como aportes a las regalías gastos de funcionamiento de la minera: bonificaciones a la producción de los empleados, gastos de operación y mantenimiento de la carretera y el aeropuerto y otros en la ciudadela de Cerro Matoso (donde viven los empleados).

Estos eran compromisos contractuales que no se debían cargar a las regalías. Por eso, la pregunta no es un asunto menor. Pero son las autoridades las que deben responder.

Otra pregunta que hace Barguil es "¿Por qué el Gobierno piensa en prorrogar sin estudios técnicos sobre qué es lo más conveniente para la nación?" En su criterio, la salida más favorable es abrir un concurso en el que participen distintos oferentes y que cada uno haga su apuesta.

Por su parte, Cerro Matoso ha defendido su derecho a seguir operando amparada en los compromisos legales adquiridos por el Estado. También ha explicado que hasta ahora ha cumplido con las obligaciones impuestas por los contratos y por los organismos de control.

No sólo están en juego las 50.000 toneladas de ferroníquel que produce la mina anualmente, ni los 17.000 millones de pesos en utilidades mensuales. El Gobierno tiene una oportunidad de oro para orientar el futuro del desarrollo minero teniendo en cuenta factores ambientales y sociales, de cara al público (no como se hizo en el pasado) y sin apartarse de los compromisos legales. Los próximos días son claves.
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