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| 9/26/1988 12:00:00 AM

CHAO CHONA

Donde manda capitán no manda marinero, la máxima que se aplicó con el retiro del Presidente de Ecopetrol.

Los vientos de la tormenta venían soplando de tiempo atrás. Pero sólo la semana pasada se desató el chubasco. Los noticieros de televisión de la noche del martes fueron los primeros en anunciar el cambio en la presidencia de Ecopetrol, por enfrentamiento entre quien ocupaba el cargo, Francisco Chona, y el ministro de Minas, Oscar Mejía. Pero lo más sorprendente no era el cambio, sino el hecho de que el gobierno habia expedido el decreto de nombramiento del nuevo presidente, Andrés Restrepo Londoño, sin que se hubiera conocido la renuncia de Chona. Estaba claro que se trataba de algo más que de un rutinario relevo en la presidencia de la empresa más grande del país. Y si cabia alguna duda sobre esto, las declaraciones insistentes de Chona según las cuales ni había renunciado, ni pensaba renunciar, la despejaban, así como la decisión gubernamental de declararlo insubsistente en su cargo, en una medida sin precedentes para un funcionario de tan alto rango.
La primera interpretación fue como siempre, la que parecia de a puño: teniendo en cuenta que ese martes en la mañana, el gobierno y la multinacional Drummond habían firmado un discutido contrato (ver recuadro) para la explotación del carbón de La Loma, Cesar, muchos pensaron que allí estaba la semilla del conflicto. Pero la verdad era que los primeros nubarrones habian comenzado a oscurecer el panorama de los altos mandos del sector energético desde finales del año pasado.
Todo había comenzado con los estudios alrededor de la instalación de una planta de polipropileno. Mientras el gobierno, a través del entonces ministro de Minas, Guillermo Perry consideraba que el proyecto debía ser desarrollado por la empresa privada según lo establecido por el plan de desarrollo, Chona manifestó públicamente su desacuerdo, aunque finalmente aceptó las orientaciones del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes, y del ministro, de concentrar los recursos de la empresa en otras prioridades. Esta polémica se resolvió, pero las heridas quedaron abiertas entre Ecopetrol y el ministro de Minas.
Y no eran las únicas. Para entonces, Chona había casado ya otra pelea con el presidente de Carbocol de la época, Oscar Mejía, en torno a la subrogación de una deuda por cerca de 700 millones de dólares, que la empresa carbonífera había adquirido con el Eximbank. Chona, quien además de presidente de Ecopetrol, tenía asiento en la junta de Carbocol al igual que otros cuatro directivos de la petrolera, planteó una fórmula en la que Ecopetrol se convertía de hecho en coadministradora del proyecto de El Cerrejón. En esto lo apoyaba incondicionalmente Juan José Turbay quien consideraba que quien ponía la plata debía tener el control. Para Mejía, la fórmula no era conveniente. Primero, porque la coadministración podía derivar en unidad de empresa entre las dos compañías estatales, con un alto costo laboral para Carbocol, teniendo en cuenta el alto nivel de prestaciones que ha logrado la USO, el sindicato de Ecopetrol. Y segundo, porque Mejía consideraba que Carbocol no podía convertirse en una especie de subsidiaria de Ecopetrol, y que lo que necesitaba era una fórmula de capitalización para sacarla adelante. Como no fue posible lograr un acuerdo de empresa a empresa, el ministro Perry decidió que éste era un asunto de Estado y encomendó un estudio sobre el tema a Jorge Eduardo Cock, asesor de la Comisión Nacional de Energía, y a Planeación Nacional, para que le hicieran una recomendación al Conpes. De este modo, la decisión final, que aún no se ha tomado, saldria de las manos de las empresas en conflicto para quedar en manos de las altas autoridades económicas.
Todos estos conflictos fueron paulatinamente llegando a oídos del presidente Virgilio Barco. Chona, tal vez sin proponérselo y defendiendo a ultranza los intereses de la empresa para la que había trabajado durante 26 años, se fue convirtiendo en una piedra en el zapato del gobierno. Pero nada disgustó tanto al Primer Mandatario, como la tercera pelea que Chona decidió casar. El presidente de Ecopetrol nunca estuvo de acuerdo con la decisión oficial de destinar un porcentaje de los excedentes de la empresa, al Plan Nacional de Rehabilitación. Sin embargo, aceptó a regañadientes la medida. O al menos eso creyeron todos en el alto gobierno. La verdad es que la plata que se había calculado sobre los excedentes del año pasado, unos 15 mil millones de pesos, se convirtieron de pronto en escasos 5 mil millones. La explicación era que Ecopetrol había hecho algunos ajustes de última hora a su balance, comprometiendo excedentes en la constitución de reservas para jubilaciones, prestaciones, etc., quitándole así una jugosa tajada al PNR. El tema llegó al Conpes y allí el Presidente, visiblemente disgustado, dijo que el PNR no podia quedar al arbitrio de funcionarios que jugaban con los balances, para quitarle recursos al plan bandera del gobierno.

