Jueves, 2 de octubre de 2014

| 2012/08/04 00:00

Cerro Matoso: mina rica, pueblo pobre

En tres décadas de explotación de la mina de níquel Cerro Matoso se han hecho ventas por 11.000 millones de dólares. Con tan fabulosa fortuna, ¿por qué los pueblos que la rodean siguen en la miseria y sus habitantes se quejan de extrañas enfermedades?

Dos niños de Unión Matoso (Córdoba) llevan a su casa agua para consumir que recogen en los caños. Al fondo, a 800 metros, está la mina de Cerro Matoso, de BHP Billinton, la compañía minera más grande del planeta.

Es una paradoja. La Unión Matoso, el pueblo más miserable de Colombia, está a los pies de Cerro Matoso, la mina de níquel a cielo abierto más grande del continente y la cuarta en el mundo. Desde este pueblo cordobés se observan las volquetas que arrojan en la ladera toneladas de escoria, el polvo sobrante del proceso de purificación del ferroníquel. Lo derraman en lo que hace tres décadas era una montaña verde, en la que Luis Simón Márquez Flórez, 51 años de edad, cazaba animales, cultivaba y se bañaba en aguas diáfanas. "¿Quién iba a imaginarse que había más riqueza en las entrañas de la montaña?", dice.

En 1963, él vio los inicios de la exploración y 19 años después empezó a observar la explotación de la mina que en este tiempo ha pasado por diversos dueños. Hoy es propiedad de BHP Billiton, la compañía minera más grande del planeta. En este tiempo, según datos suministrados por la empresa, Cerro Matoso ha exportado 910.000 toneladas de níquel, que en ingresos brutos equivalen a 20,9 billones de pesos (11.000 millones de dólares). A Márquez Flórez no le caben en la cabeza estas fabulosas cifras y desconoce que la planta produce 50.000 toneladas anuales de ferroníquel que se exporta a las principales metrópolis del mundo. Lo que sí sabe es trabajar la caña flecha, cultivo silvestre y materia prima para hacer el sombrero vueltiao, como los que llevaban los deportistas colombianos en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. A eso se dedican los 520 habitantes de aquí. "Es un trabajo doloroso por causa de la escoria que arrojan de la mina", dice. Según sus testimonios, el viento lleva el polvillo hasta ellos. Penetra en sus pulmones, en sus ojos, en su piel. Se posa sobre sus techos y escurre con la lluvia a las canaletas y a los tanques de agua de consumo. La compañía, por su parte, niega que emita escoria y destaca que "en sus 30 años de operaciones, no ha recibido nunca una sanción por incumplir la legislación ambiental colombiana".

Dayro Romero, concejal de San José de Uré, habitante de La Unión Matoso, dice que hace poco hablaron con el presidente de la empresa, Ricardo Escobar, el primer colombiano en 30 años en dirigirla, y le dijeron que tenían que responder por el alto grado de contaminación por la escoria que está cayendo en su pueblo y por el grave impacto ambiental de la región. Escobar, según ellos, tomó nota de la situación y prometió averiguar si había irregularidades.

Los pobladores dicen que aguantan el dolor con estoicismo. Aquí no hay un puesto de salud, ni alcantarillado, ni siquiera agua pura para lavar las heridas. Carecen de cualquier servicio público. "La mayoría de mis 120 alumnos viven a diario con rasquiñas y gripas interminables", dice Eleidis Romero, la profesora de la escuela San Luis. Un estudio de la Universidad de Antioquia, que ha hecho exámenes médicos, dirigido al director de relaciones laborales de la empresa, dice: "Es importante observar que las mediciones ambientales realizadas presentan un nivel superior al permisible".

Márquez Flórez se muestra cansado. No así los niños semidesnudos, con evidentes signos de desnutrición, que caminan por las seis vías sin pavimentar. En lugar de asfalto están cubiertas de saprolita, un material también de desecho de la mina con alta cantidad de níquel, duro y filudo. Es extraño el niño que no se vea cortado por andar por las calles. A pesar de esto, sonríen. Nunca han visto otra realidad. Parecen vivir en la Edad Media aunque al frente tienen una industria con alta tecnología y unas instalaciones que consumen tanta energía eléctrica como toda Barranquilla.

La Unión Matoso y la mina de Cerro Matoso están a 90 minutos de Montelíbano. Los une una carretera que atraviesa paisajes de espléndidas sabanas, salpicadas por colinas en donde pasta el ganado a la sombra de los árboles. Abundan las variedades, cebús y búfalos bien alimentados. Sin embargo, en el casco urbano de este municipio de 85.000 habitantes se acaba el paisaje de postal: entre la maleza y los olores fétidos se ven inconclusas la plaza de mercado y el matadero municipal. El alumbrado público es deficiente, no hay alcantarillado y el agua no es potable. La versión que pasa de boca en boca es que la plata de la mina se extravió en la maraña de corrupción local y regional. La compañía muestra sus libros contables en los que dice que ha girado durante los 30 años de operaciones al Estado colombiano 1,5 billones de pesos por concepto de regalías.

