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| 4/22/2006 12:00:00 AM

Cerros cercados

La CAR anunciará un polémico plan para recuperar y manejar los cerros orientales de Bogotá, que puede costar más de un billón de pesos.

Después de varias semanas de expectativa, meses de debate y un año de trabajo, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) dará a conocer el Plan de Manejo Ambiental de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá. Además de plantear los caminos para recuperar, reforestar y mantener las 14.116 hectáreas que conforman este valioso oasis, el proyecto contendrá medidas importantes que reafirman legal y técnicamente la intención de ponerles llave a los cerros para protegerlos, sacar a los invasores y regularizar la permanencia de muchos residentes, especialmente campesinos que la habitan desde hace muchos años.

La columna vertebral del Plan consiste en ponerle precios y tiempos a la recuperación de los terrenos, y les da luces, herramientas y pruebas a todos los organismos que tienen que ver con la reserva, para que tomen medidas de fondo.

Si Bogotá y la Nación quieren llevar la reserva a un estado similar al que estaba en 1976, cuando fue creada, lo que significa reubicar personas, demoler casas y edificios, cerrar canteras, cortar las especies exóticas y reemplazarlas por árboles nativos, deberán invertir un billón 225.000 millones de pesos en los próximos 10 años. Pero si se decide dejar a los residentes actuales, comprar todos los demás predios y recuperar la reserva, el costo sería de unos 300.000 millones de pesos, incluidos unos 76.000 millones de pesos, por comprar predios.

Precisamente uno de los temas que más polémicas creará es el de las construcciones. Según el Plan, las leyes ambientales y nacionales que regulan las reservas forestales han advertido desde hace años a los particulares que cualquier mejora que se haga dentro de estos terrenos no puede ser tenida en cuenta, lo que significaría dos cosas: las casas, los edificios y las locaciones hechas en zonas de reserva de manera irregular o ilegal a partir de 1976 no tendrían valor; y la tierra no se puede comprar bajo la perspectiva de un lote urbanizable. Esto hace, por ejemplo, que en algunos casos la CAR rechace avalúos de 8.000 ó 10.000 millones de pesos por hectárea y tome como referencia el precio que en promedio está hoy pagando la Empresa de Acueducto en la zona, que es de tres millones de pesos por hectárea.

Un estudio que también está haciendo la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, con base en el avalúo catastral, ha fijado en unos 220.000 millones de pesos el monto que se tendría que pagar para convertir en pública el 55 por ciento de la reserva que está en manos privadas.

Óscar González Arana, contralor distrital de Bogotá, dijo a SEMANA que debido a la importancia de los cerros como reguladores del agua de la Sabana y patrimonio de la ciudad, cualquier precio es una buena inversión que se debe hacer antes de que las casas lleguen hasta el filo de la montaña.

Pero, como ha pasado hasta el momento, que los cerros no han tenido dolientes, nadie ha propuesto de dónde saldrían los recursos. De todas formas, la CAR también diseñó un plan a 10 años para permitir que los particulares vayan dejando los cultivos de papa, pastizales y ganado y empiecen a sembrar especies nativas.

En el Plan, la CAR también busca soluciones a la ocupación ilegal. A Planeación Distrital le muestra cuáles extracciones de la reserva o legalizaciones, decretos o resoluciones de incorporación; licencias urbanísticas o actos administrativos expedidos por la entidad son ilegales, para para que tome decisiones. Incluso, le pedirá que revoque buena parte de estos actos.

Al Ministerio del Ambiente le pide reconsiderar la legalización de varias parcelaciones, barrios y veredas que están en el área rural de la reserva, porque en la legislación nacional no hay antecedentes que permitan la coexistencia de barrios o urbanizaciones con una reserva natural.

De igual manera, ordena el cierre de 43 canteras que hay a lo largo de los cerros y le pide a Ingeominas que estudie la posibilidad de suspender los títulos mineros que tienen tres grandes empresas: Silical, Calicanto y El Cedro, ya que con el tiempo podría dividir la reserva en dos. Finalmente, el Plan busca contrarrestar los argumentos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que, a la luz de la normatividad ambiental, defina cómo debe entender la reserva y qué decisiones legales o ilegales se tomaron para llegar a la situación actual: hay más de 100.000 personas viviendo en zonas que eran consideradas reserva natural.

Otro de los temas polémicos que generará la resolución que expide el Plan es el de las sustraciones, una figura que permitía sacarle terreno a la reserva para que fuera habitable o incorporada a la ciudad. Según la directora, Gloria Lucía Álvarez, la CAR ha hecho en su historia sólo cuatro sustracciones de la reserva, dos de las cuales presentan vicios de ilegalidad.

La más grande es la de Puente Chicó, de 284 hectáreas, que queda en la vía a La Calera y en donde hoy viven prestantes familias bogotanas. La otra es más compleja aún, y es la de los barrios San Luis, San Isidro y La Sureña. Para la CAR, tienen vicios de ilegalidad porque fueron autorizadas por directores de la época, sin la autorización del consejo directivo, entre otras.

"Le ordené a la subdirectora jurídica de la CAR que en menos de un mes presente una propuesta para definir las acciones para regresar esos terrenos a la Reserva y demande penalmente a los promotores de estos barrios y urbanizaciones, para que la Fiscalía se entere definitivamente de lo que ha pasado en los cerros orientales", pide Álvarez.

Pese al extenso memorial de agravios, buena parte de la palabra final de las legalizaciones la tendrá el Tribunal. Pues, a decir verdad, es difícil ver a la administración Garzón tumbando un edificio de estrato 6 o un barrio popular

Por eso, la CAR plantea que en caso de normalizarse la presencia de casas en la reserva, deberán pagar una tasa de compensación anual, que tramitará el Ministerio, para que compensen por gozar de un privilegio y ayuden a financiar la recuperación de la reserva.

Al parecer, el Estado y la ciudad se están acercando a decisiones claras sobre los cerros orientales. El gran interrogante es cómo evitar que los particulares sigan construyendo a escondidas en un patrimonio forestal tan valioso. Cada nueva casa es una fuente natural de agua y vida que se cierra para siempre.
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