EL DUELO FINAL
Las heridas habrían de sangrar de nuevo con el nombramiento del presidente de Carbocol, Oscar Mejía, como ministro de Minas. Dos enemigos que hasta entonces habían estado al mismo nivel, quedaban ahora con un escalón de diferencia a favor de Mejía. Las chispas comenzaron a saltar desde las primeras de cambio. Las declaraciones que Mejía hiciera apenas nombrado ministro, en el sentido de que estaba de acuerdo con un eventual diálogo con el ELN sobre los atentados a los oleoductos, fueron rebatidas a las pocas horas por el presidente de Ecopetrol, quien se mostró abiertamente en desacuerdo.
Otra discrepancia entre Chona y Mejía se dio en torno a la necesidad de Ecopetrol de ampliar su capacidad de refinación del crudo. Mientras Chona defendía el establecimiento de un complejo en el Magdalena Medio, Mejía se pronunciaba a favor de dos o tres refinerías de menor tamaño, repartidas en distintos puntos del territorio nacional. Y como para rematar, hace pocos días Chona anunció que el gobierno estudiaba la posibilidad de un alza en los combustibles, declaraciones que Mejía negó y calificó de alarmistas, exageradas e inconvenientes. Todo parecía indicar que Chona estaba funcionando como rueda suelta.
Se podría creer que la suma de todos estos episodios habia encontrado su florero de Llorente la semana pasada. Pero la verdad es que la salida de Chona estaba decidida desde junio, cuando se produjo la crisis de gabinete y Mejía fue nombrado ministro. Mejia le dijo al Presidente desde un principio, que consideraba importante un cambio en la presidencia de Ecopetrol y un relevo en las juntas de Ecopetrol y Carbocol, para compaginar las políticas internas de las dos empresas con las del gobierno. "Era obvio -dijo a SEMANA un alto funcionario oficial- que Mejía lo primero que tenía que hacer al llegar al Ministerio, era remover las talanqueras que había encontrado desde que asumió la presidencia de Carbocol y que ahora podían convertirse en torpedos para las políticas oficiales". Y el Presidente estuvo de acuerdo no sólo en lo referente a la salida de Chona, sino en lo que tenía que ver con los cambios en las juntas de Ecopetrol y Carbocol, incluido el retiro del legendario Juan José Turbay, miembro del Sanedrín y quien a partir 1951, desde una u otra posición había pertenecido siempre a la junta de Ecopetrol.
Desde el mismo momento de la posesión de Mejía, el nuevo ministro comenzó a hacer contactos para buscar el posible remplazo de Chona. La presidencia de Ecopetrol le fue ofrecida al presidente del Banco de Bogotá, Alejandro Figueroa; al dirigente caleño Henry Eder, y al presidente del Banco de Colombia, Guillermo Villaveces. Por uno u otro motivo, ninguno de ellos aceptó. Fue entonces cuando Mejía le ofreció el cargo al presidente de Inversiones Samper, Andrés Restrepo, quien aceptó. El decreto de su nombramiento así como los de los nuevos miembros de las juntas de Carbocol y Ecopetrol, estaban firmados desde hacía varios días. El presidente Barco había puesto una sola condición para que pudieran darse a la luz pública: que el ministro se comunicara con Chona para explicarle la decisión del gobierno y solicitarle su renuncia.
En efecto, el domingo 21 de agosto por la noche, Mejía habló telefónicamente con Chona, quien le dijo que no renunciaba porque eso podía afectar su posición laboral y su jubilación. Mejía le dijo que consultaría el asunto con los asesores jurídicos de la Presidencia y del Ministerio, y el lunes en la noche volvió a comunicarse con el presidente de Ecopetrol. En esta oportunidad le dijo que, según los abogados, la renuncia no afectaba para nada los términos de sus prestaciones y de su liquidación. Chona aceptó entonces. Sobre la base de la palabra de Chona, el gobierno dio a conocer el nombramiento de su remplazo. Este estaba siendo divulgado por la oficina de prensa de la Casa de Nariño, cuando Mejia y Chona hablaron por última vez. En esta ocasión, Chona dejó en claro que definitivamente no pensaba renunciar y que prefería la declaratoria de insubsistencia.
Era el triste final de la historia de un típico self-made-man. Aunque la prensa usó titulares como "Por defender recursos de Ecopetrol "cayó" Chona" y "Chona sale del cargo con la frente en alto", la verdad era que Chona, quien habia hecho una meritoria carrera en Ecopetrol que le habia permitido entrar a la presidencia de la empresa por la puerta grande, salia ahora por la puerta de la cocina. Nadie discutía la buena fe con la que quiso defender una entidad que consideraba suya. Inclusive es sano que en asuntos de tanta importancia, se hagan públicas las discrepancias sobre las políticas, para que la opinión pública esté informada. Pero la forma de hacerse públicas debe ser mediante la renuncia del funcionario que no está de acuerdo con las políticas del alto gobierno, dando a conocer las razones por las cuales se retira del cargo, y no a través de un confuso episodio de desvinculación laboral.