¿Cómo se esfumó tan astronómica cifra? ¿Qué político responde? Nadie. Un caso que simboliza esta respuesta es el del liberal Moisés Náder Restrepo, elegido en cinco ocasiones alcalde de Montelíbano. En estos periodos acumuló 64 investigaciones de la Procuraduría por derrochar las regalías pero nunca fue sancionado. "Más vale malo conocido que bueno por conocer", dice un estudioso de la política local para explicar por qué la gente insiste en reelegirlo, "Saben que él ha sido perverso pero los demás han sido peores", concluye. El municipio ha sufrido el azote de los narcos y los paras. Hoy el fantasma de las bacrim gravita en toda la región.

Enfermos por el trabajo

Aunque la plaza de mercado y el matadero parecen reliquias detenidas en el tiempo, algunos pobladores tienen preocupaciones más urgentes. A Julio Enrique Acosta Arcia, de 53 años, según consta en su registro médico, le encontraron diez elementos tóxicos en su cuerpo tras haber trabajado en la mina durante 23 años. Le han hecho 14 cirugías, le descubrieron un cáncer y hoy está en una silla de ruedas. Cree que la empresa ha mejorado en seguridad industrial, pero a él, que fue uno de los pioneros, le tocó una época en que esta era "bastante rudimentaria".

Acosta lidera a 80 exempleados que, según la acción de grupo que hoy hace trámite en un juzgado de Montería, fueron retirados de la empresa por enfermedades respiratorias, problemas motrices, erupciones cutáneas y accidentes de trabajo. Federman de la Ossa, de 64 años, ingresó en 1971 y se retiró en 2000 con diagnóstico de enfermedad pulmonar. Vive en El Varal, Pueblo Nuevo, y permanece en una hamaca, junto a siete medicamentos que debe consumir las 24 horas. SEMANA hizo un recorrido por la zona y encontró otros casos dramáticos. En Pica Pica, a 40 minutos de Planeta Rica, vive Alfaro Osorio, de 55 años, con enfermedad pulmonar crónica. En Montería, Emilio Soto, quien ingresó a Cerro Matoso en 1980 y se retiró en 2007 cuando le diagnosticaron una dermatitis de contacto crónica. Su cuerpo era una llaga purulenta que producía repugnancia en sus compañeros de trabajo, quienes se lavaban las manos después de saludarlo, decían que estaba podrido, creían que tenía sida.

Según sus testimonios, adquirieron estas enfermedades por inhalar gases, por manipular reactivos, por trabajar en los hornos en la refinería y por entrar en contacto con el material particulado que emite la planta en los procesos metalúrgicos del ferroníquel. La empresa tiene una versión muy distinta. "En los 30 años de operación, 39 personas han presentado enfermedades calificadas como profesionales. De estas, 29 casos corresponden a algún grado de pérdida auditiva".

¡Peligro! ¡Peligro!

El níquel, dice la hoja de advertencia que va adherida a los costales de exportación, "es un material peligroso, puede producir cáncer, reacciones alérgicas cutáneas, es dañino para los pulmones tras exposición repetida o duradera; no inhalar polvo ni humo". Lo advierte Cerro Matoso a sus clientes. Sin embargo, los mineros viejos dicen: "A nosotros nunca nos lo dijeron".

En la década de los ochenta no había una preocupación por el tema de salud ocupacional, a pesar de que la International Agency for Research on Cancer (IARC), clasifica al níquel y sus compuestos en el grupo A1 de agentes cancerígenos. El pasado martes 24 de julio murió de cáncer Hildebrando Turizo, tenía 60 años, se lo habían diagnosticado hace diez años, fue operador de refinería y de la planta de recuperación. Cuando los periodistas de SEMANA lo visitaron en la clínica IMAT de Montería, el 13 de julio, contó que a él nunca le dijeron que "el níquel podía producir cáncer. El agua de consumo en la planta -aseguró- contenía minerales como hierro, cobalto, níquel, saprolita verde y café y azufre. La extraían de los yacimientos del cerro".

A la mayoría de los exempleados el trato que han recibido de los directivos de Cerro Matoso los ha desconcertado. Los extrabajadores consultados por SEMANA coinciden en afirmar que los médicos que les hacen los exámenes siempre hablan bajito, y las clínicas y laboratorios donde se los practican nunca les entregan los resultados sino que los envían a salud ocupacional de la empresa porque son "exámenes privados".

Pero si la empresa, como consideran los exempleados, ha sido indolente ante las enfermedades, la aseguradora del régimen de pensiones, a pesar de las evidencias, no ha aceptado que las enfermedades han sido contraídas en las labores que desempeñan. Por eso quedan sin trabajo y sin pensión. "Nosotros ignorábamos lo nocivos y venenosos que eran los materiales a los que estábamos expuestos. Yo entré caminando a Matoso y salí inválido", dice Acosta.

En este mes de septiembre se vence el plazo de la concesión a la compañía que explota la mina. BHP Billinton aspira a renovar el contrato por 30 años. El presidente Juan Manuel Santos, quien trabaja en impulsar la economía con lo que llama "la locomotora de la minería", tomará la decisión. El mandatario ha dicho en varios ocasiones que debe "haber absoluta igualdad entre lo que se extrae y lo que se reinvierte en la gente". Además, ha precisado que cualquier explotación debe hacerse con sostenibilidad y respeto hacia el medio ambiente. El ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, valida esta premisa: "No vamos a permitir explotación que no beneficie a las comunidades de los municipios en donde están las minas". Gabriel Alberto Calle Demoya, el actual alcalde de Montelíbano, espera que en Cerromatoso no se siga ratificando ese presagio que dice: "Pueblo de mina, pueblo de ruina".
 
 

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