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| 2/26/2002 12:00:00 AM

Cese al fuego

SEMANA asistió a una reunión de un grupo de conocidos analistas de paz que trataron el tema del cese al fuego y de hostilidades e invitó a algunos de ellos a participar en el chat del próximo miércoles 13 de febrero, a las 6 de la tarde.

De aquí al 7 de abril el gobierno y las Farc deben llegar a unos compromisos sobre cese al fuego y hostilidades. SEMANA asistió a una reunión de un grupo de conocidos analistas de paz, y publica las apreciaciones de algunos de ellos sobre las posibilidades de que se pacten esos compromisos y sobre los alcances de éstos. El próximo miércoles, 13 de febrero, a las 6 de la tarde, los analistas Otty Patiño, Camilo González, Carlos Franco, Carlos Eduardo Jaramillo y Alejo Vargas, tienen cita en Semana.com para hablar sobre el tema. Participe en el chat.

Viabilidad de los acuerdos. En el tiempo que resta hasta el 7 de abril es viable llegar a unos "primeros acuerdos" que conduzcan a una clara "disminución del conflicto" (esos son los términos que utiliza el "Acuerdo de cronograma para el futuro del Proceso de Paz", celebrado el 21 de enero pasado entre el Gobierno y las Farc). Un pacto integral de cese de fuegos y hostilidades es algo que debe dejarse para un poco más adelante, porque involucra temas muy variados y complejos, como los referentes a los actos prohibidos, los obligatorios y los permitidos, la localización de las fuerzas y la verificación exhaustiva de compromisos, entre otras materias. Para celebrar un pacto así se requiere disponer de un buen margen de tiempo, y contar con una sólida convergencia de propósitos entre las partes en relación con todas las cuestiones relevantes.

Finalidad de los acuerdos. Los pactos tendientes a la disminución del conflicto armado no deben ser considerados como un objetivo en sí mismo. Deben estar dirigidos a crear un marco propicio para que las negociaciones sobre las cuestiones sustantivas o de fondo den un salto hacia adelante. Una suspensión de hostilidades que se concentre en la proscripción de las conductas atroces, y un cese al fuego temporal (que por su carácter transitorio no afecte el equilibrio militar entre las partes) bien pueden contribuir a ese propósito. En todo caso, la aceleración del estudio de la agenda de fondo debe ser objeto de muy precisos compromisos entre las partes.

Conductas prohibidas. Se corre el riesgo de que, por conseguir formalmente algún resultado el 7 de abril, se renuncie a alcanzar avances sustanciales en la disminución del conflicto. Los acuerdos de esa fecha deben comprender, como mínimo, la proscripción de las conductas especialmente atroces como los ataques masivos e indiscriminados contra la población civil (ataques a poblaciones con cilindros de gas, masacres, bombardeos…), el secuestro y la desaparición forzada. También deben contemplar la prohibición de los actos contra la infraestructura física del país. Por los costos que algunas de esas prohibiciones (como la del secuestro) pueden tener para las Farc, es previsible que éstas exijan que los respectivos acuerdos tengan una vigencia temporal.

Paramilitarismo. Deben quedar establecidos, así mismo, claros compromisos sobre la eliminación de todo tipo de vínculos entre agentes del Estado y miembros de las autodefensas.

Localización de fuerzas. Aunque sería muy deseable alcanzar un avenimiento sobre localización y concentración de las fuerzas combatientes, no parece posible hacerlo dentro del plazo que vence el 7 de abril.

Cese al fuego. Si pretenden ser viables, los pactos de cese al fuego no deben acarrear ventajas militares para ninguna de las partes. Lo ideal es que incluyan disposiciones sobre la concentración y localización de las fuerzas, para que éstas no se expandan territorialmente aprovechando la suspensión de los enfrentamientos. Si la concentración de fuerzas no es posible, el cese al fuego debe ser transitorio. Además, en el caso colombiano, debe ir acompañado de la proscripción de conductas atroces contra la población civil, porque para la fuerza pública sería imposible dejar de perseguir, sin faltar a sus deberes constitucionales, a los autores de masacres, secuestros o ataques a los pueblos.

Medidas de alcance social. La exigencia de las Farc sobre la inclusión, en los acuerdos del 7 de abril, de medidas que tengan un impacto favorable en la situación de los colombianos más pobres (como los desempleados), suscita reacciones disímiles. Se estima, por una parte, que no es conveniente que el Gobierno asuma, antes de que las negociaciones de fondo se encuentren en una fase avanzada, compromisos sobre materias de alto impacto económico (por sus efectos sobre la situación fiscal) o político (por los dividendos políticos que pueden generarle a la guerrilla sin que ésta haga fuertes concesiones en contrapartida). Sin embargo, no se debe descartar del todo la posibilidad de adoptar algunas medidas de impacto social que no den al traste con las finanzas públicas ni los equilibrios macro económicos y que, al formar parte de un acuerdo capaz de frenar la degradación del conflicto e introducir celeridad en las negociaciones de fondo, beneficien más al proceso de paz como tal que a una cualquiera de las partes.

Verificación de compromisos. A pesar de las dificultades que implica la verificación de un cese de hostilidades y, en su caso, de un cese al fuego, no acompañados de la previa concentración de las fuerzas, dicha tarea puede ser cumplida por una veeduría internacional amplia, que cuente con un personal numeroso, haga presencia en muchos lugares del territorio nacional y esté en condiciones de recibir quejas, someterlas a un procedimiento sumario de investigación y emitir un veredicto. Pero una veeduría así es muy compleja y muy costosa y la comunidad internacional y, en particular los países europeos, solo estarán dispuestos a financiarla si se avizoran resultados en las negociaciones de fondo y hay pruebas de que el Estado y la sociedad colombianas tienen la voluntad de realizar las reformas económicas y políticas que demanda la consolidación de la paz.



Hernando Corral
Carlos H. Franco
Mario Gómez
Camilo González
Carlos Eduardo Jaramillo
Carlos Vicente de Roux
María Eugenia Querubín
Juan Luis Londoño
Hans Blumenthal
Otty Patiño
Mons. Héctor Fabio Henao
José Fernando Isaza
Alejo Vargas
Daniel García-Peña
Luis Guillermo Giraldo
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