El meollo del asunto es que Ecopetrol que siempre había sido una entidad pobre se volvió rica y todo el mundo queria la plata. El conflicto explotó cuando Chona la quería solamente para Ecopetrol, Perry solamente para el sector energético y Alarcón para donde la necesitara. En una situación de éstas lo importante no es quién tiene la razón, pues todos pueden tenerla, sino quien tiene el poder y el último en esta escala es el presidente de Ecopetrol. Esta es una empresa del Estado. El representante del Estado es el ministro de Minas y el presidente de Ecopetrol es subalterno suyo. Por eso el problema no era tanto que Chona se hubiera empeñado en defender a como diera lugar los intereses de Ecopetrol, sino en haberlos puesto por encima de los intereses del gobierno que, al fin y al cabo, es el dueño de la entidad.
El gobierno, sin embargo, se hubiera podido ahorrar la tormenta si el presidente Barco hubiera intervenido directamente a la hora de pedirle la renuncia a Chona y algunos de los directivos de las juntas de Carbocol y Ecopetrol, en vez de haberle rebotado la pelota al ministro Mejía, quien ya los tenía de enemigos. Al no haberlo hecho personalmente, Barco no sólo dejó abiertas las puertas para que soplaran los vientos huracanados, sino que permitió que se deteriorara innecesariamente la imagen pública de su ministro de Minas, a pocos menos de dos meses de iniciada su gestión.

LA DRUMMOND EN TIERRA VALLENATA
En el agitado mar de especulaciones por el que navegaron las noticias sobre la crisis en la cúpula del sector energético la semana pasada, muchos naufragaron asegurando que una de las causas del retiro del presidente de Ecopetrol, Francisco Chona, había sido su desacuerdo con las condiciones del contrato firmado por el gobierno con la multinacional Drummond para la explotación del carbón de La Loma en el Cesar. Nada más equivocado. Chona, en su calidad de miembro de la junta directiva de Carbocol, había aprobado uno a uno, todos los pasos de la negociación con la Drummond, que condujeron a la fórmula final del contrato.
Pero esto no quiere decir que el proceso que precedió esta firma el martes en la Casa de Nariño, haya recorrido un lecho de rosas. Por el contrario. Para empezar, fue necesario adelantar negociaciones con las compañías Simesa y Greenly, que cuentan con ciertos derechos en el área de explotación. Negociaciones que no llegaron a nada, hasta que se acordó con la Drummond que, a partir de la firma del contrato, ésta tiene ahora seis meses para llegar a un arreglo con las dos compañías. Por otra parte, al contrato le saltaron numerosos enemigos a última hora, que aseguraron que había un retroceso pues del contrato de asociación tipo Cerrejón, se había vuelto a la vieja fórmula de las concesiones mineras.
Sin embargo, esto no es del todo cierto. Lo que sucede es que la fórmula de la asociación hubiera exigido de parte de Carbocol una alta inversión en dólares, imposible en estos momentos para una empresa estatal que atraviesa dificultades con su endeudamiento externo. La fórmula lograda, contemplada en la legislación sobre contratación administrativa, determina que la inversión de 581 millones de dólares en el proyecto, correrá por cuenta de la Drummond, que sacará el carbón y pagará regalias estimadas en unos 350 mil millones de pesos y unos 400 mil millones más en impuestos, durante los 30 años de vigencia del contrato. Según los conocedores del tema, es un buen negocio para Colombia, o por lo menos, el mejor que se podia alcanzar en las actuales circunstancias.
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